Las dudas sobre el papel de Marruecos en la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta han estado sobre la mesa desde el primer momento. No solo a nivel político, sino también judicial. Buena prueba de ello es el auto con el que la Audiencia Nacional se ha declarado competente para investigar unos hechos que podrían ser constitutivos de organización criminal y delitos contra la paz e independencia del Estado y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros –en conexión con los de homicidios imprudentes–. La resolución apunta sin ambages hacia el reino alauita. Sin embargo, investigar o juzgar en nuestro país a responsables de terceros Estados suele ser tarea imposible. Fundamentalmente, por la falta de colaboración.La titular del Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, María Tardón, se apoya en gran medida en el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF), organismo integrado en la Comisaría General de Extranjería. dependiente de la Comisaría General de Extranjería de la Policía Nacional. "Se ha evidenciado una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos", resalta la resolución. Y en base a las imágenes y vídeos aportados por el CNIF –alguno de los cuales ha sido cuestionado por organizaciones de factchecking– pone el foco en la actitud de los diferentes miembros uniformados de las Fuerzas de Seguridad del país vecino.La magistrada habla de "permisividad" policial al no registrarse "ninguna tentativa seria de tratar de reducir, dispersar o alejar a la masa de personas del perímetro fronterizo". Pero no solo eso. También de "guiado activo" de los uniformados, dirigiendo a las personas a los lugares por los que "llevar a cabo el cruce" y "organizando" el acceso a la "zona" que conduce a la Playa Fnideq. Y de la "interacción" de los gendarmes con otros "individuos dinamizadores de la masa", los cuales guiaban "los movimientos e itinerarios" de unos inmigrantes que, frente a las cámaras de televisión, relataron "de forma prácticamente unánime" la "actitud pasiva" de los "efectivos policiales" del Reino de Marruecos.La causa se encuentra todavía en un estado muy incipiente. Aún no se ha tomado declaración a nadie en sede judicial. Ni hay, formalmente, investigados. La magistrada instructora, por el momento, ha acordado admitir en el procedimiento como perjudicados al Estado y la ciudad autónoma. Y ha librado oficio al Ministerio de Presidencia para que "remita copia autenticada" de los informes y comunicaciones desclasificados. Es el punto de partida de una investigación judicial que, no obstante, tendrá muy difícil ahondar en el papel jugado por las autoridades marroquíes en la entrada masiva de finales de julio. O llevar a juicio a sus responsables en caso de que existan pruebas suficientes contra ellos.Para empezar, la única información sobre la entrada cuya remisión la magistrada puede dar como segura es la de las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españolas. Si se quieren tener datos del otro lado de la frontera, la instructora deberá solicitárselos al país vecino. Su envío dependerá de la voluntad que tenga Marruecos de colaborar con la investigación de la Audiencia Nacional. Y de hacerlo aportando, además, información en materia de seguridad, extremadamente sensible y que los gobiernos suelen ser reacios a compartir con terceros países. Una cooperación que parece improbable, además, si el país vecino propició de algún modo la crisis migratoria en la ciudad autónoma.Abundan los ejemplos. La falta de colaboración ha metido en un cajón la investigación judicial por el espionaje con el spyware Pegasus de los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Agricultura o Interior. Para indagar en esta infección, que se produjo en medio de una fuerte tensión diplomática con Marruecos –que, precisamente, utiliza este programa de espionaje–, el magistrado José Luis Calama remitió una comisión rogatoria a Israel para recibir testifical del CEO de NSO Group, propietaria de dicho software, y para que la compañía aportase determinados datos. Entre otros, si sería capaz de identificar al autor de una infección. Las autoridades israelíes nunca respondieron. De hecho, no dieron ni acuse de recibo. Y al magistrado no le quedó más remedio que archivar.Aún más difícil, si cabe, lo tendrían los tribunales españoles en el hipotético caso de que lograran acumular suficientes indicios como para sentar en el banquillo, por ejemplo, a agentes o responsables de las Fuerzas de Seguridad marroquíes. Ahí, de nuevo, la causa volvería a meterse en un callejón sin salida. Habría que cursar una petición de entrega. Y el acuerdo de extradición de España con Marruecos establece que la misma no se acordará respecto a los ciudadanos de ambos Estados. No obstante, por vía diplomática o a través del Ministerio de Justicia se podría pedir al país vecino que juzgue él mismo a sus nacionales, algo improbable si quienes están acusados son sus gendarmes o cargos en materia de seguridad.Otra posibilidad es que se cursaran órdenes internacionales de detención, lo que obligaría a los encausados a moverse con cuidado fuera de territorio marroquí. Ya lo hizo en 2015 el magistrado Pablo Ruz, que entonces llevaba las riendas del Juzgado de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, cuando procesó a más de una decena de altos cargos marroquíes por un delito de genocidio contra el pueblo saharaui entre 1975 y 1992. Una causa que ejemplifica a la perfección lo difícil que resulta investigar y juzgar este tipo de casos. La querella se interpuso a finales de 2006. Nueve años después, se dictó auto de procesamiento. Y dos décadas más tarde, según confirman fuentes judiciales a infoLibre, el caso se encuentra archivado.