“Si en las próximas elecciones gana la derecha, la izquierda va a quemar la calle”. La advertencia de Laura García, portavoz del sindicato policial Jupol (con cuatro representantes en la escala básica del Consejo de Policía), en el programa En boca de todos resuena con el discurso que algunas organizaciones policiales han intensificado en plena precampaña: presentar a la izquierda como una amenaza para el orden público, un punto de vista que coincide plenamente con el dell PP y Vox. David Gutiérrez, portavoz del sindicato CEP (con dos representantes en la escala básica del Consejo), dijo en Horizonte que “extender la violencia callejera es una estrategia peligrosa que rompe la convivencia y pretende imponer la ley del miedo”. Por su parte, el SUP (con cuatro representantes en el Consejo, dos en la escala básica y otros dos entre los mandos) denunció que se intenta “convertir a la Policía en el enemigo de unos y en el instrumento de otros”.Su relevancia pública llega gracias a su presencia en el Consejo de la Policía que es el órgano colegiado en el que la Administración y los representantes de los agentes participan en cuestiones laborales y profesionales, como las condiciones de servicio, los horarios y los conflictos colectivos. Lo preside el ministro del Interior o la persona en quien delegue. Los representantes policiales se eligen cada cuatro años mediante votación de los agentes, por escalas y con un sistema proporcional al voto obtenido. En las elecciones de junio de 2023 se eligieron 14 representantes policiales: diez de la Escala Básica, uno de Subinspección, dos de la Ejecutiva y uno de la Superior. Un entorno nada político, en principio, pero que en ocasiones rebasa sus funciones. Los sindicatos policiales tienen prohibido hacer llamamientos partidistas, pero sí pueden quejarse de sus condiciones laborales o de los responsables políticos en asuntos relacionados con su actividad profesional y sus condiciones. “Esto es lo que aprovechan para introducir sus discursos políticos”, denuncia Manuel Soler, portavoz del Sindicato Reformista de Policía (SRP), sin representación en el Consejo, pero con miles de afiliados.En estas semanas de precampaña, las coincidencias entre los comunicados sindicales y los mensajes de la derecha se han hecho más visibles. Tras los disturbios del 15 de octubre durante un acto del agitador ultra Vito Quiles, Jupol, el SUP y la UFP (con un representante en la escala básica) calificaron de “negligente” la gestión de la Delegación del Gobierno en Navarra y denunciaron que “la seguridad ciudadana no puede quedar a merced de la incompetencia política”. Tres días después, PP, UPN y Vox respaldaron en el Parlamento navarro una declaración que describía los incidentes como “violencia callejera y kale borroka”.En Madrid, Ayuso pidió el 1 de octubre el desalojo judicial de la acampada en la Puerta del Sol por la supuesta inacción de la Delegación. Ocho días después, Jupol acusó a las delegaciones de dejar a los agentes sin instrucciones. “Parece que quieren que las calles ardan”, aseguró, y sugirió que detrás había una “estrategia de interés político”. El 13 de octubre, Vox se querelló contra el delegado. Tras las cargas del 14 de octubre en la Complutense, este pidió investigar una actuación que consideró desproporcionada y Jupol exigió su dimisión. Ayuso defendió a los agentes y su portavoz calificó de “política” la huelga educativa.La migración es uno de los puntos de mayor coincidencia entre ambos mundos. El 4 de octubre, la UFP propuso un régimen excepcional para Ceuta y Melilla que permitiera suspender temporalmente ciertos procedimientos de protección internacional en emergencias fronterizas. Once días después, Alberto Núñez Feijóo defendió recurrir a mecanismos europeos de emergencia para facilitar retornos y “suspender el derecho de asilo como consecuencia de invasiones”.Las coincidencias no acaban ahí. También estuvieron de acuerdo al decir que a las mujeres de Ceuta estaban obligadas a llevar medios de autodefensa. A finales de septiembre, Ester Muñoz dijo que “muchas españolas llevan gas pimienta en sus bolsos” durante la polémica por un espray exhibido en el Congreso para denunciar la inseguridad. Ese día, Vox Ceuta afirmó que las mujeres debían llevar espráis o salir acompañadas. El 9 de octubre, Eduardo García, secretario provincial del SUP, afirmó en la COPE que “cuando una mujer tiene que pensarse qué ropa se va a poner para salir o si tiene