Los llamó “coro rociero” y los tachó de “violentos”. Isabel Díaz Ayuso no se anduvo con rodeos al referirse a los profesores madrileños que llevan casi diez días en huelga indefinida para reclamar mejoras en la educación pública. La presidenta regional arremetió así contra los docentes que a principios de semana se concentraron durante un acto institucional para reclamarle que se sentara a negociar con ellos. La protesta terminó con cargas policiales y una nueva movilización del profesorado, esta vez vestidos de negro y bajo el tema “Somos docentes, no delincuentes”. La portavoz del Gobierno central, Elma Saiz, lo calificó de “barbaridad” y consideró “absolutamente irresponsable” criminalizar al colectivo de esa manera. Pero la educación no es el único frente abierto en Madrid. Casi un mes lleva la Puerta del Sol convertida en el epicentro de las protestas por el derecho a la vivienda. Lo que comenzó como una movilización contra el desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años a la que echaron de su casa después de siete décadas viviendo en ella y que murió en el hospital días después, ha desembocado en una acampada que mantiene el pulso con las administraciones y se ha erigido en símbolo de la lucha contra la especulación inmobiliaria. El rechazo de PP, Vox y Junts a los dos decretos con los que el Gobierno pretendía paliar la crisis habitacional ha echado más fuego las protestas, que se han extendido a otras ciudades españolas y europeas. Ahora, sindicatos y movimientos sociales calientan motores para la huelga general del próximo 11 de noviembre.Son las calles las que marcan el compás político a poco más de un mes para el 29N, pero la respuesta varía según la institución de la que provenga. Mientras Ayuso exige el desalojo de la acampada y cuestiona las protestas educativas, el Gobierno de Pedro Sánchez intenta acercarse a unas movilizaciones que, en realidad, también denuncian su inacción frente a algunos de los principales problemas sociales. “Al Ejecutivo le interesa que haya movimiento en la calle porque da sentido a su discurso de recortes de PP y Vox”, señala la consultora de imagen política María Francés. “Sánchez ha convocado elecciones en el fragor de esta crisis de la vivienda porque sabe que son temas que mueven a su electorado”, coincide Ana Salazar, catedrática de Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya.Resulta significativo el contraste con la anterior legislatura. Entonces fue el PP quien convirtió las manifestaciones en un mecanismo de oposición. Núñez Feijóo llegó a convocar cinco grandes protestas contra la amnistía en tan solo ocho meses —entre septiembre de 2023 y mayo de 2024— y otras dos contra la corrupción en 2025, bajo lemas como Mafia o democracia. Antes, Pablo Casado protagonizó la famosa foto de Colón con Ciudadanos y Vox para protestar por la “traición” de Sánchez al pactar con los independentistas, mientras que las caceroladas contra la gestión de la pandemia o las concentraciones en Ferraz, aunque no estaban organizadas por Génova, contaron con el respaldo de dirigentes populares.Ahora son los movimientos sociales y estudiantiles los que han situado estos problemas en el centro de la precampaña electoral. Y esto supone un doble desafío para las izquierdas: cómo conectar con unas reivindicaciones que ponen en entredicho sus propias políticas y cómo evitar que la ultraderecha fagocite ese malestar. De hecho, Vox hecho suyo el discurso de la crisis de vivienda, vinculando parte del problema con la inmigración y defendiendo la “prioridad nacional” para acceder a determinados recursos públicos. “La ultraderecha es experta en hacer suyo ese descontento porque reduce los problemas a un solo enemigo y busca soluciones sencillas a problemas complejos. Pero el caso de la vivienda es diferente, porque lo primero que han hecho las derechas ha sido criminalizar la protesta, en contraposición al PSOE, que ha sido hábil aprobando medidas para intentar ponerle solución”, señala la doctora en Ciencia Política, Ana López Ortega. El choque entre Administraciones ha tenido su principal campo de batalla en la Puerta del Sol. Desde el comienzo de la protesta, Ayuso ha exigido su desalojo acusando a la Delegación del Gobierno de permitir la ocupación “ilegal” del espacio público. Su Ejecutivo llevó el conflicto ante la justicia, aunque el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid rechazó ordenar el desalojo inmediato. Martínez-Almeida, alcalde de la capital, también se sumó a la ofensiva denunciando la presencia de “adoquines” y “cuchillos de grandes dimensiones” para poner en duda su carácter pacífico. Sin embargo, en las fotografías de un informe del Ayuntamiento, uno de los supuestos objetos peligrosos aparecía junto a unas rebanadas de pan y un bote de hummus. La polémica llegó incluso al Metro, después de que la Comunidad cerrara la estación de Sol por supuestos problemas de salubridad, mientras Cercanías —que depende del Ministerio de Transportes— mantenía su actividad. La presidenta madrileña ha acusado, además, a la izquierda de haber convertido Sol en un espacio lleno de “miseria” y “basura”. La pregunta parece evidente: ¿por qué el PP no ha intentado capitalizar las protestas si en buena parte están dirigidas al Gobierno central? “El eje de la campaña es el antisanchismo, por lo que ni Ayuso ni el PP pueden permitirse dar oxígeno al presidente. Respaldar unas protestas a las que el Gobierno ha tratado de dar respuesta mediante decretos leyes publicados en el BOE supondría favorecer políticamente a Sánchez”, señala López Ortega. Preguntadas por este aspecto, fuentes de la dirección popular aseguran no sentir inquietud porque están convencidas de que la ciudadanía percibe estos movimientos como una estrategia electoral de la izquierda. “Las encuestas parecen apuntar a una tendencia clara. Pero si alguna opción tienen las formaciones progresistas es ahora y hablando de estos temas”, concluye Cardenal. Moncloa tampoco escapa a las contradicciones que plantean las protestas. Sánchez ha encontrado en las movilizaciones un argumento para defender la necesidad de una mayoría amplia en el Congreso que pueda desbloquear las reformas sociales. De hecho, desde Vivienda insisten en que cuando los alquileres se comen los salarios de los trabajadores, no solo es legítimo que se movilicen sino que es su derecho constitucional. Pero de ahí a contar con el respaldo de los protagonistas hay un trecho. Las organizaciones por la vivienda reclaman medidas más ambiciosas y también señalan al Gobierno por no haber resuelto un problema ya estructural tras dos legislaturas.Las formaciones situadas a la izquierda del PSOE se juegan mucho en este debate. El adelanto electoral las pillaba metidas de lleno en negociaciones sobre unidad, liderazgos y listas. El Frente Amplio y Podemos concurrirán separados en casi todo el territorio, pese a que comparten buena parte de su programa en vivienda y servicios públicos. “La izquierda alternativa no necesita diferenciarse del todo del PSOE. Pero tampoco puede convertir cada discrepancia en una crisis. Tiene que marcar prioridades propias, poner condiciones cuando sean necesarias y demostrar que su presencia institucional es útil”, concluye López Ortega.