El desahucio de Maricarmen es un paradigma, una circunstancia vital en la que concurren casi todos los aspectos depredadores del mercado inmobiliario y que sirve para analizar el presente: especulación, desatención a la vulnerabilidad y un sistema que no responde hasta que ya es demasiado tarde. Su caso sirve para interpretar un modelo de negocio que es perfectamente legal, pero que se ha convertido en una fuente de inseguridad para la mayoría de los ciudadanos que ven la vivienda como el principal problema social. A la vez que en la calle madrileña Saiz de Baranda el desalojo de la octogenaria acaparaba toda la atención, a tan solo veinte kilómetros, en Vallecas —otro barrio de Madrid—David y su hijo pasaban por lo mismo. Unos días antes lo había hecho Silvia, una vecina de Gràcia, en Barcelona, con una discapacidad del 36% que vivía en el piso desde 2013. Hay muchas voces en este problema que pueden hablar con conocimiento de causa y algunas han compartido con infoLibre la factura personal de vivir un desahucio.Santiago Sanz vive en el edificio de la calle General Lacy 22 de Madrid, un bloque que ha hecho de la lucha contra el acoso inmobiliario su bandera. Su casa es un edificio de la familia González-Ruano y Campos-Cebrián que la propiedad está tratando de vaciar. Sin embargo, los inquilinos se resisten a marcharse y defienden que siempre han pagado el alquiler que se les ha exigido. En uno de esos pisos vivía María Luisa Gómez, una octogenaria que llevaba 71 años en el inmueble y que falleció antes de saber si ganarían este pulso a la propiedad. “Fue la primera que recibió el burofax, una señora de 80 años enferma de cáncer, que pasó sus últimos días sin poder bajar a la calle porque la propiedad no arreglaba el ascensor”, relata Sanz. “Ella era otra Maricarmen, aunque no conseguimos darle tanta notoriedad. Nos cosía las pancartas y se involucró como pudo en la lucha”.Santiago y otra treintena de vecinos llevan dos años batallando para que se les reconozca el derecho a permanecer en los pisos mientras sigan pagando lo acordado. Su relato habla de la lucha y el desgaste diario que supone esta situación, pero también reconoce que la presión mediática sobre la especulación les ha insuflado ánimo. Insiste, en la conversación con infoLibre, en reclamar algo que se repite en casi todas las voces: poner nombre a quienes les han llevado a esta situación. "Es importante para nosotros que digáis que la familia Campos-Cebrian y González-Ruano opera desde 2024 a través de sus empresas holding llamadas Furud 2024 SL y Gomeisa 2024 SL".“Es duro, pero peleamos para no caer en la pobreza, que es lo que supone para muchos de nosotros irnos de nuestros pisos”, relata Sanz. Y puntualiza que esa es una de las cosas que les da ánimos. “Soy empleado público, no debería ser una persona vulnerable, pero miro Idealista con mi sueldo y no me da para alquilar nada. Por eso me aferro a la vida que tengo aquí”. Su caso es particularmente difícil porque han demandado a los propietarios por supuestas prácticas de acoso inmobiliario, lo que añade una carga de miedo y ansiedad a su situación. “Sales al portal cada mañana sin saber qué te vas a encontrar. Han mandado incluso a una persona que tiene su oficina en la antigua casa de María Luisa y que viene a presionarnos”. A favor tienen algo muy importante: se llevan bien y han formado un bloque sólido para exigir su derecho a permanecer: “Ha habido gente con depresiones, que quería abandonar, que tenía ansiedad. Todos en una medida u otra estamos hechos polvo porque llevamos así dos años”. La otra cara de la moneda está en la red de apoyo mutuo que han construido. “Es una mezcla de agotamiento y ansiedad, pero somos 33 familias y cuando unos flojean, otros apoyan. Por eso pienso mucho en las personas que pasan por esto solas”, concluye.La frase con la que se despide Santiago la retoma el abogado del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Víctor Palomo. “Intento siempre animar a la gente a seguir en la lucha, pero es muy comprensible que alguien diga basta y decida dejar de pelear por una casa que tiene fecha de caducidad”, explica. Él ha representado a diversos inquilinos en pie de guerra, pero reconoce que quienes no tienen respaldo colectivo se enfrentan a una situación más complicada. “Las mujeres migrantes, por ejemplo, se enfrentan a un sistema que no conocen o también las personas que ponen una demanda solas. Es psicológicamente demoledor y eso se ve en el deterioro físico de Maricarmen, por ejemplo”, concluye. A ella la respaldaba el Sindicato de Inquilinas y miles de personas que empatizaron con su caso. En las demandas colectivas la red de