El PP ha impugnado ante el Consell de Garanties Estatutàries la nueva ley de memoria democrática que debía aprobarse el miércoles con el apoyo de todos los partidos impulsores -PSC, Junts, ERC, los Comuns y la CUP- y que, a la espera de la respuesta del órgano consultivo, deberá esperar un máximo de un mes. El dictamen no es vinculante, pero obliga a paralizar la tramitación, algo con lo que los grupos parlamentarios ya contaban.Seguir leyendo....