El 19 de mayo de 2021, con España y Marruecos en la peor crisis diplomática en años por la hospitalización del líder saharaui Brahim Ghali, alguien extrajo 2,57 gigabytes de información del móvil de Pedro Sánchez. No era la primera vez: el mismo teléfono ya había sido infectado en octubre de 2020, meses antes de que estallara la crisis. El Gobierno tardó casi un año en confirmarlo y, cuando lo hizo, evitó cuidadosamente señalar a nadie por el ataque.La confirmación llegó el 2 de mayo de 2022, cuando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, compareció de urgencia para anunciar que el CNI había detectado el software espía Pegasus en los teléfonos de Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Habló de intervenciones "ilícitas y externas" y llamó a evitar las conjeturas sobre su autoría. Análisis posteriores ampliaron la lista a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, y a Luis Planas, de Agricultura.Ese mismo 2 de mayo la Abogacía del Estado denunció los hechos ante la Audiencia Nacional. El magistrado José Luis Calama abrió diligencias por descubrimiento y revelación de secretos y remitió a Israel una comisión rogatoria con diez preguntas muy concretas para NSO Group —entre ellas, si la empresa puede determinar qué cliente causó una infección concreta, o a quién le ha vendido el programa en España—. Israel no respondió nunca, ni a esa comisión ni a las tres reiteraciones posteriores. El 10 de julio de 2022, apenas dos meses después de abrirse el caso, Calama acordó el primer archivo provisional "por falta de autor o autores conocidos". No fue la primera vez que la Audiencia Nacional tuvo que cerrar una investigación después de que las autoridades israelíes se negaran a contestar a sus pesquisas. Como publicó infoLibre en exclusiva, Israel accedió, a través de sus abogados, a información confidencial en el caso del cabo del Ejército Francisco Javier Soria Toledo, fallecido en un bombardeo israelí cuando estaba desplegado en el Líbano. En aquella ocasión, las autoridades del Estado hebreo desoyeron hasta tres solicitudes de la Audiencia Nacional, que también terminó archivando el caso. El procedimiento de Pegasus se reabrió el 23 de abril de 2024, no por ningún avance ni respuesta desde Israel, sino por una orden europea de investigación remitida por un juez de París que instruye desde 2021 una causa parecida en Francia, donde entre las víctimas también hay ministros y diputados. Francia aportó sus propios indicadores técnicos para compararlos con los españoles, y el cruce arrojó un dato concreto: una misma dirección de correo aparece tanto en las infecciones de Marlaska y Robles como en los teléfonos analizados por los franceses.A pesar de ello, el CNI no ha determinado quién está detrás de esa cuenta, y concluyó en sus informes que la coincidencia de infraestructura no basta para "precisar relación alguna" entre los responsables de uno y otro ataque. Con ese callejón sin salida, el pasado enero el juez volvió a archivar la causa, otra vez por falta de autor conocido, en lo que el propio auto describe como "impotencia investigadora".La coincidencia temporal entre el ataque y la crisis diplomática entre Marruecos y España, así como el uso acreditado de Pegasus por parte del régimen de Mohammed VI para espiar a objetivos políticos, instauró rápidamente en la opinión pública la teoría de la responsabilidad de Marruecos. El asalto masivo a la frontera de Ceuta que tuvo lugar en esas fechas también contribuyó a apuntalar la idea, pero, como ha vuelto a ocurrir con la reciente crisis de la ciudad autónoma, el Gobierno rechazó de plano señalar ni pedir explicaciones, al menos en público, a Rabat. Tras los episodios de Ceuta, la posibilidad del chantaje ha vuelto al debate público, pero esta vez ha dejado de ser patrimonio exclusivo de la oposición. Ahora, Podemos o el PNV también se han mostrado abiertos a la posibilidad de que el rechazo del Ejecutivo a señalar a Marruecos responda a los datos que el régimen de Mohammed VI pueda tener sobre Sánchez. Otros socios de Gobierno, como Bildu, Sumar o Esquerra Republicana, han criticado la actitud complaciente de Sánchez hacia el país vecino pero sin alimentar la teoría de la coacción mediante el software.Existen pruebas de que Marruecos cuenta con Pegasus pero parece ser que no compró el programa directamente a NSO. Según la investigación Pegasus Project —coordinada por Forbidden Stories con El Confidencial, The Guardian, Le Monde, Haaretz y OCCRP, entre otros—, el software llegó a la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), el servicio de inteligencia interior marroquí, a través de una empresa intermediaria emiratí, Al Fahad, y su filial marroquí FSSYS Maroc. A mediados de 2017, ingenieros de NSO hicieron demostraciones del programa a mandos de la DGST en una villa de Rabat que ellos mismos apodaban "Villa FSSYS". Ese mismo intermediario ya les facilitaba otro programa espía, el RCS de la italiana Hacking Team, desde al menos 2012. Desde 2023, FSSYS pertenece a un conglomerado de la industria de defensa emiratí, propiedad del Gobierno de dicho país. Varias fuentes consultadas por Forbidden Stories, tanto en la Inteligencia de Marruecos como en la de Emiratos, coinciden en inclinarse hacia la teoría de que, más allá de ser un mero intermediario, Emiratos pagó el software a NSO y lo distribuyó a la DGST como "agencia amiga". Entre mayo de 2018 y junio de 