La crisis de Ceuta continúa más de un mes después y las palabras con las que el Gobierno la ha descrito han ido cambiando casi al mismo ritmo que evolucionaba la situación en la ciudad autónoma. Lo que durante las primeras horas fue presentado por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como una vulneración de la frontera y un ataque a la “integridad territorial” de España se convirtió después en una “crisis humanitaria”. Este miércoles, Sánchez utilizó en la entrevista en TVE un concepto procedente del lenguaje de la seguridad y la defensa para explicar lo sucedido: “ataques híbridos”.Ninguno de esos términos es equivalente, aunque el primero y el tercero están muy relacionados con el terreno de la seguridad del Estado. La crisis humanitaria, sin embargo, es la expresión que el Gobierno ha querido reforzar más para colocar en primer plano a las personas que cruzaron la frontera y quedaron atrapadas en una ciudad desbordada. El uso de cada uno de estos términos no ha sido completamente lineal. El Gobierno no ha ido abandonando una definición para sustituirla por otra, sino que en muchas ocasiones los tres conceptos han convivido. Incluso dentro de una misma intervención, Sánchez ha descrito Ceuta como una crisis migratoria y humanitaria y, al mismo tiempo, como un episodio del que España debe extraer lecciones para defenderse frente a futuras amenazas híbridas. La elección de las palabras dibuja así la complicada posición del Ejecutivo para referirse a una crisis con demasiadas aristas.La primera explicación ofrecida por el Ministerio del Interior cuando comenzaron las entradas masivas apuntaba a las redes dedicadas al tráfico de personas. El departamento de Grande-Marlaska defendió la cooperación con Marruecos para controlar la frontera a la vez que Rabat ofrecía una explicación prácticamente idéntica y responsabilizaba también a organizaciones criminales.El discurso del Gobierno español cambió apenas unas horas después. Durante su visita a Ceuta, Sánchez calificó lo sucedido como un ataque y una “violación de la integridad territorial de España”. Así, el Ejecutivo evidenciaba que lo que había ocurrido era considerado como un episodio que afectaba directamente a la soberanía española. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, utilizó después una formulación similar al hablar de un “ataque a la integridad territorial de España”.Esa “integridad territorial” es uno de los conceptos centrales de la soberanía de un Estado. La propia Constitución establece que una de las misiones de las Fuerzas Armadas es defender la integridad territorial de España. Un argumento que después ha utilizado la derecha para arremeter contra el Ejecutivo y anticipar una posible responsabilidad constitucional o penal.Una vez recuperado el control de la frontera y con el retorno voluntario de prácticamente el 90% de las personas que habían accedido a Ceuta, el problema territorial quedaba a un lado y pasaba a convertirse en crisis humanitaria. Miles de personas habían conseguido entrar en Ceuta y la ciudad debía atenderlas, alojarlas o gestionar su retorno. El sistema de acogida quedó sometido a una presión extraordinaria. La situación de los menores se convirtió en uno de los asuntos más delicados y las organizaciones humanitarias comenzaron a alertar sobre las condiciones en las que permanecían muchas de esas personas. En sus comparecencias, Sánchez comenzó a distinguir entre una primera fase, vinculada al control de la frontera, y otra marcada por el desafío humanitario y de gestión que suponía la permanencia de miles de personas en Ceuta. Lo que buscaba era trasladar el foco a las personas migrantes, sus condiciones de vida y la capacidad de las administraciones para garantizar sus derechos y atender sus necesidades básicas. Las organizaciones sociales habían utilizado ese marco prácticamente desde el principio. Entidades dedicadas a la atención de refugiados y migrantes reclamaron garantías en materia de asilo, protección de menores y respeto al principio de no devolución. También las instituciones europeas fueron incorporando progresivamente el componente humanitario a su discurso, aunque sin abandonar la insistencia en el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y en los retornos. El término “crisis humanitaria” terminó convirtiéndose en el más utilizado durante las primeras semanas tras la entrada. Entre la emergencia humanitaria y el posterior debate sobre las amenazas híbridas apareció además una definición jurídica mucho más concreta. El Gobierno declaró en Ceuta una “situación de interés para la Seguridad Nacional”, una figura prevista en la legislación española para crisis que requieren una coordinación extraordinaria entre diferentes administraciones y organismos del Estado. