El desahucio de Maricarmen se produjo este miércoles poco antes de la una de la tarde. La mujer, de 87 años, llevaba siete décadas viviendo en el número 46 de la madrileña calle Alcalde Sáinz de Baranda. La comisión judicial ejecutó finalmente el cuarto intento de desahucio mientras decenas de personas, entre ellas varios diputados, protestaban tras el cordón policial. La propietaria del inmueble, Urbagestión, había rechazado las últimas alternativas planteadas para evitarlo.La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aseguró que su departamento había tratado de adquirir la casa y acusó a la Comunidad de Madrid de ofrecer una “alfombra roja” a los inversores. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso replicó que había ofrecido dos veces una plaza residencial a Maricarmen y acusó al Gobierno central de no haber resuelto el problema. La Delegación del Gobierno recordó, además, que el despliegue policial respondía a un mandato de la comisión judicial.Pero mientras el PSOE dirigía buena parte de sus reproches hacia el Partido Popular y la Comunidad de Madrid, varios de sus aliados cargaban también contra el Gobierno central, recriminando su inacción y exigiendo medidas más contundentes frente a la crisis de vivienda. El caso de Maricarmen ha servido para reactivar las exigencias de recuperar las medidas que el Congreso rechazó en abril –que permitían prorrogar hasta dos años determinados contratos de alquiler y limitaban al 2% algunas actualizaciones de renta– y para acelerar el nuevo decreto que PSOE y Sumar llevan meses negociando. El texto de abril decayó con los votos de PP, Vox y Junts y la abstención del PNV. Los aliados del Ejecutivo recriminan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asegurara que esta iba a ser la “legislatura de la vivienda” y comprometiera construcción o puesta a disposición de 180.000 viviendas asequibles. En septiembre del pasado año volvió a incidir en la misma idea en una entrevista en TVE, en la que añadió además que pretendía convertir la vivienda en el “quinto pilar” del Estado del bienestar.Desde aquel compromiso, el balance no puede resumirse en que el Gobierno no haya hecho nada. El Ejecutivo aprobó en abril el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, de los cuales al menos un 40% debe destinarse a incrementar el parque público mediante construcción o adquisición. El Estado aporta el 60% de la financiación y las comunidades autónomas, el 40% restante.También ha puesto en marcha Casa 47. Sánchez presentó este mes su primer portal con 800 viviendas disponibles y anunció la próxima incorporación de otras 1.500. Moncloa sostiene, además, que se han “movilizado” más de 120.000 viviendas de alquiler asequible. Una oferta limitada en un mercado marcado, por un lado, por la desinversión de algunos gigantes del sector, que ha sumido a muchos inquilinos en la incertidumbre, y, por otro, por la entrada de otros actores que buscan hacer caja apostando por el alquiler temporal como forma de esquivar las restricciones de precios que permite la Ley de Vivienda.Más allá de las promesas del Gobierno, a su izquierda consideran que no ha hecho lo suficiente. Y citan como ejemplo que hace sólo ocho días el Congreso, con la abstención de los socialistas, rechazara iniciar la tramitación de una proposición de ley de Sumar destinada a impedir, con excepciones, la compra de vivienda por personas jurídicas. Su alcance iba, por tanto, más allá de los llamados fondos buitre y establecía excepciones para determinados actores sociales y entidades sin ánimo de lucro. PP, Vox y Junts se opusieron, mientras PSOE y PNV se abstuvieron. