Que los ceutíes alcancen la normalidad que perdieron los pasados 30 y 31 de julio pasa necesariamente porque los gobiernos autonómicos acepten a los miles de menores vulnerables –unos 2.400 según el Ministerio de Infancia, que el mando único en la ciudad autónoma, el ministro Ángel Víctor Torres rebaja a "unos 2.000"– y por el traslado a la península de los peticionarios de asilo cuyas solicitudes estén en trámite. Pero, sobre todo, lo crucial es que Marruecos readmita en su territorio a sus propios nacionales, el grueso de los irregulares, conformado por miles de personas que permanecen en la ciudad española a la que solo llegaron por motivos económicos. Rabat debe aceptar la repatriación en medio de un clima político, judicial y social contrario a los intereses del vecino del sur. La causa admitida a trámite por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que apunta a sus fuerzas de seguridad, y la votación en el Pleno del Congreso de la ley que dará la nacionalidad española a los saharauis pueden afectar a la cooperación entre ambos países para dar solución a un crisis que parece lejos de resolverse.Desde el pasado 31 de julio, el presidente del Gobierno y la parte socialista el Ejecutivo hablaron de la llegada masiva como "un ataque a la integridad territorial", pero evitaron culpar a Marruecos de lo ocurrido y subrayaron la colaboración de sus autoridades tras la entrada multitudinaria ilegal. Sin embargo, cinco semanas después de la entrada de todas esas personas, los ministros de Sumar no comparten el diagnóstico y culpan a Rabat de la organización del suceso "con claras intenciones políticas y estratégicas", como sostuvo la formación durante la pasada comparecencia de Sánchez en el Congreso. Algo similar planteó el resto de los socios de investidura. PP y Vox señalan a Marruecos, pero también al propio Sánchez y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a los que acusan de connivencia con el reino alauí, como defendió Alberto Núñez Feijóo durante ese debate. Derecha y ultraderecha no se conforman con dar la batalla política y ya se han personado en la causa de Tardón.La instructora ha admitido este mismo lunes a trámite la causa, con el apoyo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por la que actúa su fiscal jefe, Jesús Alonso, lo que da una idea de la importancia que se da al caso desde el Ministerio Público. El auto de Tardón que inicia el caso apunta muy directamente a Marruecos. A los dinamizadores de la iniciativa en redes sociales, sí, pero también "a los organizadores del flujo de personas sobre el terreno", que habrían actuado con "una planificación previa", tanto miembros de las fuerzas de seguridad uniformados, como otros agentes bajo cuyas órdenes habrían actuado esos efectivos. Por último, Tardón también señala "a quienes se encargan de su dirección" que, según la jueza, además de "una alta capacidad de influencia en redes sociales", tienen ascendencia sobre "las fuerzas de seguridad de Marruecos". La instructora parece señalar a altos cargos al hablar de "personas o instituciones con la capacidad y experiencia necesaria para formar parte del nivel de planificación del proceso".La instructora, que forma parte de la asociación judicial de derecha moderada Francisco de Vitoria y que fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid durante la alcaldía de José María Álvarez del Manzano, inicia la investigación a impulso de las tradicionales acusaciones populares derechistas, presentes en casos como el del fiscal general o el de Begoña Gómez. A la denuncia inicial de Iustitia Europa se han sumado los ultracatólicos de Hazte Oír, Vox, el PP, Libertad y Justicia, y Ahora España, además de un grupo animalista. La jueza, a petición del fiscal, ha acordado el secreto de las actuaciones ante el riesgo para "investigaciones policiales en marcha", "mecanismos de inteligencia relacionados con la seguridad fronteriza y la seguridad nacional". "Debe compartirse con el Ministerio Fiscal la necesidad de tener en cuenta que los hechos investigados no se limitan a un episodio aislado de inmigración irregular, sino que presentan una evidente incidencia sobre intereses esenciales del Estado, habiendo afectado al control de las fronteras exteriores de España, a la seguridad pública y al funcionamiento ordinario de diversas instituciones y servicios públicos".A la imprevisibilidad de Rabat en el control de la frontera con Ceuta (y Melilla) —a la que recurre habitualmente en sus relaciones diplomáticas con España y la Unión Europea, en la que no se puede descartar un nuevo giro en el que rechace la repatriación de sus nacionales que todavía permanecen en la ciudad autónoma— se suma un nuevo hito, este parlamentario, que se producirá este mismo jueves. El Pleno del Congreso votará entonces la ley que pretende dar la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes de septiembre de 1977 (tanto a los residentes en el territorio controlado por el Frente Polisario como en el ocupado ilegalmente por Marruecos). En la Comisión de Justicia celebrada el pasado 23 de julio (apenas una semana antes de la llegada masiva) PSOE, Sumar y los socios de investidura del Gobierno apoyaron el texto con su voto. El PP se abstuvo y Vox fue la única fuerza que votó en contra. Ahora, con miles de marroquíes en Ceuta, el PSOE y sus aliados tendrán que decidir si reiteran su posición. Fuentes socialistas aseguran a infoLibre que la mantendrán. Tanto la investigación abierta en la Audiencia como la votación de este jueves sobre un asunto identitario para el Ejecutivo marroquí como es el Sáhara Occidental ocupado, se producen en un ambiente de fuerte presión. A la división de los miembros del propio Gobierno se suma la incomprensión de los socios de investidura, que durante la comparecencia de Sánchez en el Congreso para dar explicaciones, le reprocharon su apoyo a Rabat y la exculpación de sus autoridades. Este lunes, El País ha publicado una encuesta que refleja que nueve de cada 10 españoles culpa al vecino del sur de lo ocurrido. En esas condiciones, cualquier nuevo gesto del Gobierno a sus autoridades solo puede abundar en el desgaste del presidente y del PSOE. Sin embargo, si Marruecos se negara a cooperar con Madrid, la situación insostenible en Ceuta podría perpetuarse todavía más, lo que impide exhibir la firmeza que muchos le reclaman.