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y encargado por Sánchez para coordinar las distintas crisis de los últimos años, fue el designado para tomar el mando único.La decisión reforzó la dimensión de seguridad de la crisis, pero sin convertirla en una situación excepcional comparable a los estados de alarma, excepción o sitio. La ley de Seguridad Nacional permite movilizar y coordinar recursos ante crisis especialmente graves, pero mantiene los poderes ordinarios de las administraciones y no permite suspender derechos fundamentales.El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, había pedido ese mando único desde el primer momento y había insistido en que lo ocurrido no puede considerarse simplemente una crisis migratoria convencional. El dirigente conservador pidió al Ejecutivo central que se hiciera cargo y habló repetidamente de integridad territorial, advirtiendo de que la dependencia de Marruecos para garantizar el funcionamiento de la frontera dejaba a Ceuta en una posición especialmente vulnerable. Ahora, junto con Feijóo, se ha apuntado al discurso más ultra.El siguiente paso para definir la situación en Ceuta llegó cuando Sánchez comenzó a situar lo sucedido dentro de un fenómeno más amplio: los denominados “ataques híbridos”. En el Congreso, Sánchez defendió la necesidad de que España esté preparada para afrontar nuevas amenazas que no responden al modelo convencional de un ataque militar. Posteriormente, el miércoles, en la entrevista en TVE, utilizó Ceuta como ejemplo de esos ataques frente a los que el Estado debía reforzar sus capacidades.El concepto procede del lenguaje de la seguridad internacional y se utiliza para describir acciones que combinan diferentes instrumentos de presión sin llegar necesariamente a un enfrentamiento militar abierto. Puede incluir ciberataques, campañas de desinformación, sabotajes, presión económica o diplomática y también, en determinadas circunstancias, la instrumentalización de movimientos migratorios. Este elemento aparece, además, una vez que se conocen informes del papel que han tenido las redes sociales en la entrada.Para hablar propiamente de instrumentalización de la migración no basta con que un gran número de personas cruce una frontera ni con que actúen redes criminales. Tiene que existir una intención de utilizar esos movimientos para presionar o desestabilizar al país receptor. Y ahí se encuentra la cuestión que el Gobierno sigue dejando abierta: si Ceuta sufrió un ataque híbrido, ¿quién estaba detrás?El presidente del Gobierno ha sostenido hasta la fecha que no dispone de pruebas suficientes para acusar al Estado marroquí de haber organizado deliberadamente la entrada masiva. El Ejecutivo sí ha admitido que durante algunas horas el control ejercido por las autoridades marroquíes sobre su lado de la frontera fue insuficiente, pero ha insistido en que esa circunstancia no demuestra por sí sola que Rabat diseñara o ejecutara una operación contra España.Rabat, por su parte, mantiene desde el inicio una interpretación bastante diferente a la de quienes hablan de guerra híbrida. Las autoridades marroquíes han atribuido las entradas a organizaciones criminales y redes de tráfico de personas y niegan que hubiera una decisión política de facilitar deliberadamente el paso hacia Ceuta. A medida que en España han aumentado las acusaciones contra Marruecos, su Gobierno ha endurecido también el lenguaje y ha denunciado los intentos de convertir al país en “chivo expiatorio” de una crisis española, como lanzaron este jueves a través de un comunicado.La prudencia del Ejecutivo contrasta con el lenguaje de sus adversarios. El Partido Popular ha utilizado una terminología más dura y ha situado desde el principio el comportamiento de Marruecos en el centro de sus críticas. Alberto Núñez Feijóo ha hablado de una “invasión”, ha reclamado una defensa más contundente de la frontera y ha planteado que lo ocurrido puede encajar en una estrategia de guerra híbrida. Vox, por su parte, ha llevado ese marco aún más lejos. Su líder, Santiago Abascal ha definido los acontecimientos como una “invasión” y un “acto de guerra” promovido por Marruecos.El término “invasión” introduce así un significado distinto de todos los anteriores. No describe únicamente una vulneración de la frontera, sino que convierte a las propias personas que cruzan en el sujeto de la amenaza. De ahí que sea una expresión especialmente contestada por la izquierda y por las organizaciones sociales, que consideran que transforma a los migrantes en agresores cuando muchos de ellos pueden haber sido precisamente utilizados por otros actores.También dentro de la izquierda existen diferencias sobre el papel desempeñado por Rabat y el lenguaje que tienen que emplear para describir lo que está sucediendo. Sumar y dirigentes de Izquierda Unida han señalado directamente la responsabilidad marroquí y han considerado poco creíble desligar completamente al país vecino de lo sucedido.Pero su vocabulario sobre las personas que cruzaron la frontera es radicalmente distinto al utilizado por PP y Vox. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha insistido en hablar de crisis humanitaria y ha rechazado la utilización del término “invasión”. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, formuló una advertencia dirigida a los suyos: “Ante el reto migratorio no sirven ni la criminalización de unos ni la negación de otros”, dijo.Podemos, por su parte, ha mantenido una posición crítica con esos términos, aunque al mismo tiempo ha acusado a Marruecos de utilizar a personas vulnerables como instrumento de presión. Para buena parte de la izquierda y de las organizaciones humanitarias, precisamente una de las características de la instrumentalización migratoria consiste en utilizar a personas vulnerables como herramienta dentro de un conflicto que también involucra a otros países como Estados Unidos e Israel.