Hace apenas tres días, Alberto Núñez Feijóo ridiculizaba el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el Frente Amplio para concurrir juntos al Senado. El presidente del Partido Popular lo calificaba de “coalición de desesperados” y presentaba la alianza como una demostración de la debilidad política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este martes, sin embargo, el propio Feijóo ha confirmado que su formación mantiene conversaciones con la extrema derecha para explorar fórmulas de entendimiento en esa misma Cámara. “Si Vox está a la altura, el PP también va a estar a la altura”, manifestó.El argumento del líder de la oposición es que no se puede dejar el Senado en manos de sus adversarios. En una entrevista en la Cadena COPE, Feijóo señaló que sería un error facilitar que el “sanchismo” tenga el control de la Cámara Alta y reconoció que el PP busca una fórmula para evitarlo, sin entrar en detalles concretos. El Senado participa en la elección de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y de diez vocales del Consejo General del Poder Judicial, nombramientos sometidos a exigentes mayorías cualificadas.El portavoz nacional y vicesecretario de Cultura y Deporte, Borja Sémper, también calificó la decisión de negociar con la extrema derecha como “histórica” y justificó esa alianza por la importancia del momento, ya que a su juicio las elecciones del 29 de noviembre son “las más importantes tras la Transición”. “Hay que hacer cosas para garantizar el cambio en España”, argumentó en un acto este martes celebrado en A Coruña. Unas declaraciones que llegan después de que el propio Abascal exigiera “sacrificios”. “Nosotros mantenemos la voluntad de algún entendimiento que proteja al Senado de los acuerdos que Sánchez ha alcanzado con la extrema izquierda", dijo el ultra en una comparecencia sin preguntas.La importancia de esta Cámara será decisiva la próxima legislatura, por más que en el pasado se dudase de su utilidad. Con la aparición de la llamada ‘nueva política’, se defendió darle un uso distinto e incluso acabar con ella. Así lo propugnaba Ciudadanos, que proponía eliminarla si no se transformaba en una institución verdaderamente territorial. Podemos, aunque no llegaba a ese extremo, sí exigía reformar el Senado de arriba abajo. E incluso el PSOE llegó a contemplar cambiar sus funciones. Once años después, los grandes partidos libran una batalla electoral para asegurarse su mayoría. Si las derechas suman mayoría absoluta tras el 29N, PP y Vox podrían copar los tres poderes del Estado. Ocuparían el Gobierno, tendrían mayoría absoluta en el Congreso y el Senado y no necesitarían pactar para imponer una mayoría conservadora en el Tribunal Supremo y en el Constitucional. Desde 1978, nunca se habían alineado los astros para otorgar semejante poder a la derecha y a la ultraderecha. Tanto Abascal como Feijóo son conscientes de ello y esperan ansiosos a que Sánchez caiga.La negociación entre Feijóo y Abascal se produce después de que expirara el plazo para registrar coaliciones electorales el pasado viernes —de ahí la discreción del PSOE y Frente Amplio— , lo que les ha obligado a estudiar alternativas para concentrar el voto sin concurrir bajo un mismo paraguas. A diferencia del Congreso, donde el reparto de escaños responde a un sistema proporcional, las elecciones al Senado utilizan fundamentalmente un mecanismo de voto limitado a candidatos individuales. En la mayoría de las provincias peninsulares se eligen cuatro senadores y cada votante puede marcar un máximo de tres nombres.La primera opción consiste en que Vox renuncie a presentar candidatos en determinadas provincias y facilite así que sus electores apoyen a los del PP. La segunda pasa por incorporar candidatos vinculados a Vox en listas del PP, una fórmula cuya concreción tendría que ajustarse a las reglas electorales. Y la tercera, la preferida por Génova, contempla compensar a la formación de Abascal con senadores de designación autonómica. En la citada entrevista, Feijóo mencionó que Vox ya dispone de cinco senadores elegidos gracias a acuerdos con el PP en parlamentos autonómicos.La principal incógnita es qué estaría dispuesto a sacrificar cada partido. Para Vox, retirar candidaturas supone renunciar a una presencia propia en determinadas circunscripciones