Sobre la política migratoriaLas políticas migratorias de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) son básicamente competencia nacional. Cada Estado puede decidir qué tipo de inmigración quiere o está dispuesto a recibir, a través de qué mecanismos y procedimientos, qué medidas aplicar para facilitarla o integrarla y qué criterios económicos, humanitarios, de seguridad o de otro tipo prevalecen en el diseño de su política migratoria. Sin embargo, estos mismos Estados soberanos en su política migratoria comparten un espacio de movilidad libre, el espacio Schengen, que permite a sus inmigrantes trasladarse sin dificultad a cualquier otro Estado del grupo. Y esto implica un conflicto potencial entre soberanías nacionales y efectos sobre otros Estados de las decisiones propias.Este conflicto es la causa de que, desde hace ya más de 30 años, las instituciones europeas, con la Comisión a la cabeza, intenten armonizar las respuestas de los Estados a la inmigración que llega de modo irregular. No es posible crear una política común positiva de inmigración europea, porque no existe aún un mercado de trabajo europeo ni las condiciones en cada uno de los países se asemejan en las variables relevantes (sectores productivos, salarios, servicios y bienes ofrecidos por cada Estado de bienestar). Pero es necesario reducir las tensiones entre los Estados, que se generan siempre en relación con la inmigración que llega de modo irregular, para salvaguardar un bien común, el espacio Schengen, el mayor logro, junto con el Euro, de esta Europa unida. A su vez el espacio Schengen sólo se puede mantener si los Estados miembros confían en que los otros harán lo necesario para impedir la inmigración irregular y/o gestionarán la que ya tienen del modo más responsable para evitar un efecto en los demás Estados.Ahí aparecen límites europeos a la soberanía nacional, a veces legales y a veces sólo políticos. Un ejemplo de los segundos fue el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, de 2008, adoptado por unanimidad por el Consejo de la Unión Europea, bajo la presidencia rotatoria de Francia, entonces gobernada por Nicolás Sarkozy, que “prohibía” (sin fuerza legal) las regularizaciones extraordinarias. Esto ocurría tres años después de la anterior gran regularización extraordinaria española, la de 2005, que “normalizó” a unas 500.000 personas. Precisamente porque aquel pacto no tenía fuerza legal (su contenido no era vinculante) y porque era vago en demasiados aspectos, fue inútil para frenar la crisis política intraeuropea causada por la llegada de refugiados en 2015. A partir de ahí, la Comisión comenzó un largo periplo negociador para conseguir, al cabo de 10 años, la aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, este sí de fuerza legal, compuesto de Directivas y Reglamentos interconectados.Mientras tanto el ambiente político en torno a la inmigración en todo el continente se ha ido endureciendo y España se ha quedado como la única excepción de esta oleada restrictiva. En estas circunstancias, la decisión del gobierno español de realizar una regularización extraordinaria a la que se han presentado 1.170.000 solicitudes (frente a las 500.000 que el gobierno parecía prever) ha sido recibida con frialdad y críticas veladas en el resto de Europa, como una nueva prueba de ese carácter excepcional y contra corriente de la política migratoria española. La medida de convertir en regular la estancia de los inmigrantes que residen de modo irregular es vista por muchos europeos –gobiernos, partidos o ciudadanos–, como una concesión a la irregularidad que camina en el sentido contrario al emprendido por la mayoría de los Estados europeos.Por eso, cuando tras una regularización extraordinaria se produce una avalancha migratoria irregular, los “socios” europeos tienden a culpar al Estado que la recibe. Es una historia repetida: en 2006, tras la regularización extraordinaria de 2005, criticada por otros Estados miembros, se produjo un fuerte pico de llegadas a Canarias, que recibió ese verano unos 31.000 inmigrantes en la llamada “crisis de los cayucos”. Entonces España lamentó la falta de reacciones solidarias por parte de los Estados y las instituciones europeas. Se produce así una regularidad: la voluntad de solidaridad se reduce ante la percepción de que el Estado afectado desarrolla políticas alejadas del consenso del resto, políticas que los demás consideran inadecuadas.La gran diferencia en el contexto europeo entre la crisis de los cayucos de 2006 y la de Ceuta de 2026 es la intensidad y prevalencia de la inmigración como tema en la competencia partidista y en la definición de la imagen de los partidos. En 2006 la inmigración era sólo uno de los temas sobre el que giraba el debate público en algunas de las sociedades europeas occidentales –y en muchos países no estaba presente en absoluto– mientras que ahora es el tema central que decide el resultado de las elecciones en muchos Estados miembros. No sólo la derecha europea avanza hacia posiciones más restrictivas presionada por la ultraderecha que le “come” terreno electoral. También la izquierda europea socialdemócrata se ha movido claramente hacia esas posiciones, como ha ocurrido en Alemania, Dinamarca y, en general, en la Europa central y nórdica. Y, en algunos casos, la resistencia a esa tendencia se ha convertido en la seña de identidad de otra izquierda, como la española, que ha hecho bandera