que llevar algún medio de defensa, estamos en un problema muy serio”. Este jueves, el mismo sindicato se reunió con Cayetana Álvarez de Toledo, número dos de la lista del PP por Madrid al Congreso, para abordar “la problemática y las necesidades del ámbito policial” en el campo de Gibraltar. Sobre el narcotráfico, el SUP describió en X a “criminales cada vez más agresivos, mejor armados e impunes”.Las conexiones van más allá de los mensajes y existen también trayectorias personales que explican esta relación. Ejemplo de ello es Samuel Vázquez, que formó parte de la candidatura de Jupol en 2023 y actualmente es presidente de Una Policía para el Siglo XXI, una asociación sin ánimo de lucro que plantea un nuevo modelo para el cuerpo y que, con discursos incendiarios, presenta la inmigración como el origen de todos los problemas.En paralelo, en mayo de 2023 intentó concurrir como número dos de Vox al Ayuntamiento de Fuenlabrada, aunque no obtuvo la excedencia policial que solicitaba porque tenía un expediente disciplinario abierto. Un año más tarde, Vox lo nombró portavoz nacional de Seguridad, Inmigración e Interior y hace unos días anunció que es el número uno de la lista de este partido en Ávila para las elecciones del 29 de noviembre.Dentro de su misma asociación, su vicepresidente, José Manuel Vallejo, conocido como Josema, cabo primero de la Guardia Civil, encabezó la candidatura de Vox al Congreso por Huesca en las elecciones generales de julio de 2023.Otro de los nombres es Alfredo Perdiguero, subinspector de la Policía Nacional y con conexiones con varias organizaciones sindicales. Fue portavoz de la UFP, del Sindicato Independiente de Policía Española (SIPE), del Movimiento Independiente de Policías (MIP) y de Alternativa Sindical de Policía (ASP). Además, concurrió en dos ocasiones a las elecciones autonómicas madrileñas con Vox: en 2015, como número cinco de la lista, y en 2019, como número 16. Actualmente interviene como portavoz de JuntosPOLGC, asociación que une a agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil al margen de los sindicatos y asociaciones profesionales tradicionales y aupada por figuras como Alvise Pérez, Macarena Olona o el abogado de Desokupa, Xaime da Pena. Para Soler, estos casos reflejan un sistema que convierte el malestar laboral en rédito partidista. “Algunos se han aprovechado del malestar de policías y guardias civiles por no tener mejores condiciones laborales y económicas”, afirma. “Hay una contradicción muy grande: esos sindicatos no quieren cambiar el sistema porque les resulta rentable canalizar el descontento de los afiliados hacia un mensaje ideológico que responsabiliza al Gobierno y al presidente”. Según Soler, ese discurso hace creer a algunos agentes que PP o Vox resolverán sus problemas, aunque “nada cambiará sin reformar la representación policial”.El SRP reclama una reforma del sistema de representación policial y mayores garantías para evitar que las organizaciones se conviertan en plataformas de promoción personal. Soler sostiene que los agentes necesitan herramientas efectivas para defender sus condiciones laborales, entre ellas el derecho a la negociación colectiva, y una mayor libertad de afiliación sindical. En su opinión, mientras esas demandas sigan sin respuesta, “habrá dirigentes capaces de capitalizar la frustración de sus compañeros”.“Un sindicato policial tiene que estar para temas policiales, para temas laborales relacionados con la policía, pero no debería dar sus opiniones a nivel de ideología política”, defiende Adrián Rodríguez, portavoz de la asociación Policías Antifascistas. Rodríguez distingue entre intervenir en cuestiones laborales —algo que inevitablemente tiene una dimensión política— y utilizar la representación profesional para difundir una ideología.A su juicio, revertir esta tendencia requiere mecanismos de control efectivos. “La forma más rápida es empezar a abrir expedientes disciplinarios a miembros de la Policía Nacional siempre que Asuntos Internos aprecie una posible infracción disciplinaria”, plantea. En todo caso, Rodríguez advierte de que la solución no depende exclusivamente de la propia institución: “Tiene que haber movimientos tanto dentro de la Policía como en el exterior, a nivel político, a nivel parlamentario o a nivel judicial”.infoLibre ha contactado con todos los sindicatos mencionados y defienden su papel apolítico y alejado de cualquier postura de derechas o ultraderecha.