El 14 de septiembre de 2011 Isabel Díaz Ayuso, entonces diputada en la Asamblea de Madrid, ya daba por hecho que MC Infortécnica SL, propiedad al 25% de sus padres, estaba acabada. Así lo plasmó en un email remitido a un directivo de la entidad semipública Avalmadrid, en el que se mostraba convencida de que los tres socios de sus progenitores estaban montando "empresas paralelas" para "desviar el negocio" y "dejar morir" la otra firma. Había entrado en contacto con este directivo en julio, interesada en conocer la solvencia económica del grupo por si un posible impago del préstamo de 400.000 euros concedido unos meses antes por la entidad a la compañía participada por sus padres podía acabar afectando al patrimonio familiar.Tan solo nueve días después quedó confirmada la quiebra. El 23 de septiembre, el Grupo MC, que había comenzado 2011 con 40 trabajadores, despidió a la práctica totalidad de la plantilla –solo quedaron los más vinculados a los ejecutivos–. Para finales de año, la empresa tenía que realizar el primer pago del préstamo: 100.000 euros de principal y 3.292 euros de intereses. Pero no devolvió un solo euro. Cinco meses más tarde, el Comité de Morosidad de Avalmadrid acordó embargar los bienes con los que los cuatro matrimonios propietarios de MC Infortécnica justificaron su solvencia cuando solicitaron el aval-crédito.Para entonces, tal y como desveló infoLibre, los socios ya habían comenzado a deshacerse de sus propiedades. El 7 de octubre de 2011, la diputada conservadora aceptó, pese a que la operación podía constituir un delito de alzamiento de bienes, que sus padres le donasen la nuda propiedad de un piso de 90 metros cuadrados en el barrio madrileño de Chamberí, uno de los más caros de la capital. Ese mismo día salió del patrimonio del matrimonio la vivienda de Sotillo de la Adrada (Ávila). El chalé, de 212 metros cuadrados, fue donado a su otro hijo, Tomás. El nombre de este último saltó a la palestra durante la pandemia, cuando se descubrió que cobró una comisión de 234.000 euros al calor de un contrato de compra de mascarillas que la Comunidad de Madrid cerró con Priviet Sportive, empresa de un amigo de la familia Díaz Ayuso.Seis meses después, y en una operación similar, otro inmueble acabó en manos de los hermanos. En este caso, la transmisión de la propiedad se hizo a través de la donación al 50% de las participaciones de Sismédica SL, sociedad que era a su vez dueña de un local de oficinas de 180 metros cuadrados en Madrid. Los Díaz Ayuso perdieron el inmueble cinco años y medio más tarde, cuando el mismo le fue adjudicado judicialmente a Bankinter. El local había sido hipotecado como garantía en un préstamo de 175.000 euros solicitado a la entidad financiera. Un dinero canalizado hacia el grupo MC que Sismédica, que durante años incumplió la obligación de presentar cuentas, no había devuelto.Mucho ha cambiado desde entonces. Aquella parlamentaria que compartía cervezas y tertulias en La Tuerka con quienes conformarían la flor y nata de Podemos se sienta hoy en la Puerta del Sol. Desde hace siete años es presidenta de la Comunidad de Madrid y líder indiscutible del PP regional. Sin embargo, el ladrillo sigue siendo uno de sus puntos débiles, origen de sus grandes quebraderos de cabeza y de crisis completamente inesperadas. Porque los enredos inmobiliarios de la líder del Ejecutivo autonómico han sido continuos durante los últimos años. Tanto como para desatar tormentas políticas en pleno parón veraniego."Estoy harta de pagar alquiler y tengo ilusión por comprarme una casa, pero en Madrid se ha disparado la vivienda", lanzaba Ayuso en una entrevista concedida en junio de 2022. Solo un mes después de aquellas palabras, Alberto González Amador, con quien la presidenta madrileña mantenía una relación, compró –también en el distrito de Chamberí– un piso de 183 metros cuadrados. Por aquel entonces, el empresario, estrechamente vinculado a Quirón –uno de los grandes beneficiados de la privatización sanitaria madrileña–, ya estaba bajo la lupa de la Agencia Tributaria por sus negocios millonarios durante la pandemia. Una inspección que acabó destapando un fraude fiscal de 350.910 euros que ahora está a la espera de juicio.Ayuso se mudó a aquel inmueble con González Amador. La pareja, sin embargo, también disfrutaba del ático de lujo que se encontraba en la planta superior. Aquel inmueble había sido adquirido en julio de 2023, precisamente, por la sociedad Babia Capital, que casualmente administraba Javier Gómez Fidalgo, el fiscalista de León que representó a González Amador ante la Agencia Tributaria. Durante casi un año se ocultó en qué régimen estaban disfrutando ambos de dicho inmueble. Hasta que el empresario desveló en sede judicial que estaba pagando un alquiler de 5.000 euros al mes por aquel ático, que terminó comprando definitivamente a finales del pasado año.Hace solo unas semanas González Amador puso a la venta ambos inmuebles por 3,3 millones de euros. Dicho movimiento se conoció pocas horas después de que el diario El País revelara que el pasado mes de abril la Comunidad de Madrid había comprado por 6,3 millones de euros un ático en Chamberí que se encuentra justo enfrente del piso cuya nuda propiedad le donaron sus padres en 2011. La operación, que se mantuvo oculta, se llevó a cabo a través de la empresa pública Planifica Madrid, cuya cartera inmobiliaria, tal y como desveló Público, no suele incluir áticos –más bien, está conformada por oficinas o naves industriales–.Desde el Ejecutivo regional se aseguró en un primer momento que el inmueble sería utilizado como "oficina" de la presidenta madrileña mientras durase la reforma prevista en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. "Un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales", resumió Ayuso tras conocerse la adquisición. La normativa municipal, sin embargo, prohíbe usar un ático como oficina. Sí es posible, sin embargo, destinarlo a uso residencial, pero Ayuso negó tajantemente que fuera a utilizar el inmueble como vivienda. Al final, pocas horas después de conocerse la compra, el Gobierno regional decidió poner a la venta el ático de lujo por 6,7 millones de euros.El asunto ha acabado en los tribunales. El Juzgado de Instrucción nº8 de Madrid estudia cinco denuncias: cuatro le fueron remitidas por la Fiscalía –tres de particulares y una del PSOE– y la quinta la interpuso directamente el partido Iustitia Europa. Sobre la mesa, delitos de prevaricación, malversación, fraude o administración desleal. Además, hay otra ante el Tribunal de Cuentas. Ayuso ya se enfrentó en el pasado a una querella por la donación del piso de Chamberí. Sin embargo, el Tribunal Supremo, obviando los correos intercambiados con el directivo de Avalmadrid, la inadmitió sosteniendo que no constaba que la presidenta conociera la situación económica y la deuda de la empresa participada por sus padres.A pesar de los esfuerzos por atajarla, la crisis del ático sigue persiguiendo al Gobierno regional, que aún no ha hecho público el expediente de la extraña compra. Y no es el primer verano marcado por la polémica. Hace justo un año, la oposición cargaba con dureza contra la presidenta regional por el uso privado que hizo junto a su familia de un chalé oficial en Rascafría. Ahora, en medio de la tormenta política, Ayuso ha decidido dejar finalmente el piso en el que vivía con González Amador e instalarse de alquiler en una urbanización de Puerta de Hierro, tal y como reveló El País. La mensualidad en esta exclusiva zona oscila entre los 2.500 y los 3.000 euros.