y confiar en que sus votantes sigan una orientación favorable al PP. Para los de Feijóo, reservar puestos institucionales a su competidor implica compartir una parte de su representación y asumir un coste político ante quienes cuestionan sus alianzas con la ultraderecha. Se trata, además, de una negociación con consecuencias territoriales. Una eventual compensación mediante designaciones autonómicas dependería de los acuerdos y de las mayorías existentes en los respectivos parlamentos tras las elecciones de mayo del 2027.Según un análisis de Sociométrica y el barómetro de Matemática Política a partir de la proyección realizada por Opina 360, PP y Vox deberían llegar a un acuerdo en las circunscripciones de Valencia, Sevilla, Castellón, Asturias, Pontevedra, Huelva, Jaén, Granada, Zaragoza, Vizcaya, Álava, Navarra, Lleida, Girona, Barcelona y Tarragona, además de las tres circunscripciones insulares. En 2023, Vox se presentó en todas las provincias y no obtuvo ningún senador pese a que sus candidatos lograron 2,7 millones de votos.La Cámara Alta es estratégica en este momento. Su presidente, Pedro Rollán (PP), ya ha iniciado el trámite para la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar con la petición a los Parlamentos autonómicos para que propongan a sus candidatos, aunque la ha suspendido a petición de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía debido a la cercanía de sus últimos procesos electorales. Los conservadores ya anunciaron antes de la convocatoria del 29N que no tenían intención de sentarse a negociar con el PSOE los nombres que sustituirán a los magistrados progresistas Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer y los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías.Tradicionalmente, en las renovaciones parciales de las dos Cámaras legislativas los dos partidos mayoritarios se han repartido las propuestas (dos conservadores y dos progresistas), lo que, sobre el papel, mantenía el juego de mayorías y minorías previo. Solo en las renovaciones correspondientes al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (dos magistrados cada uno), el peso de conservadores y progresistas se alteraba (tres y uno) a favor de la sensibilidad del partido del Ejecutivo. El propio Feijóo lo dejó claro en la entrevista de este martes: “Tenemos el compromiso de optar no solo a la mayoría absoluta que ya tiene el PP en solitario, sino de poder conseguir los tres quintos”, planteó.Con 145 senadores, el PP controla la Cámara territorial gracias a su mayoría absoluta. Sumando su representación a la de su tradicional socio en Navarra, UPN (1), y a Vox (3), las derechas alcanzan los 149 escaños, lo que significa que se encuentran a solo 11 de lograr los 160 votos necesarios para sacar adelante los nombramientos. En caso de alcanzarlos tras una hipotética victoria electoral, ambos partidos podrían dar entrada –por primera vez en democracia– a cuatro magistrados conservadores de una tacada en el Constitucional, invirtiendo la mayoría progresista para imponer una conservadora.La jugada les devolvería el control del tribunal que perdieron en enero de 2023 tras la presidencia del conservador Pedro González-Trevijano y su sustitución por Conde-Pumpido. Sería la primera vez, desde la fundación del órgano de garantías en 1980, que el PSOE podría quedar sin capacidad de propuesta. En caso de que las derechas no alcancen los tres quintos del Senado, los socialistas permanecerían en el reparto proponiendo uno o dos de los cuatro magistrados. En ninguna de esas dos hipótesis se produciría el cambio de mayorías que ansían PP y Vox. Así que a esas dos formaciones solo les vale alcanzar esa mayoría tan cualificada para lograrlo. En el Poder Judicial, el Tribunal Supremo se ha mantenido como uno de los ejes de oposición más importante al Gobierno y al PSOE con procesos y decisiones muy cuestionados. Un CGPJ prorrogado más de cinco años, hasta su renovación en junio de 2024, ha permitido al PP mantener la mayoría conservadora en la máxima instancia de la judicatura española. La Sala de lo Penal del Alto Tribunal condenó e inhabilitó en noviembre del pasado año al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el único cargo judicial nombrado directamente por el Gobierno, en un proceso con una palmaria escasez probatoria.