En 2012, la Generalitat de Catalunya activó una de las mayores operaciones inmobiliarias de su historia reciente y traspasó una treintena de edificios históricos para, esencialmente, ganar tiempo. Los apuros económicos que atravesaba la administración catalana era profundos y diversos y ello llevó al Govern de Artur Mas a recurrir a distintas fórmulas, algunas más imaginativas que otras, con el fin de llevar dinero a la caja. De los llamados bonos patrióticos’ a recortarle una paga extra a los funcionarios, pasando por la privatización de la gestión del agua que beben parte de los habitantes del área metropolitana de Barcelona. Una operación fallida que le ha acabado costando unos 492 millones de euros a la administración catalana, según los últimos cálculos de la actual conselleria de Economia. Seguir leyendo....