El Cuadro de Indicadores de la Justicia de la UE confirma, año tras año (también en 2026), que la confianza de los españoles en la independencia de sus jueces es muy baja –solo cuatro de cada diez creen que es buena o muy buena en su última edición– lo que sitúa a la magistratura española a la cola de Europa, solo por delante de Chipre, Eslovaquia, Hungría, Croacia y Bulgaria. El motivo más importante por el que los ciudadanos aprecian esa falta de independencia, según ese mismo informe de la Comisión Europea, se justifica por "la interferencia o la presión del Gobierno y los políticos". Sin embargo, en su discurso en el acto de apertura del año judicial ante el rey, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, obvió ese dato que también se incluye en el Informe sobre el Estado de Derecho de la UE (la biblia sobre la calidad democrática de los Veintisiete), y aseguró que "los ciudadanos confían" en la labor de los jueces. "Así lo atestiguan distintas encuestas de organismos especializados", señaló Perelló sin citar a qué organismos se refería. Fuentes del CGPJ explican que la presidenta se basó en el Informe sobre la calidad de la democracia publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en junio y la Encuesta sobre los factores que determinan la confianza en las instituciones de la Organización para la Cooperación y el Desarollo Económico (OCDE) conocido ese mismo mes. El documento del organismo que dirige José Félix Tezanos, sin embargo, daba una de cal y otra de arena a los jueces. El dato del CIS que subraya Perelló, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, es la nota media de 4,74 de confianza que reciben en esa investigación los tribunales de justicia, situándose por encima del Parlamento (4,07) y el Gobierno (3,79). Pero ese mismo estudio refleja, sin embargo, como segunda prioridad de los ciudadanos (solo por debajo de la lucha contra la corrupción) los "cambios, renovación, mejoras y despolitización de la justicia y separación efectiva de poderes". Otro de los datos relevantes reflejado por el CIS es que algo más de tres de cada cuatro españoles (el 76,9%) cree que la justicia no es imparcial cuando investiga a partidos políticos. También que casi nueve de cada diez (el 88,8%) sostiene que los jueces no tratan igual a los políticos que a cualquier otro ciudadano. Casi ocho de cada diez (78%) consideran además que los tribunales no tratan igual a ricos y a pobres. El informe del instituto público coincidió en su publicación con dos encuestas publicadas por El País y La Vanguardia. El primero, elaborado por 40dB. reflejaba que dos de cada tres españoles cree que entre los jueces españoles existe la práctica del lawfare. En la de La Vanguardia, elaborada por Ipsos, seis de cada diez consultados observaban que "hay jueces haciendo política y políticos haciendo justicia". Entre los votantes del PSOE, esa percepción subía a ocho de cada diez, y algo más aún entre los partidarios de Sumar.Un día después de que se conociera la resolución de la Sala de lo Contencioso del Supremo que da alas al bulo de PP y Vox –muy extendido entre la ultraderecha global– de un pucherazo electoral del PSOE a través de la concesión de la nacionalidad a hijos y nietos de exiliados del franquismo privando del derecho de voto a medio millón de españoles, Perelló cargó muy duramente contra esta percepción cada vez más extendida –sobre todo entre la izquierda, pero no solo– que atribuye "propósitos políticos o ideológicos" a los jueces. "Esta es una imputación de extraordinaria gravedad que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva", llegó a decir. Pero esa impresión existe incluso en el órgano de gobierno de los jueces que la propia Perelló preside. Horas antes del acto, el vocal progresista José María Fernández Seijo, reflejando el sentir de otros ocho miembros del órgano, sostuvo en la Cadena SER que "hay algunos jueces que están actuando como operadores políticos en determinadas situaciones". La realidad es que la cuestión del lawfare no solo fractura a la sociedad, sino también a la propia judicatura y a su órgano de gobierno.La afirmación de que los ciudadanos tienen confianza en la labor de los jueces también la basó Perelló en la encuesta sobre confianza en las instituciones de la OCDE publicada el 29 de junio. El macrosondeo compara la confianza en los tribunales y el sistema judicial con la que los ciudadanos tienen respecto al Gobierno, las Fuerzas Armadas y la Policía. El dato que arroja es que el 50% de la población tiene confianza en los jueces –en general, no en su independencia o su imparcialidad–, una cifra que está por debajo de la media de los 42 miembros de la organización analizados (54%), pero que supera a países de nuestro entorno como Francia e Italia. Muy lejos quedan otros Estados como Alemania, Dinamarca o Países Bajos con un apoyo popular muy superior. De todos los participantes en el estudio, la justicia española queda en la posición 25. La confianza en los jueces españoles es mayor que la que tiene el Gobierno (43%), pero inferior a la del Ejército (66%) y las fuerzas y cuerpos de seguridad (62%). La percepción de parcialidad, según varios jueces y vocales consultados, tal como sostuvo Fernández Seijo en su entrevista radiofónica, tiene que ver con los casos más mediáticos, que suelen coincidir con los de mayor trascendencia política. Procesos como el que acaba de privar provisionalmente del voto a más de 500.000 españoles y en el que los magistrados aprecian un riesgo cierto de pucherazo electoral a favor del PSOE organizado por ese partido y sus socios con una ley que aprobó el Parlamento –la Ley de Memoria Democrática– con todos los procedimientos y garantías necesarias hace ya cuatro años. O como en el caso del proceso independentista catalán en el que los magistrados de la Sala de lo Penal se negaron a aplicar otra ley –la ley de amnistía– a los políticos independentistas condenados o procesados por el procés. O la condena del anterior fiscal general del Estado, en la que al menos tres magistrados de esa misma Sala (dos en la sentencia y un tercero durante la instrucción) coincidieron, en contra de la mayoría, en que no había pruebas de cargo contra él y se habían vulnerado sus derechos fundamentales y garantías procesales, algo en lo que coincide la Fiscalía y amplios sectores de la propia carrera judicial. Otro de los factores que influye en la percepción creciente de politización es la participación cada vez más frecuente de jueces y magistrados en actos de marcado carácter político, las descalificaciones gruesas contra parlamentarios, gobernantes u otras instituciones (casi siempre desde un punto de vista de derechas) o los posts partidistas en redes sociales que, en la inmensa mayoría de los casos, suscitan escándalos que, sin embargo, pasan sin el mínimo reproche disciplinario. Esa ineficacia para sancionar los excesos de los jueces –ya sea por la vía disciplinaria o la criminal– también se percibe en instrucciones muy polémicas, como la del juez Juan Carlos Peinado contra la esposa de Pedro Sánchez. Actuaciones estrambóticas, excesos y evidentes faltas de respeto a los imputados, testigos, fuerzas de seguridad o acusados que advierten muchos compañeros de la propia carrera no tienen ninguna consecuencia. Las manifestaciones de jueces con la toga puesta para tratar de influir en el Parlamento para que no apruebe una ley –como las que se produjeron con la amnistía– o para intentar sabotear reformas judiciales defendidas durante décadas por Gobiernos de derechas e izquierdas, tampoco ayudan a mejorar la apariencia de imparcialidad, según comparten en el sector progresista del Consejo. Pero más allá de las sensaciones, están los datos objetivos que indican que el cuerpo, en general, está escorado a la derecha. Lo demuestra los resultados de las elecciones a Salas de Gobierno en las que participan todos los jueces y magistrados y que, en su última convocatoria, en diciembre de 2024, dio a candidatos conservadores 104 de las 118 plazas en juego. Ese conservadurismo tan extendido no quiere decir que la gran mayoría de la magistratura no ejerza su función con total profesionalidad.