2019, según la investigación, el servicio marroquí lanzó una campaña masiva contra objetivos españoles: 768 ciberataques a 250 números de teléfono, con un pico de 106 intentos en un solo día. Los objetivos fueron sobre todo disidentes marroquíes y saharauis residentes en España, pero también otros más sensibles para la seguridad nacional, como el coronel de la Guardia Civil Alberto Aguilera —jefe de información del cuerpo para Cataluña— o el periodista Ignacio Cembrero, colaborador de El Confidencial. Amnistía Internacional, cuyo laboratorio digital se encargó de la parte técnica de la investigación, matiza que estos registros documentan intentos, no necesariamente infecciones consumadas.Cada venta de Pegasus a un gobierno extranjero necesita el visto bueno del Ministerio de Defensa israelí, una autorización que, según fuentes citadas por Pegasus Project, es secreto de Estado y no pasa por ningún control parlamentario. NSO sostiene que opera con independencia y que no accede a los datos de sus clientes. Sin embargo, de nuevo la investigación Pegasus Project complica esa versión, aunque sin desmentirla del todo: registros de inmigración de Panamá conseguidos por OCCRP revelan que el cofundador de NSO, Shalev Hulio, viajó al país en 2013 con pasaporte diplomático israelí —él lo niega "categóricamente"—, lo que evidenciaría una conexión con el Estado israelí. Si NSO, la empresa fabricante, tiene acceso a los datos extraídos por clientes que adquieren licencias de Pegasus, es uno de los extremos que trató de confirmar la Audiencia Nacional a través de la Comisión Rogatoria Internacional que envió a las autoridades judiciales israelíes, y a la que no obtuvo ninguna respuesta. Si la inteligencia israelí puede acceder a estos datos es aún más difícil de verificar, y no existen pruebas al respecto. Los indicios que señalan a MarruecosEl indicio más sólido contra Marruecos en el despliegue de este software contra miembros del Gobierno español vuelve a ser la propia investigación Pegasus Project, que cita tres informes secretos del CNI —de mayo a julio de 2021, remitidos a Sánchez y a varios ministros— sobre la estrategia de presión marroquí durante la crisis de Ghali. La investigación periodística atribuye a Marruecos la responsabilidad de intervenir con Pegasus los teléfonos de los ministros de Exteriores, Interior y Defensa no a través de estos informes españoles, sino del testimonio de tres fuentes de la inteligencia marroquí y a documentos internos proporcionados por las mismas.El Parlamento Europeo, sin afirmarlo categóricamente, había llegado antes a una conclusión parecida que también apuntaba a Rabat. El informe final de la comisión PEGA, de mayo de 2023, señaló a Marruecos como "posible" responsable del espionaje a Sánchez y sus ministros, además de recoger que el país era considerado como "uno de los mayores clientes de NSO". Sin embargo, el Gobierno español nunca ha emitido un juicio parecido, ni en dirección a Rabat ni en ninguna otra, y pasados más de cinco años desde el ataque, no ha ofrecido ninguna explicación al respecto, más allá de negar la implicación marroquí. De hecho, el Informe Anual de Seguridad Nacional no ha incluido a Marruecos —ni mencionado el incidente de Pegasus— entre los países que espían o interfieren en España en ninguna de sus ediciones de 2022, 2023, 2024 ni 2025 mientras sí nombra a China y a Rusia en ese mismo capítulo, hecho que ha sido celebrado e interpretado como una "exoneración" por la prensa promarroquí. Marruecos, por su parte, niega haber usado Pegasus contra dirigentes extranjeros, y en 2023 su Comisión de protección de datos encargó un informe —Exonerating Morocco— que cuestiona la metodología de Amnistía Internacional y los medios responsables de las primeras entregas de Pegasus Project. Ni Moncloa ni Rabat han reaccionado a las últimas revelaciones de la investigación. El 10 de diciembre de 2020, la Administración Trump anunció en un mismo paquete el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel, presentadas como contrapartida la una de la otra. Este último acuerdo se enmarca en los "Acuerdos de Abraham", un conjunto de tratados mediante el que, con Estados Unidos como mediador, Israel normalizó sus relaciones con cuatro países árabes: Emiratos Árabes Unidos, Bahrain, Marruecos y Sudán. El acceso marroquí a Pegasus, a través de un intermediario de Emiratos Árabes, es anterior a ese acuerdo, no consecuencia suya: la herramienta llevaba operativa desde 2017. Lo que sí llega después es su uso más intenso contra la cúpula del Gobierno español, con la mayor extracción del móvil de Sánchez en mayo de 2021, en plena crisis por la acogida de Ghali y con el acuerdo diplomático ya cerrado. Poco menos de un año después, en marzo de 2022, Sánchez comunicó directamente a Mohamed VI el repentino respaldo de España al plan marroquí de autonomía para el Sáhara, revirtiendo cuatro décadas de neutralidad española y alineándose con la Administración de Trump. El último capítulo en esta serie de eventos llegó el pasado 16 de septiembre, cuando Estados Unidos, Israel y Marruecos lanzaron un comunicado conjunto en el que reafirman su voluntad de "reforzar la cooperación trilateral en la arena internacional". En el documento, Israel y Marruecos "reconocen y agradecen a los Estados Unidos y especialmente al Presidente Trump, un líder único y visionario capaz de traer la paz a donde nadie pensaba que sería posible".