Están muy cansados. Llevan semanas trabajando casi sin parar, acumulando horas, haciendo frente a convocatorias que se superponen, a acontecimientos que no dan tregua. “A cualquier hora les ponen una rueda [de prensa] o salta algo en algún sitio; la demanda informativa es muy grande”, explica a infoLibre Lorena Mejías, la decana del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA), la organización profesional de rango autonómico que se ocupa de los profesionales que trabajan en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.Además de todo eso, que ya de por sí significa tener que hacer frente a condiciones laborales muy complicadas, se ven sometidos a la presión de ser insultados o agredidos. “Están al límite. Y nadie se acuerda de ellos ni reconoce el trabajo que están haciendo”, lamenta.Para mostrar su solidaridad, Mejías acudió este miércoles a Ceuta con el fin de participar personalmente en la concentración de periodistas celebrada en la Plaza de África de la ciudad con el objetivo de denunciar las agresiones, físicas y verbales, en medio de las cuales muchos profesionales, en particular los que trabajan para medios audiovisuales, se están viendo obligados a desarrollar su labor.Fue una de las concentraciones simultáneas convocadas por el CPPA en nueve ciudades (Ceuta, Melilla, Sevilla, Cádiz, Granada, Huelva, Algeciras, Jaén y Málaga) con el apoyo de toda la profesión en España, y con el objetivo de impedir que se siga normalizando que, cada vez en más lugares, haya manifestantes y activistas políticos dedicados a hostigar impunemente a los periodistas, sin que los organizadores de las manifestaciones ni de las concentraciones, ni tampoco la policía, se tomen la molestia de garantizar que puedan hacer su trabajo con unas mínimas condiciones de seguridad.Frente a una treintena de sus compañeros que ejercen la profesión en Ceuta, la decana de los periodistas andaluces expresó el “reconocimiento y apoyo” del colectivo a los profesionales agredidos e intimidados en los últimos días, tanto en la ciudad autónoma como en la península. “Ninguna discrepancia, ninguna tensión justifica la violencia contra quien está cumpliendo con un deber fundamental, que es el de informar”, subrayó.Para Mejías, agredir a un profesional de los medios “no es solamente agredir a una persona; significa tratar de silenciar una mirada y limitar el derecho del conjunto de la sociedad a conocer lo que está sucediendo”. “Sin periodistas que puedan trabajar con libertad y seguridad”, remarcó, “no existe una ciudadanía plenamente informada. Y sin una ciudadanía informada, la democracia se debilita”.Para poner fin a esta deriva, la decana ha reclamado además que las agresiones a periodistas “en el ejercicio de su labor sean investigadas y tramitadas de oficio por la Fiscalía”, porque se trata de “un asunto de interés público”. Investigarlas de oficio supondría reconocer que “no solo se ataca a un profesional, sino que también se ataca un derecho constitucional que pertenece a toda la ciudadanía: el derecho a comunicar y a recibir información libremente”.La situación ha llegado a tal extremo que, por primera vez en la historia, ha dado pie a un pronunciamiento unánime suscrito por todas las organizaciones de periodistas, desde las sindicales a las asociaciones, pasando por los colegios profesionales y las plataformas de defensa del periodismo.Entre los firmantes, la Agrupación de Periodistas de UGT, Periodistas de CCOO, la Federación de Sindicatos de Periodistas, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la Asociación de la Prensa de Madrid, Reporteros Sin Fronteras España, la Red de Colegios Profesionales de Periodistas, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, el Colegio Profesional de Periodistas de Asturias, el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León, el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, el Colegio Vasco de Periodistas y el Colegio Navarro de Periodistas, además de la Asociación de Periodistas Parlamentarios.Detrás de esas siglas hay modelos diferentes de entender qué es un periodista y cómo debe defenderse su oficio. Los sindicatos ponen el foco en las condiciones laborales: su prioridad son los convenios, los salarios, la estabilidad en las plantillas y la seguridad física en las manifestaciones. No les interesa regular el acceso a la profesión; les interesa que quien la ejerce tenga condiciones dignas y protección frente a despidos, EREs y agresiones.FAPE y las asociaciones de prensa, en cambio, se definen como la voz del colectivo en sentido amplio. Agrupan a periodistas con trayectorias muy distintas, sin exigir necesariamente un título concreto ni la pertenencia a un colegio. Su herramienta principal es la presión pública, los informes sobre libertad de prensa y las comisiones deontológicas que emiten resoluciones morales, sin poder real para sancionar. Se oponen a la colegiación obligatoria y a