La cascada de informes, avisos, análisis de inteligencia y transcripciones de mensajería instantánea desclasificados por el Gobierno permite, semanas después, trazar una radiografía del colapso de la frontera durante la crisis de Ceuta del 30 y 31 de julio. Los documentos aportan información sobre cómo circuló la información en los momentos críticos, y desvelan, por ejemplo, la descoordinación entre los ministerios encargados de gestionar la crisis –Defensa e Interior– evidenciada en las cifras contradictorias que manejaban en tiempo real. Pero también deja varias lagunas que el Ejecutivo no ha conseguido rellenar.Un mensaje sobre cómo se podrían estar malinterpretando los documentos desclasificados que, según Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía, el entorno del Presidente del Gobierno habría enviado a varios medios de comunicación, apunta a que desde el Ejecutivo comparten la impresión de que la maniobra no ha logrado su objetivo de despejar las dudas y zanjar el debate.La primera y más evidente de las incógnitas es saber si estamos ante la fotografía completa. No existe constancia de que la desclasificación ordenada por el Gobierno sea total, y la posibilidad de que existan más documentos, informes previos o comunicaciones entre ministerios que no se han hecho públicos sigue sobre la mesa. infoLibre ha preguntado a Moncloa si la entrega de archivos es absoluta o parcial, pero a cierre de esta edición no ha obtenido respuesta. El origen: la sentencia del Supremo y el "factor secundario"Uno de los principales debates políticos tras el asalto fue determinar el origen del efecto llamada. Aunque se ha especulado intensamente sobre el peso de la regularización de migrantes en las convocatorias, los informes desclasificados no sitúan este elemento entre las principales causas. El análisis del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) remitido a la Audiencia Nacional, así como gran parte de los documentos desclasificados, constata que la entrada se vio impulsada, sobre todo, por una interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo que impedía los rechazos en frontera para las llegadas a nado.Un análisis de fuentes abiertas de los mensajes en redes previos a la entrada masiva que se realizó posteriormente a los documentos desclasificados sí hace referencia a algunos mensajes que nombraban la regularización aprobada por el Gobierno para incentivar la entrada a Ceuta. "España está cerca de cerrar la puerta a la regularización de inmigrantes... El último plazo es el 30 de julio de 2026" rezaba un mensaje recogido en el informe del CENIF. Pero esta desinformación sobre los plazos de regularización inminentes actuó, según la Policía Nacional, solo como un "factor concurrente de carácter secundario" para generar urgencia. Es cierto que un documento del CNI fechado el día 23 de julio sí cita textualmente "el proceso en curso de regularización de personas migrantes" como "un riesgo para nuestro país", al "presentar España como destino de la UE más receptivo, lo que aumenta la presión migratoria". El contenido del informe, que forma parte de la desclasificación del Gobierno, no guarda relación directa con el asalto de los días 30 y 31 de julio sino que se trata de un análisis de la migración irregular hacia España durante el primer semestre del año y en ningún caso alertaba de eventos futuros en específico. En cambio, muchos de los documentos desclasificados —como una nota informativa del CENIF fechada el 29 de julio, y especialmente una nota del Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Guardia Civil dedicada específicamente a este asunto —coinciden en señalar el papel de la sentencia del Tribunal Supremo que dictaminó a finales de junio que no podía aplicarse el rechazo en frontera a las personas que entraran irregularmente por vía marítima. La Guardia Civil alertaba en su informe de un "incremento en la presión migratoria sobre ambas Ciudades Autónomas", "un efecto llamada hacia las entradas a nado" y un "limitación en la capacidad de respuesta inmediata ante este tipo de accesos irregulares" como consecuencia del fallo del Supremo. Por ello solicitaba un refuerzo de su plantilla y medios tecnológicos y una modificación legislativa para poder aplicar el rechazo en frontera ante cualquier vía de entrada irregular "garantizando en todo caso el respeto a la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional". La documentación también sirve para calibrar el nivel de alerta que manejaba la Inteligencia española. Los informes constatan que el CNI no alertó previamente de una "entrada masiva" dimensionando las cifras que finalmente se dieron, pero sí avisó de la intensa actividad en redes sociales. El día 29, personal del servicio de inteligencia envió varios mensajes de WhatsApp a la Delegación del Gobierno en Ceuta advirtiendo de un "llamamiento para asalto por valla y mar mañana a las 20h" aprovechando que las fuerzas de seguridad estarían centradas en la Fiesta del Trono. Para ilustrar "el alcance de la difusión", el agente señaló que dos de los grupos de Facebook sumaban 180.000 seguidores. Un minuto después, se trasladó un mensaje similar a la Unidad Central Especial de la Guardia Civil. Como ha explicado infoLibre, estos mensajes no son la manera habitual en la que el CNI traslada al Gobierno información urgente y sensible. Este tipo de notas salen, por norma general, de la dirección del servicio, y se entregan en mano. Según declararon a este medio fuentes conocedoras de la operativa de