en Europa de su excepcional política migratoria, exhibiendo como un gran logro su impacto en el crecimiento del PIB y olvidando su efecto negativo sobre el modelo productivo, la riqueza per cápita, la capacidad adquisitiva de los salarios o la saturación de los servicios públicos y la vivienda.En cualquier caso, ese peso de la inmigración en la vida política nacional de los Estados europeos, muy superior en 2026 que en 2006, explica que entonces, tras la “crisis de los cayucos”, España encontrara solamente una respuesta fría y escasas muestras de solidaridad de sus socios europeos, cuando ahora ha encontrado una reacción de crítica abierta, coordinada y masiva (protagonizada por 22 gobiernos) y la reimposición italiana de controles fronterizos a los viajeros procedentes de España, una medida sin ninguna justificación verosímil.En esta tesitura, cuando la migración se convierte en el principal campo de juego de la competencia partidista, los argumentos dejan de tener peso y las reacciones a lo sucedido en un Estado deben leerse en primer lugar como mensajes a los electorados nacionales. Este contexto político supone una limitación fáctica a la soberanía nacional en el diseño de la política migratoria, una restricción que no debe olvidarse.Sobre la relación migratoria con MarruecosEn contra de lo que a veces se escucha y lee, la dependencia de España respecto a Marruecos en lo que respecta a la gestión de las fronteras no es consecuencia de la previa “externalización” de la gestión migratoria. Al contrario, España depende inevitablemente de la cooperación con Marruecos por una razón tan obvia como la geografía. En Ceuta y Melilla no hay accidentes geográficos que impidan el tránsito desde Marruecos. Es más, con la marea baja cualquiera puede ir andando desde la costa marroquí, en la bahía de Alhucemas, hasta la española y desierta isla de Tierra y, una vez allí, solicitar protección internacional a los servicios españoles. Ya ocurrió en 2012 con unas 80 personas subsaharianas. Sin la vigilancia de las fuerzas de seguridad marroquíes esto podría estar pasando todos los días.España y, en conjunto, todo el territorio Schengen, dependen inevitablemente de la buena voluntad de Marruecos para cooperar en la prevención de la inmigración irregular y en la devolución de la inmigración que llega irregularmente. Pensar que España podría, sin esa cooperación, gestionar adecuadamente su frontera sur, es utopía. Ni España ni la UE tienen los instrumentos legales ni los medios técnicos y humanos que permitirían evitar una inmigración masiva procedente de Marruecos o, a través suyo, del África subsahariana. Del mismo modo, ni España ni la UE tienen la capacidad de absorber eficazmente toda la inmigración africana que podría llegar si no existieran políticas restrictivas. Y las medidas necesarias para encauzarla legalmente son costosas, de alcance limitado (como los acuerdos de migración circular) o de resultados sólo posibles a medio y largo plazo, como la formación en origen. Por eso, y porque sus normas internas dificultan la gestión migratoria europea (y las interpretaciones judiciales la hacen aún más difícil, como la reciente del Tribunal Supremo español), la cooperación con los terceros países en el norte de África es inevitable para Europa.Siendo imprescindible, no tiene sentido replantearse el mantenimiento de esa cooperación. Es cierto que produce una vulnerabilidad para España (y para el conjunto de la UE) como ocurre con toda relación de dependencia. Pero también Marruecos depende de España: energética, económica y políticamente por su relación con la UE. Hay que dar mayor densidad a esa relación de dependencia mutua para reforzar la red que ya existe, hecha de intereses compartidos (inversión, comercio, energía, cooperación judicial y policial contra el terrorismo y el narcotráfico) e implicar más a las instituciones europeas en la relación de todo tipo con Marruecos.Sabemos ya con certeza qué peso ha tenido en esta crisis de Ceuta alguno de los factores identificados, como la sentencia del Tribunal Supremo impidiendo las devoluciones “en caliente” de los que llegan a nado, las redes sociales animando a la entrada en Ceuta, las fuerzas de seguridad marroquíes inhibiéndose… Pero ignoramos la causa de esto último. Estuvo claro en la crisis anterior, de 2021, también en Ceuta, cuando entraron de golpe en la ciudad unos 10.000 inmigrantes, en buena parte menores de edad: una represalia por el acogimiento en un hospital español del líder del Frente Saharaui, Brahim Gali. ¿De qué se trató en la crisis del 30 y 31 de julio? ¿Una reacción del régimen marroquí ante el acercamiento español a Argelia, o ante el proyecto de conceder la nacionalidad española a los que fueron habitantes del Sahara Occidental bajo protectorado español y a sus descendientes, un simple fallo operativo de las fuerzas de seguridad…? Sea cual sea la respuesta, o la suma de ellas, vendrán a confirmar de nuevo esa vulnerabilidad española y europea ante las reacciones del régimen marroquí. Frente a esto sólo cabe fortalecer la relación, hacerla aún más densa, mejorar la comunicación y la “inteligencia”, elevar el coste del conflicto, europeizar… El camino contrario produciría inevitablemente mayores dificultades para la gestión fronteriza española y europea.Autor: Carmen González EnríquezLa entrada Algunos avisos que nos deja la crisis de Ceuta se publicó primero en Real Instituto Elcano.