La Audiencia Nacional ha puesto este martes punto y final a la ronda de declaraciones más delicada para la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero en el llamado caso Plus Ultra. Un capítulo del que el expresidente del Gobierno ha salido tocado, pero no hundido. Tanto su antiguo amigo Julio Martínez Martínez como los exdirectivos de la aerolínea Julio Martínez Sola y Roberto Roselli han implicado al exdirigente socialista en la consecución del préstamo público de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió a la compañía en plena pandemia. Y le han vinculado al cobro de una comisión del 1% del rescate. Pero ninguno ha sido capaz de arrojar más luz. Nadie sabe qué gestiones concretas hizo el expresidente. Nadie ha podido aclarar con quién habló o a quién presionó o qué prometió a quién. Es, de momento, la gran sombra alrededor del caso.El exlíder del Ejecutivo está investigado, formalmente, por cuatro delitos —tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y contrabando—, si bien sobrevuelan en la causa otros posibles tipos penales. El instructor del caso sitúa a Zapatero en el “vértice” de una “estructura organizada y estable” de tráfico de influencias a cambio de pagos. Él era, resaltaba en su auto de imputación, la persona que ejercía "el liderazgo estratégico" y mantenía "los contactos institucionales y empresariales de alto nivel". Un relato indiciario que construye, fundamentalmente, en base a comunicaciones intervenidas a terceras personas –no consta, por el momento, un solo mensaje incriminatorio del expresidente–.La tesis central del procedimiento es que Zapatero intervino e influyó en el préstamo concedido por la SEPI a Plus Ultra. El expresidente del Gobierno lo ha negado por activa y por pasiva. Pero las declaraciones de Martínez Martínez, Martínez Sola y Roselli lo colocan de nuevo en el centro. Antes del parón veraniego, los tres investigados comunicaron al magistrado instructor, José Luis Calama, su voluntad de "colaborar y contribuir" al esclarecimiento de los hechos. Lo hicieron con la presentación de sendos escritos que venían a apuntalar la tesis principal y cuyo contenido se han encargado de ir ratificando el trío de imputados en sede judicial.El compañero de running, en una declaración en la que se echó en falta más concreción, aseguró que él no tenía mano para conseguir financiación y que era el exlíder del Ejecutivo, en su faceta de consultor, quien marcaba los pasos a seguir. El expresidente de Plus Ultra, por su parte, ha confirmado esta semana que entró en contacto con Martínez Martínez tras una conversación telefónica con el exdirigente socialista en la que el directivo le comentó la situación "límite" de la aerolínea. También que se pagó una comisión por éxito del 1% –alrededor de 530.000 euros– al llamado "Grupo Zapatero" confiando que el expresidente presionaría a su favor. Y que dicho dinero, ha insistido este miércoles el exCEO, se canalizó a través de varias empresas de Julito.Pero ninguno ha podido concretar mínimamente cómo y con quién se movió Zapatero. Ni los investigadores ni el trío de investigados ha sido capaz, por el momento, de aclarar a quién presionó el expresidente. No se hizo, vino a decir Martínez Sola, "seguimiento" alguno de sus gestiones. Esto último es importante. El tráfico de influencias, uno de los delitos más difíciles de investigar, castiga a quien influye sobre un funcionario o autoridad, o sobre alguien que pueda influir en ellos, prevaliéndose de una situación derivada de su relación personal o jerárquica con el fin de conseguir una resolución que le pueda generar un beneficio económico. Es más, solo el mero ofrecimiento para llevar a cabo este tipo de conductas está, aunque con menor dureza, penado.Se trata de un delito de mera actividad, por lo que ni siquiera es necesario que lo que se busca llegue a conseguirse. Y es extremadamente complejo de investigar o condenar. Lo sabe bien el expresident valenciano Francisco Camps, al que la Audiencia Nacional absolvió en 2024 del delito de tráfico de influencias en Gürtel. En la sentencia, los magistrados reconocían que no había prueba alguna de que el acusado hubiera ejercido "presión, sugestión, recomendación o insinuación alguna" en la conducta de una ex alto cargo en relación a las contrataciones relacionadas con la feria de turismo Fitur. Es más, resaltaron que no existía "documento, correo electrónico, grabación, interceptación o registro alguno" que acreditase "conversación alguna al respecto" con dicho ex alto cargo.También existen, no obstante, sentencias condenatorias por este delito pese al desconocimiento del funcionario concreto sobre el que se ha podido influir. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en el llamado caso Palau. Esa sentencia del Supremo recordaba que no solo tiene "influencia" quien es "autoridad o funcionario", sino "quien lo ha sido" o tiene peso en un partido. "Unos prefieren sobornar directamente al funcionario y otros acuden a un intermediario del partido, que es quien se encarga de 'convencer' a las personas que van a resolver", continuaba. Y sentenciaba que en ciertos contextos no es exigible "acreditar el concreto acto de influencia sobre específico funcionario en una determinada resolución".Los exdirectivos de Plus Ultra aseguraban en sus escritos que la comisión se satisfizo de dos formas. Alrededor de 69.000 euros fueron pagos en especie en forma de billetes de avión en business. Y 458.417 euros se canalizaron a través de tres sociedades vinculadas a Martínez Martínez. Todas ellas afincadas en España. De hecho, Julito desvinculó a Zapatero de las gestiones para poner en marcha una offshore en Dubái, otra de las piedras angulares de la acusación contra el expresidente del Gobierno. Una mercantil que, de hecho, dijo que nunca se llegó a constituir, pese a que infoLibre sí pudo constatar su creación.Con esta ronda de declaraciones concluida, el caso queda ahora en pausa a la espera de avances en la investigación. Para empezar, aún debe fijarse una fecha para la declaración como investigadas de la mano derecha de expresidente –su secretaria, Gertrudis Alcázar– y de sus hijas, cuya empresa de marketing Whathefav habría recibido en seis años 239.755 euros de Análisis Relevante, además de 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, sociedad con "escasos ingresos y un volumen muy elevado de gastos por trabajos realizados por otras empresas y servicios exteriores". Además, aún hay piezas separadas secretas y mucho material incautado en los registros pendiente de ser analizado por los investigadores.Antes del parón veraniego, el magistrado Calama también reclamó un "exhaustivo" informe sobre la "evolución de la propiedad" de la aerolínea, con la vista puesta en la influencia venezolana. También permitió a los investigadores de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que accedieran a decenas de cuentas bancarias, entre ellas las de la familia Zapatero. Unas diligencias de investigación financiera contra las que el expresidente interpuso un recurso de reforma que acaba de ser desestimado por el instructor, si bien todavía cabe apelación ante la Sala de lo Penal. Calama, del mismo modo, rechazó la pasada semana el intento del exdirigente socialista de anular la causa.La causa, de igual modo, está a la espera de que el expresidente ofrezca las explicaciones pertinentes sobre las joyas que los agentes de la UDEF encontraron durante el registro de su despacho, unas piezas que un peritaje encargado por el instructor valoró en 1,3 millones de euros y que han provocado su imputación también por contrabando y delitos contra la Hacienda Pública. Durante su declaración ante el instructor, hace ya más de dos meses, dijo que estaría en disposición de dar las explicaciones pertinentes en diez días. A finales de julio se le preguntó por ese mismo tema en una entrevista en TVE. Pero no quiso ofrecer demasiados detalles, alegando que las respuestas tenía que darlas en sede judicial, sin que en este caso hablara de tiempos concretos. “Hay que esperar", se limitan a decir a este diario fuentes de su entorno.