inteligencia "un WhatsApp no puede invocarse como una nota del CNI". A quién sí consta que advirtió de manera más formal la inteligencia española es a su homóloga marroquí. Entre los documentos desclasificados figura una nota informativa en la que el CNI advierte a la DGST y la DGDE –la inteligencia interior y exterior marroquíes– de la "planificación de varias convocatorias para llevar a cabo entradas a Ceuta, tanto a nado como a través de la valla" para el día siguiente.Hasta donde revelan los documentos desclasificados, ningún servicio dimensionó el volumen real de la amenaza. El único organismo que utilizó literalmente el término "entrada masiva" en un informe esos días fue el Regimiento de Guerra Electrónica nº 32 del Ejército de Tierra, pero lo hizo en un mensaje emitido al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) la misma mañana del 30 de julio a las 12:06 horas, cuando la crisis ya había estallado sobre el terreno.Tampoco hay rastro de la presunta intervención de servicios extranjeros. Pese a las afirmaciones realizadas en sede parlamentaria por el portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, sobre un supuesto aviso de la inteligencia estadounidense que el Gobierno habría ignorado, no hay ninguna constancia de advertencias previas de agencias internacionales. El propio Ministerio de Defensa, del que depende el CNI, se vio obligado a publicar un contundente desmentido en sus redes sociales, negando categóricamente haber recibido "informe alguno de la CIA sobre la invasión en Ceuta".El papel desempeñado por el reino alauita sigue siendo uno de los puntos más opacos de la crisis. Desde el primer minuto, el Ejecutivo se ha negado en rotundo a señalar o culpar a Marruecos por la ruptura del perímetro fronterizo. "Hay un cierto empeño en que tengamos que hablar mal de Marruecos, que el Gobierno no comparte" declaró el pasado miércoles Óscar Puente, entrevistado por Antena 3. Esta postura oficial provocó un incendio político e institucional a raíz del informe elaborado por el CENIF, que apuntaba a la colaboración activa de agentes marroquíes en el asalto. El descontrol interno llegó al punto de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, envió una carta de madrugada al director general de la Policía exigiendo explicaciones tras enterarse por la prensa de que dicho informe había sido remitido a la Audiencia Nacional. Lejos de zanjar el debate, la desclasificación de documentos demuestra que el desconcierto sobre la actitud de Marruecos imperaba en el seno de las propias Fuerzas de Seguridad del Estado. Los papeles evidencian cómo, en cuestión de horas, los distintos organismos emitían valoraciones contradictorias sobre el terreno.Por un lado, el extenso informe del CENIF recoge que durante la avalancha se observaron "efectivos uniformados de Fuerzas de Seguridad de Marruecos que dan indicaciones a los inmigrantes para acceder a España". Sin llegar tan lejos, las actualizaciones operativas de la Guardia Civil emitidas a primera hora de la tarde del día 30 subrayaban la inacción del país vecino: "Por parte de las autoridades marroquíes se detecta pasividad y están permitiendo la llegada de candidatos hacia la zona fronteriza".Sin embargo, desde la Jefatura de Información de la propia Guardia Civil se emitió esa misma noche un análisis que chocaba frontalmente con las observaciones de sus compañeros. Este departamento descartó que el paso masivo de nadadores fuera "consentido o incentivado" y tildó de "muy poco probable" que la monarquía de Mohamed VI estuviera utilizando la inmigración como represalia "en un día tan señalado como la Fiesta del Trono", a pesar de admitir en el mismo documento que "dada la idiosincrasia de Marruecos puede resultar difícil pensar que nada suceda sin el conocimiento, la aprobación o el consentimiento del régimen".A medio camino de ambas posturas se situó el CIFAS. En su evaluación confidencial, la inteligencia militar concluyó que era "muy probable que las autoridades marroquíes no estén favoreciendo activamente la oleada migratoria", pero matizó inmediatamente que habían actuado "de forma negligente y pasiva" y que "tampoco se puede descartar que Marruecos intente explotar la situación generada en Ceuta en beneficio de sus intereses estratégicos". Una ambigüedad que, a día de hoy, el Gobierno sigue sin despejar.Más allá de la frontera, el rastro de la desclasificación ha terminado destapando una grave crisis política interna. La publicación de los mensajes de WhatsApp del CNI ha provocado la dimisión del jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz. El ya ex alto cargo asegura en su carta de renuncia que él transmitió la información de la Inteligencia al delegado, Miguel Ángel Pérez Triano, el mismo 29 de julio. Su salida se produce por la "evidente incompatibilidad" de su relato con las reiteradas declaraciones públicas de Pérez Triano, quien ha negado haber recibido dichos avisos de su subordinado.El mensaje de Sanz señala la mayor incógnita de todo este episodio. El jefe de gabinete asegura por escrito que "existen informes que demuestran la labor de aviso y alerta que se realizó desde Delegación del Gobierno hacia los distintos ministerios". Esos supuestos informes, que probarían que el Gobierno central estaba debidamente alertado desde Ceuta, no se encuentran entre los 36 documentos que el Consejo de Ministros ha decidido desclasificar. Un agujero negro que nos devuelve a la gran pregunta inicial: ¿qué parte de la historia sigue oculta bajo secreto oficial?