La Audiencia Provincial de Madrid permite a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevar a cabo la investigación de la totalidad de los datos bancarios de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La investigación se enmarca en la pieza separada por la presunta comisión de delitos de corrupción en los negocios.En un auto, los magistrados estiman un recurso de la Fiscalía de Madrid y revocan la decisión del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, que había autorizado a la UCO a recabar información bancaria, aunque había pospuesto el examen de los datos fiscales y de la Seguridad Social al resultado de las primeras pesquisas sobre las cuentas.De esta manera, la Sección Tercera ve necesario analizar de manera conjunta estos ámbitos de información para avanzar en el esclarecimiento de los hechos investigados y permitir que la investigación concluya con la mayor celeridad posible.Esta resolución se enmarca en la pieza separada abierta para investigar posibles delitos de corrupción en los negocios y administración desleal relacionados con operaciones empresariales vinculadas a González Amador y a varias sociedades.La investigaciónEntre otros aspectos, la investigación se centra en la adquisición en diciembre de 2020 de la sociedad Círculo de Belleza S.L. por una empresa vinculada a González Amador por cerca de 500.000 euros. La operación se encuentra bajo investigación ante la posibilidad de que hubiera servido para satisfacer una presunta comisión a un directivo relacionado con Quirón Prevención por sus vínculos comerciales con el empresario.La causa también examina la evolución de los ingresos de Maxwell Cremona, sociedad vinculada a González Amador, y diferentes operaciones mercantiles relacionadas con la intermediación en la venta de material sanitario durante la pandemia y con contratos con Quirón Prevención. En junio, el Juzgado de Instrucción número 19 autorizó a la UCO a recabar información bancaria desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad de las personas y sociedades relacionadas con la investigación. Los investigadores también habían solicitado información tributaria y datos de la Tesorería General de la Seguridad Social para reconstruir los movimientos de fondos y analizar la evolución patrimonial de los investigados.En aquel momento, el instructor Antonio Viejo consideró prioritario empezar por el examen de las cuentas bancarias y dejó para una fase posterior la posible ampliación de las pesquisas a los datos fiscales y laborales. Ahora, la Audiencia Provincial estima el recurso de la Fiscalía para que esas fuentes de información puedan examinarse de forma conjunta, con el fin de facilitar el avance de las diligencias policiales.