Tres semanas después de que tuviera lugar la invasión de inmigrantes irregulares a Ceuta y tras haber descartado en varias ocasiones la posibilidad de epidemia en la ciudad, el Ministerio de Sanidad convocó a finales de la semana pasada de urgencia a las comunidades autónomas para pedirles que donen vacunas a la ciudad autónoma para inmunizar a los inmigrantes contra varias enfermedades. En una reunión de la Comisión de Salud Pública celebrada este lunes, las autonomías han accedido a enviar parte de sus reservas a la ciudad autónoma aludiendo a la responsabilidad con los ceutíes, pero no ocultan su enfado con Mónica García por la gestión de la crisis. En concreto, se ha acordado el envío de hasta 15.000 dosis de triple vírica, y 10.000 de difteria-tétanos, varicela y polio, informan fuentes del Ministerio de Sanidad, que insisten en que la situación «no es una emergencia de salud pública». La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este lunes a Mónica García de convocar a las autonomías «de manera chantajista» tras varias semanas sin haberse movilizado. En la reunión de la Comisión de Salud Pública, ha incidido la dirigente madrileña, «o accedes a lo que se te va pidiendo o tú no quieres colaborar», pero el Ejecutivo de la región ha aceptado colaborar en el envío de vacunas por responsabilidad con Ceuta. El Gobierno central, ha afirmado Ayuso, es «experto en buscar culpables y nunca soluciones». En la misma línea se han pronunciado otras autonomías gobernadas también por el PP, como Aragón o Cantabria. El consejero de Salud aragonés, Ángel Sanz, ha afirmado que aportará las inyecciones que sean necesarias sin que ello suponga «comprometer las necesidades de los aragoneses». «La solidaridad entre administraciones no puede convertirse en una sustitución de responsabilidades», ha lanzado. César Pascual, consejero cántabro, ha hecho hincapié en que «no puede haber 17 logísticas» para enviar vacunas y que debería encargarse el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad, que es quien tiene las competencias de la gestión del sistema sanitario de Ceuta y Melilla. El pasado junio, la Comisión de Salud Pública aprobó la 'Estrategia de vacunación en personas migrantes y refugiadas llegadas por vía irregular a España', por la que se establece la necesidad de «articular estrategias de financiación, compra conjunta y reservas estratégicas de vacunas consideradas prioritarias específicas para estas poblaciones». Hasta la fecha, sin embargo, el Ministerio de Sanidad no ha desarrollado esta reserva estratégica, es decir, un acopio de vacunas para situaciones como la actual, lo que ha llevado al departamento de Mónica García a reclamar que sean las autonomías las que cedan sus provisiones de inyecciones. En el mismo documento, se señala que la vacunación de los inmigrantes se debe realizar cuanto antes, «idealmente en las primeras 3 semanas de estancia en España», plazo que actualmente ya se incumple en Ceuta, pues los inmigrantes llegaron a la ciudad autónoma a finales de julio. Y se establece que se les administrará la vacuna triple vírica, la de la poliomielitis y la inyección contra el tétanos y la difteria, las que Sanidad ha pedido ahora a las comunidades autónomas. Mónica García insiste en que la competencia de la salud pública de Ceuta la tiene el Gobierno de la ciudad autónoma. Sin embargo, la responsabilidad de dotar al territorio de las vacunas suficientes es del ministerio a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). Así lo señala el Real Decreto 118/2023, de 21 de febrero, por el que se regula la organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. En su artículo 2, en el que menciona cuáles son las competencias del organismo, se refiere a que lo son «la materialización y conclusión de los procedimientos de adquisición centralizada de medicamentos, productos y servicios sanitarios», así como «la administración y gestión de la reserva estratégica nacional de medicamentos, productos sanitarios y cualquier producto necesario para la protección de la salud para dar respuesta a emergencias de salud pública y crisis sanitarias». En cuanto a las de las autoridades ceutíes, según el Real Decreto 32/1999, de 15 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Ceuta, en materia de sanidad, es su competencia «el estudio, vigilancia y análisis epidemiológico de los procesos que incidan, positiva o negativamente, en la salud humana». Mónica García responderá a la gestión de su departamento en la crisis de la ciudad autónoma el próximo jueves en la Comisión de Sanidad del Congreso. La ministra de Sanidad ha negado desde el inicio de la crisis que la llegada masiva de los inmigrantes haya colapsado el sistema sanitario ceutí. Pero los profesionales que trabajan en primera línea —tanto los médicos como las enfermeras— han denunciado la existencia de ese colapso, que les impide llevar a cabo sus funciones en condiciones de normalidad. Desde este lunes, una delegación del ministerio encabezada por el secretario de Estado de Sanidad y presidente del Ingesa, Javier Padilla, se encuentra en Ceuta para evaluar el impacto que la crisis tiene sobre los servicios sanitarios, informan fuentes de Sanidad. La delegación se reunirá con técnicos y representantes del Ingesa.