El tango que bailan en la campaña del 29-N Gabriel Rufián e Irene Montero tuvo un antecedente lejano y poco conocido, según informamos ayer en estas páginas. El 21 de mayo de 2019, nada más constituirse la Mesa del Congreso tras las elecciones del 28 de abril, la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, recibió una comunicación de Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La cuestión era qué hacer con los diputados independentistas presos, que habían formalizado todos los trámites para adquirir su condición de parlamentarios. Según un auto dictado aquellos días por Pablo Llarena, juez instructor del 'procés', al estar procesados por rebelión debía suspendérseles en el ejercicio de sus cargos, porque los rebeldes, como los acusados de terrorismo, debían dejar el escaño en aplicación del artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal.Seguir leyendo....