Operadores, promotores, grandes grupos empresariales, eléctricas, compañías renovables, patronales y hasta varias comunidades autónomas preparan alegaciones contra el decreto con el que el Gobierno quiere regular los centros de datos. Un texto que ha caído como un jarro de agua fría en una industria que proyecta inversiones multimillonarias en España y ha obligado a estos a movilizarse y contratar a un ejército de despachos de abogados entre ellos Garrigues, Uría Menéndez, Cuatrecasas o Pérez Llorca con los que defenderse. Seguir leyendo....