A las puertas de lo que debió haber sido un año escolar con aulas abiertas, la realidad en Propatria, una parroquia del oeste de Caracas, presenta un panorama desolador. Al menos seis instituciones educativas han sido marcadas con etiqueta roja, un veredicto técnico que prohíbe el ingreso de alumnos debido a los daños estructurales, dejando a los estudiantes sin acceso a la educación.Según fuentes de la comunidad educativa, las pocas escuelas que permanecen en pie han sido destinadas a albergar a los damnificados del terremoto. “Están buscando soluciones para reubicarnos mientras el Estado repara las escuelas”, declaró Roxy Portillo, representante de la Unidad Educativa Nacional Mariano Picón Salas.Entre los planteles afectados se encuentran la Unidad Educativa Nacional Andrés Eloy Blanco, la Escuela Básica Sergio Medina y la Unidad Educativa Nacional Bolivariana “Almirante Brión”. La Escuela Técnica Industrial “Rafael Vegas” y el Colegio José Gervasio Artigas han dejado de ser centros educativos para convertirse en campamentos temporales para los perjudicados por el sismo.“Por los momentos, nos están mandando las actividades para la casa semanalmente”, expresó Portillo, quien aseguró que no se están recibiendo clases en línea, lo que considera que no garantiza un aprendizaje adecuado. Los padres de los estudiantes han manifestado su desacuerdo con esta modalidad de contingencia.El 17 de septiembre de 2026, la comunidad educativa del Picón Salas hizo un llamado al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, a través de un video en TikTok, exigiendo su intervención urgente para rescatar la infraestructura de los institutos afectados. Sin embargo, ante la falta de respuesta, el 6 de octubre, la frustración estalló en las calles con protestas frente a la institución Gustavo Ledo, donde los representantes exigieron soluciones inmediatas.Una representante de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana “Almirante Brión” indicó que tras la primera inspección, el instituto recibió una etiqueta roja, y aunque se prometió un cambio de etiqueta en la segunda inspección, aún no han obtenido respuestas. “Los profesores están mandando las tareas vía WhatsApp y después los estudiantes hacen entrega”, agregó.A pesar de los esfuerzos por obtener información sobre la situación de otros planteles, la negativa de los directivos a declarar ha sido constante. Sin embargo, una fuente interna de la Unidad Educativa Nacional Andrés Eloy Blanco reveló que aproximadamente 1500 estudiantes están afectados por la situación.La preocupación por un año escolar que no ha comenzado de manera efectiva no es un caso aislado en Propatria. El 5 de octubre, el medio digital JunquitoNews denunció que otras escuelas, como la Escuela Básica Bolivariana Sabaneta y la Unidad Educativa Nacional Luis Hurtado Higuera, también enfrentan etiquetas rojas y asistencia limitada, lo que los representantes consideran que “no es educación”.Un reciente informe de EFE alertó que aproximadamente 200,000 niños y adolescentes quedaron fuera de las aulas tras los sismos. El director de la Fundación Unidos en la Misión, el sacerdote Jesús ‘Txuo’ Rodríguez Villarroel, advirtió que sin una recuperación urgente de los centros educativos, muchos de esos niños podrían no regresar a la escuela.El secretario del Sindicato Venezolano de Maestros, Raúl Parra, aseguró que las estructuras educativas se han debilitado aún más tras el doblete sísmico de junio, y que otras zonas de Caracas, como Antímano y El Paraíso, enfrentan situaciones similares. En La Vega, también hay un número considerable de planteles con modalidades de estudio en su mayoría online, y en Caricuao, 39 de 46 instituciones presentan etiquetas amarillas, sin clases presenciales.La situación es igualmente crítica en el Colegio Bicentenario de Bolívar en El Paraíso, donde los estudiantes solo reciben guías los viernes. “Para el ministro de Educación, todo está normal y no es justo”, afirmó Parra, quien denunció que los docentes enfrentan una doble carga: salarios insuficientes y la obligación de asistir a clases bajo amenazas de sanciones.Las instituciones del sector privado también han sufrido daños y esperan recursos para reparaciones. El director general del Consejo Educativo, Fausto Romeo Monte, indicó que 11 escuelas privadas en La Guaira han quedado en ruinas, y aunque el Estado ha