La amenaza de una nueva ola reaccionaria capaz de poner en jaque los avances feministas consolidados ya no es una sombra remota e intangible. El eco que llega de otras regiones del mundo resulta ya ensordecedor y las encuestas no parecen augurar un futuro sereno para las mujeres, tampoco en suelo español. Ante un desafío que es global, la pregunta de cómo conservar los derechos adquiridos cobra protagonismo.Primavera de 2023. Giorgia Meloni apenas llevaba unos meses en el poder, pero sus políticas empezaban a significarse como lo que verdaderamente eran: un peligro para las mujeres, la clase trabajadora y los colectivos vulnerables. Entonces, la dirigente lanzó una ofensiva contra las mujeres lesbianas, impidiendo en la práctica la filiación de sus hijos. La Corte Constitucional tumbó la medida el año pasado, pero las mujeres no han dejado de contener la respiración ante las posibilidades de retroceso.La victoria ultra en el estado federado alemán de Sajonia-Anhalt, la ofensiva estadounidense contra el aborto y las encuestas que pronostican un crecimiento sin precedentes de la extrema derecha en nuestras fronteras lanzan un imperativo: la urgencia de preservar las conquistas y la necesidad de no renunciar a otras nuevas.Así lo entiende Justa Montero, activista feminista. "No se trata de proteger lo que ya tenemos, porque no todas las mujeres y disidencias sexuales tienen acceso a la igualdad de la que algunas disfrutan, sino de seguir con el foco amplio, aspirar a conseguir que todas las mujeres puedan vivir dignamente", asiente al otro lado del teléfono. Montero cree importante avanzar no tanto desde la reacción, sino manteniendo "un horizonte de más conquistas, abriendo nuevas brechas por difícil que pueda ser el nuevo contexto internacional". Pero llegar a ese punto requiere trabajo previo. Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, se reconoce escéptico ante la posibilidad de blindar derechos si la extrema derecha roza el poder. "No tenemos ninguna posibilidad", lamenta en conversación con este diario. Pero introduce un matiz: "Salvo que haya un proceso de toma de conciencia sobre lo que se nos viene y no ganen las elecciones". Al mismo punto llega Kika Fumero, activista feminista y miembro de la red europea Eurocentralasian Lesbian Community. "Una manera de proteger nuestros derechos es el voto", opina. "Nuestro principal reto es movilizar lo máximo posible a la izquierda, porque hay muchos derechos amenazados".Lorente cree que la movilización solo será posible si las posiciones progresistas y feministas son capaces de dar la batalla cultural. "La izquierda ha permanecido siempre muy ajena a todo eso", lamenta el experto, pero es necesario "plantear por qué la ultraderecha es capaz de exponer sus ideas con ese nivel de exhibicionismo sin que tenga un coste social". En el mismo punto de partida se sitúa Montero. "Todos los ataques a las condiciones materiales de las mujeres están íntimamente ligados a las batallas culturales", reflexiona, e introduce la importancia de no caer "en los marcos discursivos de la derecha y la extrema derecha", especialmente cuando se atrincheran en una defensa ficticia de las mujeres como pretexto para justificar su retórica "imperialista y racista", como ocurre ahora en Ceuta y sucedió ya con Afganistán. La tarea es compleja y el telón de fondo descorazonador: actualmente el 46,1% de los jóvenes no se considera feminista y el 15,5% no tiene una respuesta clara. Cerca de la mitad (49,2%) percibe el feminismo como una herramienta de manipulación política.Hace cerca de un año, el Ministerio de Igualdad planteaba la posibilidad de introducir el aborto en la Constitución. "Viene un recorte drástico de nuestros derechos", advertía la ministra en octubre del año pasado. "En el momento en que la extrema derecha llega a los gobiernos, es lo primero a lo que se dedica: a intentar limitar, reducir y recortar los derechos", insistía precisamente en relación con el aborto. El pasado mes de abril, el proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros. La Comisión Constitucional del Congreso ha prorrogado el último plazo de enmiendas hasta el próximo 16 de septiembre, pero la iniciativa sigue encallada y lastrada por la oposición del Partido Popular y Vox. Lo que se dibujó como una urgencia contra el avance reaccionario, no deja de demorarse.Los expertos son escépticos ante este tipo de iniciativas. "Llevarlo todo a la Constitución es dar por perdida la batalla principal: que la sociedad sea consciente de su importancia", asiente Lorente. "Las instituciones de izquierdas no están haciendo mucho y blindar los derechos es difícil, porque las leyes pueden tumbarse", coincide Fumero. En contraposición, la activista confía en el músculo de las calles. Recuerda el Tren de la libertad, capaz de frenar las pretensiones antiabortistas de Alberto Ruiz-Gallardón en 2014, pero también las grandes movilizaciones que en 2018 dieron pie a la primera gran huelga feminista. En el primer caso, fue la movilización social la que contuvo la ofensiva. Pero Lorente cree que la coyuntura puede ser distinta esta vez. La alianza entre la derecha y la extrema derecha se ha demostrado especialmente hábil a la hora de vaciar de contenido las políticas públicas, incluso sin necesidad de derogarlas del todo. Basta con alterar nomenclaturas, recortar presupuestos o mermar recursos, como ya ha sucedido en gobiernos autonómicos y municipales. El Gobierno aragonés (PP-Vox) ha decidido renunciar a los fondos estatales específicos contra la violencia de género, al eliminar deliberadamente el concepto de su línea de ayudas y sustituirlo por "violencia intrafamiliar". En Valladolid, la alianza ultra acaba de recortar las ayudas para el acceso a la vivienda dirigidas a víctimas de violencia machista, siguiendo la misma fórmula, algo similar a lo que ya había sucedido en territorios como València o Maracena (Granada). Y hace tres años, los pactos municipales de la derecha y la ultraderecha derivaron en la desaparición generalizada de las concejalías de igualdadSiguiendo esa estela, es posible que la extrema derecha juegue más a "resignificar y desvirtuar las leyes, no tanto a eliminarlas", de manera que la "sociedad no responda de forma tan inmediata como con el aborto". La clave, agrega el experto, consiste en "trabajar desde posiciones feministas y progresistas para que no suceda". En el año 2024 nació el movimiento My voice, my choice. Con la mirada puesta en los países europeos menos garantistas para las mujeres, la iniciativa buscaba convertir el acceso al aborto en una cuestión de solidaridad europea, facilitando el desplazamiento entre Estados miembros para ejercer el derecho. Fue, esencialmente, una manera de tejer redes ante un escenario regresivo común."Tenemos enfrente a un internacionalismo del terror, de la deshumanización y de la destrucción", así que hoy "más que nunca" el feminismo debe trabajar en alianzas internacionales, sostiene Montero. La activista retrocede de nuevo a las grandes movilizaciones del 8M. "El feminismo siempre ha apostado por el internacionalismo en el sentido amplio del término y las huelgas demostraron esa fuerza". Fumero, quien estuvo presente en los orígenes del movimiento internacional en defensa del aborto y quien sigue trabajando ahora en una red europea de mujeres lesbianas, coincide en que el activismo feminista debe seguir "organizándose a nivel internacional para poner en común estrategias y frenar conjuntamente a la ultraderecha", algo que solo será posible creando también "redes de autofinanciación propias". También el exdelegado cree fundamental, "al margen de la escenificación, contar con puntos de encuentro". Precisamente, completa Montero, porque eso es lo que quiere eliminar la ultraderecha: lo común. "En su proyecto hay algo que apunta al corazón de la propuesta feminista: el ataque al espacio social, el lugar donde se establecen los vínculos, donde se participa y donde se articulan las propuestas".