Miércoles, 28 de marzo de 2007. La entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, preside la inauguración oficial de un campo de prácticas de golf con un centenar de puestos de tiro y nueve hoyos en una de las zonas más exclusivas de la capital. La baronesa celebra la puesta en marcha de una instalación "única en su género". Pero lo hace de forma discreta, junto a su entonces número dos en el Ejecutivo regional: el vicepresidente Ignacio González. El baño de masas resulta imposible en un barrio que se opone frontalmente al capricho deportivo de la lideresa. Al fin y al cabo, el campo les ha privado de un ansiado parque público para uso y disfrute de los vecinos.Aguirre y González revivirán juntos aquellos gloriosos años casi dos décadas después. Pero en este caso lo harán en la sede que la Audiencia Nacional tiene en la localidad madrileña de San Fernando de Henares. Y en una de las piezas separadas del llamado caso Lezo. La primera acudirá este jueves como testigo. El segundo, quien fuera su delfín en la Comunidad de Madrid y su hombre fuerte en el PP regional, estará sentado en el banquillo. El exvicepresidente regional está acusado de amañar la adjudicación de este proyecto para beneficiar a "familiares". En total, la empresa vinculada a su hermano o su cuñado se habría embolsado medio millón por su "injustificada e innecesaria intermediación".La baronesa siempre quiso un campo de golf en el centro de la capital. Lo había visto en Tokio y en algunas películas. Por eso, ya en su primera etapa como concejala del Ayuntamiento de Madrid, a finales de los ochenta y principios de los noventa, se interesó por la posibilidad de poner en marcha unas instalaciones así sobre uno de los depósitos del Canal de Isabel II. Entonces, el Ejecutivo autonómico, del que depende el ente público, estaba en manos del socialista Joaquín Leguina. Le dijeron que no se podía, que sería "muy costoso" reforzar "el forjado" para levantar allí "cualquier instalación" . Y ahí quedó ese sueño, guardado en un cajón durante más de una década.Todo esto lo contó ella misma en una comisión de investigación sobre corrupción política en la Asamblea de Madrid. Una comparecencia en la que se esforzó, y mucho, en dos cuestiones. Primero, en que no se llamara campo, sino "cancha de prácticas", a las instalaciones: "Un campo requiere de 60 hectáreas de terreno y un riego". Y segundo, en responsabilizarse de la ocurrencia: "Mátenme, pero la idea fue mía". Con la baronesa ya en la Puerta del Sol tras el tamayazo, el Ejecutivo regional rescató el sueño de Aguirre y empujó para convertirlo en realidad, aunque eso supusiera sacrificar el plan inicial de levantar un gran pulmón verde en una de las zonas con menos jardines de la capital.El proyecto original había echado a andar a comienzos de 2003, con Alberto Ruiz-Gallardón como presidente autonómico y José María Álvarez del Manzano como alcalde de la capital. Para poner en marcha esa suerte de "nuevo Retiro" con estanques, campo de fútbol y hasta helipuerto, se convocó un concurso público con un presupuesto inicial de 58,5 millones de euros en el que se impuso ACS Proyectos, Obras y Construcciones, que luego pasaría a llamarse Dragados. Pero en 2006, con Ruiz-Gallardón en el Palacio de Cibeles y Aguirre en la Puerta del Sol, todo cambió. El Ejecutivo madrileño decidió que en el Tercer Depósito no habría un parque, sino que se levantaría un campo de golf.A pesar de la magnitud de las modificaciones, el Canal de Isabel II, entonces presidido por Ignacio González –también vicepresidente autonómico–, no convocó un nuevo concurso público. En lugar de eso, se tramitó como "Proyecto Modificado" –variación formal del contrato original–, lo que permitió que la adjudicación continuara en manos de Dragados. Eso sí, según recoge el auto de apertura de juicio oral, con una condición: que la compañía subcontratara a Tecnoconcret. Esta última sociedad, a la que estaban vinculados el hermano y el cuñado de González, no tenía capacidad para llevar a cabo los trabajos encargados, por lo que subcontrató a su vez a otras empresas.Tecnoconcret no solo hizo negocio con la construcción, sino que también sacó tajada con la gestión y explotación de las instalaciones deportivas. Entre ambos contratos, la sociedad obtuvo un beneficio de 504.780 euros. El entonces vicepresidente autonómico ocultó en todo momento al Consejo de Administración del Canal de Isabel II la "vinculación familiar" con dicha sociedad. "¿Se les informó si esta sociedad estaba ligada al hermano o al cuñado de González?", preguntaba esta semana en el juicio la fiscal Anticorrupción a una de las testigos. "Nunca", respondía una exconsejera del Canal de Isabel II. "¿Es esa información relevante para emitir un voto?", insistía la primera. "Por supuesto", zanjaba la segunda.El campo de golf provocó un tenso enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, entre Ruiz-Gallardón y Aguirre. A finales de 2006, el consistorio madrileño ordenó suspender inmediatamente las obras y denegó la licencia urbanística. Un obstáculo que se sorteó con una fórmula excepcional. El 16 de enero de 2007 la Secretaría General Técnica del Canal de Isabel II envió una comunicación al secretario general técnico de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Ejecutivo madrileño en la que se pedía declarar de "excepcional interés general" la ejecución del proyecto, lo que permitía superar el problema de la licencia. Cuarenta y ocho horas después, el Consejo de Gobierno liderado por Esperanza Aguirre activó esa fórmula.Los vecinos llevaron esa decisión ante la justicia, que les dio la razón. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictaminó que la declaración de interés general no tenía cabida para un campo de golf, algo que avaló posteriormente el Tribunal Supremo. Pero el Ejecutivo regional no dio su brazo a torcer y aprobó otro plan especial para la zona que, de nuevo, fue recurrido. Y los vecinos volvieron a ganar. En 2017 el TSJM declaró "nulo de pleno derecho" aquel último movimiento. Por aquel entonces, el Gobierno madrileño se encontraba ya en manos de Cristina Cifuentes, quien decidió parar la guerra no recurriendo el fallo. Los vecinos, finalmente, ganaron. Y el parque que tanto ansiaban terminó convirtiéndose en una realidad en 2023.La baronesa estuvo en su día en el punto de mira del Ministerio Público. Antes de dejar la Fiscalía Anticorrupción, el primer fiscal encargado del caso, Carlos Yáñez, dejó sobre la mesa de su jefe un escrito en el que pedía investigar a Aguirre por el campo de golf. En concreto, creía que del acuerdo del Consejo de Gobierno que declaró de "excepcional interés general" el proyecto podía derivarse un delito de prevaricación urbanística y otro de malversación de caudales públicos. "Aguirre y el resto de consejeros (...) quebrantaron la ley para lograr que la realidad material que ellos mismos habían generado ilícitamente, la ejecución de obras públicas sin licencia municipal de obras, tuviese una aparente cobertura legal", recogía el borrador.Cuando el diario Ara desveló aquel escrito, el PSOE solicitó la imputación de la exdirigente conservadora. Anticorrupción se negó, señalando que el citado informe ni constaba "incorporado" a ninguna pieza de Lezo ni estaba "oficialmente registrado" en ningún órgano judicial ni fiscal. Y el instructor, el magistrado Manuel García-Castellón, rechazó la petición de los socialistas al no apreciar "relevancia penal" en aquella "decisión administrativa" por la que se declaró "de interés general" el campo de golf del Canal.