La crisis de Ceuta no solo supuso la fractura del perímetro fronterizo de El Tarajal, sino también la del sistema de información del Estado. Los documentos desclasificados por el Gobierno sobre los sucesos del 30 y 31 de julio evidencian un apagón informativo en tiempo real que dividió a los ministerios a la hora de medir el tamaño de la emergencia. A las ocho de la tarde del jueves 30, en pleno colapso de la frontera, los distintos organismos gubernamentales manejaban estimaciones completamente incompatibles entre sí.La documentación permite reconstruir un "baile de cifras" que deja al descubierto el punto ciego del Ministerio del Interior y del propio Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cuyas estimaciones se quedaron muy lejos de la información que circulaba en la cúpula militar.Durante la tarde del 30 de julio, el Ministerio del Interior parecía haber alcanzado un consenso interno sobre el alcance de la crisis, a pesar del evidente caos sobre el terreno. El informe de situación redactado por el Estado Mayor de la Guardia Civil a las 20:00 horas estimaba que "habrían accedido a España, a través del espigón de El Tarajal, más de 20.000 personas". Casi dos horas antes, a las 18:15, una actualización de la propia Benemérita ya había fijado la estimación en "20.000 personas a territorio nacional y la presencia de otras 10.000 personas en territorio marroquí".La Policía Nacional manejaba cifras parecidas. El informe de análisis de la crisis elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) constata que, según la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, a las 20:30 horas "habrían entrado en torno a 20.000 personas de forma irregular".Esta aparente coherencia entre las cifras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue respaldada también por los servicios de inteligencia. Un documento del CNI titulado Análisis de Situación y Prospectiva, fechado ese mismo 30 de julio, daba por buena la cifra fijada por Interior al asegurar que "en tan solo una jornada, más de 20 000 migrantes han accedido irregularmente al perímetro fronterizo". Sin embargo, los relatos de Interior y del CNI chocan frontalmente con la dimension de la crisis que, a esa misma hora, calculaban los altos mandos militares. Tal y como reveló la ministra Margarita Robles en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso el pasado 25 de agosto, el informe del Estado Mayor de la Defensa establecía que a las 20:00 horas del día 30 ya se encontraban en Ceuta entre 45.000 y 55.000 migrantes.Es decir, en el mismo minuto, la radiografía que manejaban las Fuerzas Armadas duplicaba —y casi triplicaba— el cálculo que sostenían tanto el Ministerio del Interior como el CNI. Las cifras del Estado Mayor acabarían resultando mucho más próximas a la realidad. Apenas unas horas después, a medianoche, los partes internos de la propia Guardia Civil (parte RSM) comenzarían a reportar de golpe 49.200 llegadas, y al día siguiente, la Jefatura de Información de la Guardia Civil admitiría por escrito a su Estado Mayor que se estimaban "cifras que podrían superar los 49.000", solo durante el día 30.El contraste refleja cómo, en el punto álgido de la crisis, los dos ministerios encargados de gestionarla actuaron como partes independientes, manejando cifras completamente distintas. Pero la divergencia entre ambas carteras no se limitó al día 30 de julio.El desfase en los números no solo evidencia el caos operativo sobre el terreno, sino que documenta la brecha de información que separaba a los ministerios de Defensa e Interior. Este descuadre agrava el choque político que ya venían escenificando Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles.En el seno de Interior, el descontrol informativo ya había quedado patente cuando el propio Grande-Marlaska pidió explicaciones tras enterarse por la prensa de la existencia de un informe del CENIF, remitido a la Audiencia Nacional, que involucraba a las fuerzas de seguridad marroquíes en los sucesos de Ceuta, un extremo que Marlaska negaba, y ha seguido negando después. Aquel episodio interno se zanjó con un inusual comunicado del Ministerio en el que se sembraban dudas sobre su propia unidad policial, sus métodos y su naturaleza, desacreditando el documento.Ahora, con la desclasificación de estos nuevos informes y la evidencia de que Defensa e Interior manejaban cifras incompatibles, Moncloa parece repetir el mismo patrón para repartir las responsabilidades: esta vez, el organismo damnificado es el CNI. Fuentes del Gobierno sostienen que la inteligencia española "nunca alertó de una llegada masiva" y acusan al servicio de limitarse a mandar un "WhatsApp ambiguo" a un "cargo menor" (el delegado de Gobierno en Ceuta), sin llegar a elevar ninguna alerta formal a su cadena de mando.El Gobierno se refiere a una conversación de Whatsapp, desclasificada junto a estos documentos, en la que el CNI traslada a la delegación de Gobierno en Ceuta que "en redes sociales hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h [...] Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores". El Ejecutivo afirma que este hecho "ya era conocido por otras instituciones" y no constituía "un indicador de probabilidad". "Un organismo que cree que al día siguiente va a producirse una entrada masiva no se limita a mandar un WhatsApp ambiguo a un cargo menor: lo eleva. Esa es su responsabilidad y su competencia." sentencian desde Moncloa.El CNI, por su parte, ha encajado el golpe: fuentes del centro aclaran que, si bien el centro "emitió información sobre una campaña en redes sociales que llamaba al asalto a la valla de Ceuta, no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo el día 30". Conviene recordar que el Gobierno no ha afirmado que la desclasificación de estos documentos se trate de una desclasificación total ni absoluta, y que los 36 archivos que se han publicado, que abarcan desde el 3 hasta el 31 de julio, no tienen por qué constituir el total de informes o avisos generados en ese lapso de tiempo, pudiendo existir otros que por su naturaleza especialmente reservada o grado de clasificación no se hayan hecho públicos.