cualquier fórmula que, en la práctica, limite el ejercicio a quienes cumplan ciertos requisitos académicos o corporativos.Los colegios profesionales de periodistas ocupan otro lugar en el mapa. Nacidos de leyes autonómicas, y amparados por su condición de corporaciones de derecho público con funciones de ordenación del ejercicio profesional, velan por la deontología entre sus colegiados, luchan contra el intrusismo y los pseudomedios, y reclaman un Consejo General de Colegios que dé voz unitaria a la profesión. Su discurso gira en torno a la necesidad de regular el acceso y el ejercicio, y de dotar al periodismo de un estatus similar al de otras profesiones reguladas. Esa posición les ha enfrentado históricamente a FAPE, a las asociaciones de prensa y a los sindicatos.Reporteros Sin Fronteras añade una capa internacional. Su mandato no es regular la profesión ni negociar convenios, sino proteger a los periodistas como agentes de libertad informativa. Sus informes, rankings y campañas de presión se dirigen a gobiernos e instituciones europeas, con énfasis en la seguridad física y digital, la protección de fuentes y los marcos legales que garantizan o restringen el derecho a informar.Esas diferencias han marcado el ritmo del debate interno en el sector. Durante años, la pregunta “¿quién representa a los periodistas?” ha tenido tantas respuestas como organizaciones. Los colegios apostaban por un modelo de autorregulación “dura”, con códigos aplicables a colegiados y potenciales sanciones internas. FAPE y las asociaciones de prensa defendían un sistema menos exigente, basado en comisiones de quejas sin poder sancionador y en la autorregulación de los medios. Los sindicatos, por su parte, ponían el acento en la negociación colectiva y en cláusulas de conciencia, más que en estructuras deontológicas corporativas.Ese mosaico de lealtades explicaba que, ante una agresión o una campaña de desprestigio, cada organización emitiera su comunicado por separado, con énfasis distintos y, a veces, con mensajes contradictorios.Que todas esas organizaciones coincidan ahora en un mismo texto rompe esa dinámica y demuestra, más que ninguna declaración, la gravedad de la situación. Significa que, pese a sus diferencias de fondo, hay un mínimo común denominador: la protección física y profesional de quienes cubren conflictos sociales y la condena de las agresiones como ataque a la función informativa.Esa convergencia busca obligar a las instituciones a leer el mensaje como una demanda transversal, no como la postura de un solo actor con agenda propia. Rompe la narrativa de que el sector está demasiado fragmentado para defenderse y abre la puerta a que, más adelante, esas mismas organizaciones puedan acordar el impulso de medidas concretas.Las organizaciones firmantes se han comprometido a no “normalizar las agresiones, las amenazas, el acoso ni el señalamiento de periodistas mientras ejercen su trabajo”. Subrayan que la libertad de información “no es una concesión de los gobiernos, de los partidos políticos, de las instituciones ni de quienes ocupan temporalmente posiciones de poder”, sino “un derecho constitucional y humano de toda la ciudadanía y una condición imprescindible para que exista una democracia digna de este nombre”.Su manifiesto considera “intolerable” que periodistas, reporteros gráficos, cámaras y otros profesionales sean insultados, perseguidos, amenazados o agredidos al informar en manifestaciones, conflictos sociales o emergencias, y considera “todavía más grave” que desde algunos grupos políticos se señale a periodistas concretos, se les convierta en “adversarios personales” o se utilicen términos como “terrorista” para referirse a quienes están haciendo su trabajo.Advierten de que “cuando un responsable político señala a quien ejerce el periodismo ante miles de seguidores, cuando se le deshumaniza, se cuestiona su derecho a estar allí para informar a la ciudadanía o se le presenta como enemigo, está creando un clima que puede terminar convirtiendo la hostilidad en acoso y el acoso en violencia”.Ante ello, reclaman a todas las fuerzas políticas y responsables institucionales que “condenen de manera inequívoca cualquier agresión contra profesionales de la información” y abandonen “definitivamente las estrategias de señalamiento personal contra periodistas”. Piden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que garanticen el derecho a informar con seguridad, especialmente en situaciones de tensión, y exigen que las amenazas, coacciones y agresiones sean investigadas con diligencia y sus responsables respondan ante la ley, porque “la impunidad de una agresión no afecta únicamente a quien la sufre: envía a toda la profesión el mensaje de que informar puede tener un precio“.El texto cierra con un llamamiento a la solidaridad interna: “Cuando atacan a uno de nosotros mientras informamos, con rigor, veracidad y profesionalidad, nos atacan a todos”.