"Cómo no voy a ser feminista, si me he criado en mi casa con muchas más mujeres que hombres". Para el principal líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el compromiso feminista no es producto de un proceso de formación y escucha, ni se demuestra con el desarrollo de políticas encaminadas a mejorar la vida de la mitad de la población. Basta con haber convivido con mujeres. La simpleza argumental exhibida por el conservador en materia de igualdad es reflejo de la ambición de sus propuestas políticas, tendentes a la regresión y al recorte de derechos hasta ahora consolidados.En una entrevista con la Cadena Ser emitida este viernes, el presidente del Partido Popular reconoció que existe brecha salarial y aseguró aspirar a una sociedad igualitaria que brinde a las mujeres los mismos derechos que a sus compañeros. Y para hacerlo posible, su principal propuesta pasa por eliminar el Ministerio de Igualdad. "Lo voy a meter dentro de otros ministerios", aseguró ante los micrófonos. No expuso las supuestas ventajas de diluir el ministerio específico en otras carteras, ni dedicó tiempo a detallar la funcionalidad de un departamento mermado estructuralmente. Sí decidió, en cambio, ridiculizar a la actual ministra, Ana Redondo: "La ministra de Igualdad no puede trabajar de 8:00 a 15:00 e irse en el AVE a Valladolid a pasar la tarde". Las políticas reaccionarias abanderadas por la derecha y la extrema derecha no se ciñen a la derogación de leyes y el impulso de medidas regresivas, sino que se proyectan también en ámbitos como la estructura política e institucional de los gobiernos. En los últimos años ha venido sucediendo de forma continuada y uniforme en distintos territorios, especialmente como consecuencia de la entrada de la ultraderecha. En 2023, el Gobierno de PP y Vox en Extremadura suprimió su Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo. En comunidades como Illes Balears, las consejerías específicas de igualdad también desaparecieron por decisión de gobiernos conservadores en los que la ultraderecha no había entrado pero sobre los que sí tenía un peso decisivo. Y en otras como La Rioja, la decisión de extinguir la consejería específica fue exclusiva del PP.Feijóo habla sin tapujos de eliminar el Ministerio de Igualdad un día después de que se confirmara un asesinato machista en Madrid. Son 43 en lo que va de año, 1.384 desde que existe recuento. Y lo hace también el mismo día en que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) confirma que las denuncias y el número de mujeres víctimas de violencia de género han crecido un 9,81% y un 7,64% respectivamente en el segundo trimestre del año. Sobre estos asuntos, no dedicó ni una palabra."Una chica de 16 años debería tener el conocimiento de sus padres" si decide ejercer su derecho a la libre interrupción del embarazo. "Es un debate que procede volver a darlo", expresó el líder conservador, quien comparó el derecho a abortar con hacerse un tatuaje. Feijóo, no obstante, evitó referirse a la libre interrupción del embarazo como un derecho básico de la red pública: "En la pública y en la privada, como ha sido siempre. Yo no puedo obligar a un médico a hacer una interrupción voluntaria del embarazo". PP y Vox encuentran, en materia de aborto, diversos puntos de consenso. Es el caso de limitar el derecho a la libre interrupción del embarazo excluyendo a las menores de 16 y 17 años que no cuenten con permiso parental, un terreno en el que son precisamente los populares quienes demuestran tener sobrada experiencia. Fue en el año 2013 cuando el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, propuso un recorte sin precedentes a la ley aprobada durante la anterior legislatura. Aunque el movimiento feminista consiguió poner coto a sus pretensiones, casi dos años después sí entró en vigor una restricción parcial que afectaba a las menores.La derecha abraza los postulados ultra también en lo que respecta al registro de objetores, un asunto en el que Isabel Díaz Ayuso lleva la delantera. La idea de que no se puede obligar a un médico a practicar un aborto ha sido ampliamente manoseada por la líder regional: "No voy a obligar a un médico de la Comunidad de Madrid a actuar contra su conciencia y su libertad", sostuvo a finales del año pasado. Ayuso no solo ha rechazado crear el registro de objetores al que le obliga la ley, sino que además lo ha presentado como un instrumento de señalamiento masivo. Y el propio Feijóo fijó posición en octubre del año pasado: propuso sustituir el registro de objetores por uno de médicos dispuestos a practicar abortos. Vox, entretanto, aplaudía. El partido de Santiago Abascal ha equiparado en reiteradas ocasiones este tipo de registros con una suerte de "listas negras" pensadas para discriminar a los profesionales. "La muerte digna es un concepto con el que yo estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo en que antes de llegar tenemos que garantizar una vida digna". Con esta frase introdujo el líder conservador su posición alrededor de la eutanasia. "Esta ley de eutanasia desde luego la vamos a reformar", se comprometió, sin ofrecer más detalles sobre el rumbo que plantea su equipo. En marzo de 2021, España se convirtió en el sexto país del mundo en regular la muerte digna. El día en que la norma fue aprobada en el Congreso, diputados del PP y Vox trataron de aplacar los aplausos de la mayoría de la cámara mostrando ordenadores, tablets y móviles en los que se podía leer una frase: "La derogaremos". Toda una declaración de intenciones por parte de dos partidos que desde el inicio han expresado su rechazo explícito a la ley. Los ultras llegaron a calificar la norma de "criminal" y la recurrieron ante el Tribunal Constitucional, órgano que la avaló hace ya tres años. Los conservadores, en