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha sido un interlocutor imprescindible con el PSOE y artífice de algunos de los grandes avances del Ejecutivo en este final de la legislatura. Pero también una de las voces más críticas. Y este miércoles exigió cumplir de inmediato el acuerdo alcanzado dentro de la coalición para aprobar un nuevo decreto de vivienda y reclamó que llegue al Consejo de Ministros del próximo martes, al igual que su compañera Mónica García. Sumar defiende aprobarlo y llevarlo al Congreso aunque no estén garantizados los votos, una estrategia con la que busca, de nuevo, trasladar la presión pública a PP, Vox y Junts.El texto negociado durante el verano entre PSOE y Sumar contempla una prórroga de hasta dos años para determinados contratos que vencen hasta junio de 2028 y la regulación de los alquileres temporales y por habitaciones para tratar de evitar que se utilicen como vía para eludir las normas del alquiler habitual. Las negociaciones incorporaron también incentivos fiscales para propietarios, una de las cuestiones con las que el Gobierno trataba de atraer a Junts, pero que no convencen a otras formaciones como la propia Sumar o Podemos.Dentro del propio espacio de Sumar, el portavoz adjunto del grupo y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, reclamó este miércoles que el Gobierno expropie la vivienda de Maricarmen y se la devuelva para que pueda seguir residiendo allí. Añadió que, si Rodríguez no es capaz de hacerlo, debería dimitir. Ibáñez apeló además al ejemplo de Berlín y planteó “socializar” viviendas en manos de grandes fondos. A nivel jurídico, la Constitución no prohíbe la expropiación, pero la condiciona. El artículo 33 exige causa justificada de utilidad pública o interés social, indemnización y sometimiento a la ley. La Ley de Expropiación Forzosa exige además una declaración previa de utilidad pública o interés social y un procedimiento específico. Más Madrid ha entrado también en ese terreno. Su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, reclamó expropiar viviendas de fondos y grandes “acaparadores” que, según su formación, las utilizan con fines especulativos. En IU, el diputado Enrique Santiago calificó de “absolutamente impresentable” que las administraciones no garanticen el acceso a una vivienda y reprochó al PSOE que no respaldara la proposición contra la compra por parte de fondos.Pero si hay una figura que ha sido especialmente contundente es Ada Colau, que en los últimos días ha vuelto a la escena mediática sin descartar jugar un rol importante en las próximas generales. La exalcaldesa de Barcelona y referente de los comunes pidió este miércoles a los partidos del espacio de Sumar que abandonen el Gobierno si el PSOE continúa bloqueando políticas de vivienda que considera suficientemente ambiciosas. Reclamó que el desahucio sea un “punto de inflexión” y advirtió que “si el PSOE no está dispuesto, que quede claro que se queda solo”.Colau no es ministra ni habla en nombre del conjunto de las formaciones que integran el espacio, pero verbaliza lo que otras voces han planteado en algunos momentos de la legislatura, entre ellas la del diputado de Más Madrid, Emilio Delgado. Una de las preocupaciones que atenazan al espacio es la dificultad para ser percibido como una opción distinta al PSOE y el temor a que eso acabe pasándole factura en las urnas.El principal argumento de este sector es que estar en el Gobierno solo tiene sentido si permite modificar políticas sustanciales. Y creen que la vivienda es ahora el ejemplo más claro, por lo que si el socio mayoritario impide avanzar en esos asuntos, permanecer en el Consejo de Ministros empieza a tener más costes que beneficios.Al margen de la coalición, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, aseguró este miércoles que “la vivienda arrasará a este Gobierno”. “Se lo hemos comentado muchas veces al presidente del Gobierno”, añadió. Y recordó que su formación, junto a EH Bildu, lleva meses reclamando dos medidas muy concretas: prorrogar los contratos de alquiler que vencen y reforzar la prohibición de desahucios para personas vulnerables. En marzo exigió que ambas figuras entrasen en el decreto aprobado entonces por el Ejecutivo.Podemos va más lejos. Su formación ha defendido reducir por ley un 40% el precio de los alquileres y expropiar viviendas a grandes propietarios para incorporarlas al parque público. Esas propuestas fueron rechazadas la semana pasada en el Congreso, con la abstención de PSOE y Sumar.El BNG también ha defendido medidas como la prórroga de contratos, la contención de los precios del alquiler, el aumento del parque público y una mayor utilización del patrimonio residencial de la Sareb.