colaborado con la remoción de escombros, se necesita apoyo para la reconstrucción.Las condiciones de las escuelas han llevado a que se planteen alternativas que comprometen la seguridad de los estudiantes. En la Unidad Educativa Distrital Curacay de Macarao, se intentó modificar la etiqueta de riesgo para permitir el regreso a clases, pero los representantes se opusieron debido a la infraestructura inadecuada.La comunidad educativa del Instituto Mariano Picón Salas se reunió el 15 de octubre para discutir soluciones, pero la propuesta de una nueva inspección para otorgar una “etiqueta verde” fue rechazada por los padres, quienes advirtieron sobre el mal estado de la infraestructura.El presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, Edgar Enrique Machado, también reportó que en Catia hay instituciones con etiqueta roja que intentan retirarlas sin las debidas reparaciones. “Hemos estado monitoreando esa situación”, precisó.Un mes después del doblete sísmico, el gobierno presentó un balance de las estructuras educativas en La Guaira, reportando que 11 colapsaron y que de las 226 plantas educativas, solo se evaluaron 167, de las cuales 101 fueron calificadas como habitables. Sin embargo, no ha habido un balance que detalle la situación actual de las escuelas.La consultora Anova Research estimó que 29,150 estudiantes en la entidad están afectados y al menos 62 colegios presentan daños. De estos, 21 planteles resultaron colapsados o gravemente dañados, siendo 16 de ellos estatales.El Ministerio de Educación anunció el 21 de octubre que 121 infraestructuras educativas en La Guaira habían sido reparadas, permitiendo el retorno a clases de 1500 niños. Sin embargo, Carlos Trapani, abogado especialista en Derechos del Niño y coordinador general de Cecodap, advierte que la recuperación educativa debe ir más allá de abrir escuelas. “La pregunta es en qué condiciones están aprendiendo los niños”, enfatiza.El caso de la Unidad Educativa Nacional Luis Hurtado Higuera ilustra esta preocupación: 1980 estudiantes reciben clases solo un día a la semana, mientras el plantel funciona como alojamiento para familias damnificadas. Trapani señala que mantener el vínculo con la escuela no asegura una educación de calidad y que la prolongación de estas condiciones puede aumentar el riesgo de abandono escolar.Trapani también subraya que aunque el Ministerio de Educación ha informado sobre la rehabilitación de instituciones, no hay claridad sobre cuántas obras se han completado ni cuántos alumnos siguen sin clases presenciales regulares. La falta de información consolidada sobre las escuelas en Caracas y La Guaira es alarmante.La educación a distancia puede ser una solución temporal, pero su efectividad depende de la calidad de la enseñanza y el apoyo a los estudiantes. Sin embargo, muchas familias enfrentan problemas de vivienda, ingresos y transporte que dificultan el aprendizaje. Unicef informó que 20,639 niños y adolescentes han recibido servicios de salud mental y apoyo psicosocial, pero este número no refleja a los estudiantes que siguen fuera de las aulas.Lee también: Menor de cuatro años falleció tras ser impactado por una camioneta en El VigiaSobre las modificaciones en las etiquetas de riesgo, Trapani enfatiza que “cambiar una etiqueta no repara una escuela”. La seguridad debe ser respaldada por evaluaciones técnicas competentes. “Ningún niño debe entrar a un espacio cuya seguridad no esté técnicamente sustentada”, concluyó.Restablecer el derecho a la educación exige un plan público de recuperación con presupuesto, responsables y plazos claros. Esto incluye reparar las escuelas, garantizar servicios básicos y atender a los docentes que han sufrido pérdidas. Trapani advierte que la reconstrucción no puede limitarse a recuperar edificios; debe asegurar que cada niño vuelva a aprender con seguridad y continuidad, corrigiendo los obstáculos que ya existían antes de los sismos.En medio de esta crisis, el periodismo en Venezuela enfrenta un entorno hostil, donde las leyes “contra el odio” y “contra el bloqueo” limitan la divulgación de información. Este contenido se publica con la consideración de las amenazas y límites impuestos a la prensa en el país.Fuente: Versión FinalSigue las noticias de Falcón, Venezuela y el Mundo en www.notifalcon.com síguenos en Instagram y Twitter @notifalcon y en Facebook: https://www.facebook.com