cambio, aseguraron que no responde a una "demanda social" sino al "proceso transformador" del PSOE en una "izquierda radical". Feijóo aseguró este viernes haber mantenido conversaciones con profesionales que denuncian tener un papel secundario en el proceso, sugiriendo una oposición a la ley por parte de los especialistas. Sin embargo, los facultativos no solo tienen un papel central, sino que el apoyo a la ley es generalizado. Durante la elaboración de la norma, los colegios profesionales de Bizkaia, Gran Canaria y Madrid —que engloban a aproximadamente el 24% de la profesión— realizaron cuatro encuestas para conocer qué opinión tenían los médicos sobre la regulación de la muerte digna. El apoyo fue mayoritario, tal y como ocurre también con la sociedad en general. El CIS determinó en enero de 2021 que el 72,3% de los españoles estaba a favor de la eutanasia, un porcentaje prácticamente idéntico al que llegaron en junio de 2026 la Cátedra Younger Bioética Empírica (CYBE) y la Universidad de Granada en su encuesta Percepción pública de la atención al final de la vida en España."Quien más se ha llevado dinero de los trabajadores ha sido el Gobierno", afirmó tajante el líder conservador sobre el salario mínimo. "El Gobierno obliga a las empresas a subir el salario y las cotizaciones. Cuando ese trabajador recibe más salario, supera muchas veces la tarifa del IRPF que venía pagando antes y cotiza más", prosiguió, para ser interrumpido enseguida por Aimar Bretos, conductor de Hoy por hoy. "El salario mínimo está exento del IRPF", introdujo el presentador.Feijóo se mantuvo en su posición, rechazando la corrección: "No, no. Lo estaba antes". Añadió, a renglón seguido, que en torno al "30% de la recaudación" por el salario mínimo "se la lleva el Gobierno". Más adelante, el entrevistador confirmó que la premisa del jefe de la oposición era errónea y que el salario mínimo está exento de tributar el IRPF. Lo cierto es que los salarios mínimos, técnica y formalmente, no están exentos como tal de dicha tributación, pero en la práctica recae sobre ellos una deducción en la declaración de la renta que les libra de tributar. Sucede así "después de una gran discusión en el Congreso", terminó reconociendo Feijóo. "Pero ¿durante cuánto tiempo?", zanjó. Tras la entrevista, el mandatario del PP matizó en redes sociales su posición: "A diferencia de lo que sucede con un Gobierno del PSOE, todo incremento de SMI quedará exento de IRPF SIEMPRE. Por ley y automáticamente".Feijóo también se comprometió a elevar el salario mínimo siempre que exista un pacto con los agentes sociales y criticó que el Gobierno de Pedro Sánchez haya hecho "lo que considera oportuno sin contar con los agentes económicos". El Ejecutivo ha aprobado ocho subidas del salario mínimo desde 2018, un incremento acumulado del 66%. En todas esas ocasiones, salvo una, la patronal votó en contra.Las pensiones se han convertido en un asunto crucial en precampaña y estuvieron igualmente presentes durante la entrevista. "Voy a reactivar el Pacto de Toledo donde sentaré a los sindicatos, a la patronal, a los partidos políticos y al Gobierno", planteó Feijóo. Lo cierto es que el Pacto de Toledo ya acordó en 2020 las recomendaciones que sirvieron de base para la reforma de las pensiones, incluida su revalorización conforme al IPC. A esto último se ha comprometido también el líder de la oposición, pese a que en 2021 su partido votó en contra de sacar adelante la ley que así lo garantiza. "Las pensiones se van a actualizar conforme al IPC y vamos a buscar un sistema de viabilidad", insistió el candidato del PP, pero sin aportar más detalles sobre su propuesta. Cómo se deben financiar las prestaciones de casi diez millones de personas es una cuestión en la que los conservadores llevan días enredados. Vox aboga abiertamente por un sistema de pensiones privatizado, un modelo muy criticado porque supone la privatización de un mecanismo público y del que los populares no terminan de desmarcarse. Feijóo elogió además el papel del expresidente José María Aznar en materia de pensiones: "Aznar dejó una hucha de las pensiones como ningún otro presidente". Los datos oficiales de la Seguridad Social desmienten sus palabras. Al término del mandato de Aznar, el Fondo de Reserva acumulaba algo más de 15.000 millones de euros, mientras que a finales de 2011, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, alcanzó los 66.815 millones.Tampoco abundó en grandes propuestas en materia de vivienda. Feijóo sí prometió una ley contra la ocupación, a pesar de que las ocupaciones llevan años cayendo en las estadísticas: las condenas por usurpación se han reducido a la mitad desde 2017 y los hechos conocidos por las fuerzas de seguridad bajaron un 9,4% en 2025. Además del mantra de la ocupación, el candidato puso sobre la mesa otra de sus recetas estrella: la bajada impositiva. Como fórmula para facilitar la emancipación de los jóvenes, el líder de la oposición planteó que los menores de 40 años no paguen impuestos para la compra de una casa. Así lo trazó al tiempo que tachó la política del Gobierno en materia de vivienda de "ideologizada y sectaria". "Quiero construir un millón de viviendas y con eso crearé 500.000 empleos", prometió. No es la primera vez que su partido aboga por la construcción para atajar el problema de la vivienda, en oposición a la regulación del mercado y a topar los precios. La cuestión clave, en esta materia, tiene que ver con cómo garantizar que las casas que se construyen lleguen a los ciudadanos a precios razonables y no terminen en manos de inversores que sigan haciendo negocio con ellas. Para la derecha, construir mucho hará que la oferta aumente y el precio se corrija solo, una tesis que ha sido puesta en duda por la propia Comisión Europea.