El magistrado que ha redactado el auto de medidas cautelares que ha dejado provisionalmente sin derecho al voto a medio millón de españoles –los que han adquirido la nacionalidad a través de la llamada ley de nietos– participó el 18 de abril de 2023 en una cena con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la que aireó el bulo de que el Gobierno de Pedro Sánchez podría servirse de la empresa Indra para organizar un pucherazo. Quien se creyó ese bulo difundido a través de internet y lo transmitió al líder de la oposición fue Antonio Narváez, exmagistrado del Constitucional a propuesta del PP y actual miembro de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo a propuesta del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial. El auto, que convierte, aunque sea provisionalmente, en ciudadanos de segunda clase y sin voto a los descendientes de exiliados del franquismo, aprecia también un riesgo de fraude electoral al considerar que su incorporación al censo supone "un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral".La decisión de dejar sin voto a todas esas personas, tomada a petición de los ultras de Vox y Iustitia Europa y obviando a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y a un Letrado de las Cortes, ha sido apoyada, además, por otros cuatro magistrados conservadores –Luis Díez-Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, José Luis Requiero y Manuel Delgado-Iribarren– y con la oposición de la progresista María Alicia Millán que ha formulado un voto particular discrepante en el que advierte de que las medidas acordadas privan a los afectados "de uno de los efectos más relevantes inherentes al reconocimiento de la nacionalidad española, cual es la participación en los procesos electorales". El autor del auto, Antonio Narváez, no solo es un jurista aupado a sus últimos cargos directa o indirectamente por el PP, sino que en esa cena con Feijóo de hace tres años largos –en la que participaron también otros juristas conservadores– expresó "a título personal" su deseo de que el líder del PP se convirtiera en presidente, además de sugerir un fraude en los resultados de los comicios de ese año a través de Indra, participada por el Estado. La noticia la publicó El País el 2 de mayo de ese año y la existencia de ese encuentro fue confirmada por el propio Feijóo. Durante la cena, que se produjo en el hotel Claridge de Madrid, Narváez, que acababa de salir del Constitucional tras cumplir su mandato de nueve años, criticó al Gobierno de Pedro Sánchez porque, a su entender deterioraba las instituciones, y entre ellas nombró el propio tribunal de garantías del que había formado parte y el Tribunal de Cuentas. "Incluso se habla de alguna industria, como Indra, que es la que controla informáticamente los procesos electorales", dijo sugiriendo un posible fraude en el recuento de votos como el que ahora, como magistrado del Supremo, aprecia con el proceso de concesión de la nacionalidad a descendientes de represaliados exiliados por el franquismo. La patraña sobre Indra y los supuestos pucherazos se difundió por redes sociales antes y durante las autonómicas y municipales y las generales de 2023. Algunas de sus versiones hablaban de 1,6 millones de votos sin contar y otras contenían frases como "Sánchez paga 40 millones a Indra por contar los votos electorales" con el objetivo de "amañar las elecciones". El portal de verificación Maldita.es desmintió varios de esos bulos y recordó que Indra no era la que contaba los votos, algo que corresponde a las mesas y, en última instancia, a la Junta Electoral. Sin embargo, todo un exmagistrado del Constitucional pareció habérselo tragado, según el diario de Prisa. Tres años después, con el apoyo de otros cuatro compañeros de Sala, alienta la posibilidad de otro supuesto fraude que, en su opinión, se podría ejecutar a través de la Ley de Memoria Democrática. Según la información sobre el encuentro de el hotel Claridge, Narváez explicó a Feijóo que tendría difícil corregir la "deriva" del Gobierno de Sánchez por "la red de araña" que estaría construyendo. Después preguntó al líder del PP por sus planes si llegara a presidir el Ejecutivo a lo que, según la noticia de El País, añadió: "Personalmente, digo que ojalá y ya me significo, ya no estoy en el Tribunal Constitucional y me puedo significar como ciudadano". El candidato a jefe del Ejecutivo que, según esa noticia, prefiere el magistrado Narváez, fue, precisamente, quien a principios de verano sostuvo públicamente que la la Ley de Memoria Democrática era "ingeniería electoral". "Como con los votantes actuales no le salen las cuentas, va a ver si fabricando votantes le salen", dijo el líder del PP de Pedro Sánchez.Dos años después, el 16 de septiembre de 2025, aupado de nuevo por los vocales a propuesta del PP del Consejo, tomó posesión de su nuevo cargo de magistrado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Desde su nuevo puesto no ha dudado en cargar contra sus excompañeros del órgano de garantías sin recibir una sola llamada de atención o queja disciplinaria en el órgano de gobierno de los jueces. Narváez llegó al Constitucional en 2014 en la tanda de nombramientos más directamente ligada a los partidos, la que corresponde al Gobierno, que entonces ocupaba Mariano Rajoy (PP).Durante su etapa en ese tribunal, Narváez fue recusado en febrero de 2021 para que no pudiera participar en la deliberación de los recursos contra las condenas del juicio del procés porque, durante una conferencia en Granada, había comparado la deriva independentista del nacionalismo catalán con el golpe de Estado del 23-F, manteniendo que el proceso soberanista era más grave que el asalto de Tejero al Congreso pistola en mano. La ponente de los recursos de amparo de los dirigentes independentistas condenados, Encarnación Roca, redactó una ponencia en la que aceptaba la recusación, planteada por el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. Varios de sus compañeros en el máximo intérprete de la Constitución consideraban que, con sus palabras, habría puesto en riesgo todo el proceso seguido sucesivamente en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y finalmente el Constitucional, en caso de que, contra la decisión de este último, se presentara un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Antes de que su salida fuera votada por sus colegas de tribunal, Narváez decidió abstenerse motu proprio.El magistrado conservador –nombrado, como el entonces presidente del TC, Pedro González-Trevijano, directamente por el partido en el Gobierno (el PP)– tuvo otra actuación muy polémica al final de su mandato, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez presentó una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que intentaba desbloquear la renovación de ambos miembros del órgano, ambos con el mandato caducado. El Ejecutivo recusó a los dos porque la reforma afectaba, precisamente, a su propia permanencia en el Constitucional. Sin embargo, tanto Narváez como González-Trevijano no se abstuvieron pese a estar directamente interesados en el asunto. Los dos, el presidente y Narváez, fueron clave para que el órgano tomara una decisión insólita en democracia: paralizar la tramitación parlamentaria de la reforma. Durante unas jornadas celebradas el pasado octubre, el magistrado conservador del Supremo afirmó que las funciones de los magistrados del Constitucional "necesitan ser reafirmadas en los tiempos actuales" y que la labor de los miembros del órgano de garantías, en ese contexto, exige "una dedicación como servidor público por encima de afiliaciones políticas". Narváez, fiscal de carrera, manifestó también su "incomprensión" ante ciertas sentencias del órgano del que formó parte hasta 2023. "Hay cosas que no entiendo en la actual doctrina del Constitucional", dijo, según recogió en su crónica Confilegal. "Por ejemplo, con la sentencia sobre la constitucionalidad de la ley de eutanasia, la personalidad jurídica del Mar Menor o la polémica que se está generando para poner trabas a las cuestiones prejudiciales", dijo. También criticó la "extralimitación" del TC al anular sentencias del TS como en el caso de los ERE. En definitiva, desgranó el discurso clásico del PP y la derecha judicial.