Maricarmen Abascal (87 años) ha sido desahuciada este miércoles de la casa en la que vivió durante 70 años. Nunca dejó de pagar el alquiler, pero su casa la compró en 2018 el holding inmobiliario Renta Corporation y después la empresa Urbagesa Desarrollo e Inversión, que le pidió una mensualidad de 2.062 euros para poder quedarse. Ella tenía un contrato de renta antigua de 500 euros que la empresa impugnó en un juzgado y ahí comenzó su penitencia. A la puerta de su casa la esperaba el Samur Social para llevarla al hospital Gregorio Marañón, tras los momentos de tensión vividos durante el lanzamiento. Una residencia de ancianos es “la única alternativa” que parece poner sobre la mesa el Ayuntamiento, relata su abogada, Beatriz Duro. “Lo que ofrecen hoy es una solución de emergencia y temporal, que suele ser una residencia", explica a infoLibre.Este desahucio se ha convertido en uno de los más mediáticos porque su caso reúne todos los ingredientes que definen la actual crisis de vivienda. Una inquilina que pagaba escrupulosamente la renta acordada, una empresa que adquiere un inmueble como inversión y un marco legal que permite que sea desahuciada sin alternativa habitacional.“Vivimos en una ciudad gobernada por y para el rentismo. Responsabilizamos a Ayuso por este desahucio porque gobierna para los fondos buitre, pero también al Gobierno. Tenemos un Gobierno que se dice progresista y hoy nos preguntamos dónde está ese Gobierno”, resumió en una intervención al pie del portal de Maricarmen, Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid.En la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, no se aplica el mecanismo de la ley de vivienda que permite topar los precios declarando zonas tensionadas. Por otro lado, la moratoria que protegía frente a determinados desahucios a personas vulnerables decayó en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts. Con una declaración de zona tensionada, una subida de precio de más de 200% no se habría podido aplicar en determinadas circunstancias, confirma la abogada de CAES Alejandra Jacinto. Sin embargo, puntualiza que, en el caso de Maricarmen, al haberse impugnado judicialmente su contrato de renta antigua y haberse declarado extinguido, ella podía haber sido desahuciada igualmente. Las limitaciones sí habrían condicionado el precio que podría exigirse a un nuevo inquilino en un nuevo contrato. Este sería un entorno legislativo menos atractivo para la especulación inmobiliaria; sin embargo, las políticas regionales van en otro sentido. Ayuso inauguró este martes la feria de inversión inmobiliaria The District, que se celebra por primera vez en la capital y dejó clara la línea que defiende. La presidenta recibió a los inversores inmobiliarios con un “bienvenidos a Madrid, bienvenidos a su casa” y añadió que “a Madrid se viene a prosperar en paz: a ser propietario, a ser empresario, a ser inversor...”.Desde la Comunidad, en declaraciones a infoLibre, eluden responsabilidades en el caso de Maricarmen: “La vivienda en cuestión no pertenece a la Agencia de Vivienda Social, por lo que la Comunidad de Madrid no puede disponer de ella ni decidir sobre su uso. No podemos adjudicar una vivienda que no es de nuestra propiedad ni saltarnos los procedimientos establecidos”. Como alternativa, señalan que “si cumple los requisitos” podrá solicitar una vivienda social “como ocurre con cualquier ciudadano que lo necesita”, concluyen desde el área regional de Vivienda."El Sindicato de Inquilinas de Madrid señala la inacción del Gobierno autonómico de Ayuso para ofrecer una alternativa habitacional", recoge la agrupación sindical en un comunicado emitido en la tarde del miércoles, donde también apuntan al Gobierno por tener "en un cajón" el real decreto ley de vivienda. En la misma línea, Pablo Padilla, de Más Madrid, acusaba a los gobiernos regional y municipal de alentar la especulación y señalaba que el desahucio se estaba produciendo “mientras Ayuso y Almeida compadrean con los fondos buitre en The District”. En el lado socialista, su portavoz, Patxi López, ponía el acento en lo mismo y se defendía de las acusaciones hacia el Gobierno por no avanzar en el decreto, señalando que el Ministerio de Vivienda, “pese a no tener competencias”, había intentado comprar la casa. Por parte del Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida ha realizado unas declaraciones señalando que se le ofrecerá a Maricarmen un alojamiento “inmediato”. Sin embargo, el Sindicato de Inquilinas niega que se le hayan ofrecido alternativas previamente. infoLibre ha preguntado al Consistorio por las opciones que se le ofrecen ahora y las que se le han dado previamente, pero no ha recibido respuesta hasta el momento.La empresa pública de vivienda, Casa 47, trató de adquirir el inmueble o de negociar un alquiler que Maricarmen pudiese pagar, pero no obtuvieron una respuesta por parte de la empresa. Fuentes de vivienda señalan que llevan desde junio tratando de llegar a un acuerdo con la propiedad, pero que esta se ha negado a mantener un diálogo. Explican que Maricarmen aceptó la mediación de Casa 47, que, tras varios intentos, logró contactar con la abogada de Urbagesa. En ese momento se iniciaron las negociaciones y se propuso a la compañía que la mujer pagase un alquiler de 1.000 euros, de los cuales ella abonaría 600 euros y los 400 euros restantes saldrían de los fondos del Plan Estatal de Vivienda que el Gobierno transfiere a las comunidades, en este caso a Madrid. Sin embargo, la oferta no recibió respuesta de los propietarios.Las mismas fuentes señalan que siguieron insistiendo. Tras varias llamadas, la representante de Urbagesa les trasladó en agosto que no aceptaban la oferta. Tampoco propusieron otra cifra y afirmaron que “no se fiaban” de Maricarmen ni del Sindicato de Inquilinas y que ningún dinero les compensaría el daño a su reputación. Los últimos contactos fueron este martes, cuando la entidad intentó mediar de nuevo después de que una donante anónima se ofreciese a sufragar el alquiler de Maricarmen. La respuesta fue de nuevo una negativa.Los representantes del sindicato confirman que la actitud de la empresa ha sido siempre contraria a llegar a un acuerdo. De hecho, cuando la comisión judicial accedió al piso este miércoles, intentaron negociar de nuevo apoyándose en la oferta que la donante anónima había hecho, pero sin éxito.El resultado son las crudas imágenes que se han sucedido a lo largo del día. Primero, con la actuación policial desalojando a la prensa de las inmediaciones y a los manifestantes de la calle; después, con el Samur Social llevándose a Maricarmen en una camilla hacia el hospital mientras los manifestantes permanecían en la zona gritando consignas de apoyo.Las protestas han seguido a lo largo de la tarde con una concentración frente al ático de lujo de 6,3 millones en el barrio de Chamberí que la presidenta de la Comunidad de Madrid adquirió, sin especificar para qué fin, y que terminó siendo puesto de nuevo a la venta unos días más tarde tras una fuerte polémica. También se han replicado en otras ciudades como Barcelona, Málaga, Sevilla, Cádiz u Oviedo.