apoyo es más robusta porque el proceso se comparte con personas que pasan por la misma situación.Aida Navales, de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), sabe lo que es pelear sola. Lleva 13 años viviendo en el mismo piso. Hace cinco, recibió el temido burofax que le avisaba de que no habría más renovaciones de contrato. El edificio en el que vive era de una empresa, que acabó embargada por el Banco Sabadell y finalmente terminó en manos de Promontoria Coliseum Real Estate."En 2021 recibí el primer burofax de la empresa, pero nunca hubo una comunicación real con ellos. Me daban un plazo de un año para irme y a mi vecino de abajo lo echaron", cuenta. Después, el edificio se siguió vaciando hasta que solo quedaron tres familias. "En algunas hay menores. La semana pasada conseguimos parar el desahucio de una de ellas". Relata que todas las personas del bloque "tienen circunstancias diferentes", pero les ha unido la necesidad de mantenerse bajo un techo. "Lo que queremos es obtener un contrato, pero ninguna ley fuerza a los fondos de inversión a renovar los alquileres de los inquilinos", por eso han recurrido a la protesta social y al Sindicat de Llogateres, que les asesora en este trance.Navales está a la espera de un segundo lanzamiento. Como el resto, tiene la sensación de que esta batalla le está pasando una factura personal cada vez más alta. "Una casa debería ser ese lugar en el que sentirte seguro, pero no es así. Cuando estás mal, quieres encerrarte en tu hogar, pero aquí ese hogar es precisamente el problema ", explica.Una crisis de vivienda que atraviesa a toda la sociedad. No son casos aislados, es una dinámica estructural que cada vez alcanza a más personas. De hecho, según datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial, en lo que llevamos de 2026 se han efectuado 4.005 lanzamientos, lo que establece una media de 44,5 cada día. "Esto no me está sucediendo a mí, esto es un problema social y la lucha no puede ser individual", defiende Navales "Entré en la vivienda con un contrato legal, tengo trabajo, vivo sola con mi hijo, tengo las condiciones materiales para seguir pagando". Lo que no puede permitirse, puntualiza, es buscar un piso en un mercado cuyos precios avanzan desbocados. Por eso ella, como Santiago y como muchos otros, se aferra a esta lucha.La pelea de Jesús Manrique y sus vecinos, más de un centenar, también comenzó cuando pusieron pie en pared contra un gran tenedor. En este caso, porque un acuerdo extrajudicial entre la Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio (Fusara), vinculada al arzobispado de Madrid, y las sociedades Intuitiva y Tapiamar Partners para vender las casas en las que viven amenaza con dejarlos en la calle. Su caso es llamativo porque en junio, coincidiendo con la visita del papa León XIV a Madrid, empapelaron su edificio de pancartas y decidieron pedir ayuda al pontífice. De poco sirvió porque Manrique y sus vecinos siguen dando la batalla."A los que quedamos nos acaban de enviar un burofax para que no vayamos antes del 30 de septiembre. No lo vamos a hacer" , replica con contundencia Manrique. En su caso, los siete años que llevan en lucha les han curtido y tira de refranero para explicar cómo se sienten ahora: "Es un poco como el que oye llover". Los conflictos judiciales y la carga mental les pesan, pero la sensación de injusticia les mantiene en su determinación. "Vamos a seguir todo el tiempo que sea posible", insiste, a pesar de que ratos le invade el enfado. "Me pone malo que quienes dicen que van a hacer algo no hagan nada. Son unos fariseos", y con resignación explica que han escuchado promesas de las administraciones públicas, pero sin resultado. "Hay gente que no puede más", concluye. Hasta quienes trabajan en el activismo sindical de vivienda y tienen formación legal, como Palomo, saben lo duro que es tomar la decisión de quedarse. De hecho, el letrado del Sindicato de Inquilinas también pasó por un desahucio. "Vivía con mis compañeros de piso hace años en Madrid, en el barrio de La Elipa. Teníamos una buena relación con los caseros, eran progresistas y siempre hubo buen rollo". El problema es que no tenían contrato y un día, de la noche a la mañana, decidieron subirles considerablemente el alquiler. "Demandamos, pero aun conociendo bien la ley y nuestros derechos, me planteaba todas las noches si encontraría dónde vivir. No dormía y todo eso afectaba al resto de mi vida", relata. "Cuando nos encontramos cara a cara en el juzgado, sentía la necesidad de apartar la mirada. Y eso que soy una persona acostumbrada a moverme en los tribunales", concluye.Al cierre de este reportaje, se han conocido otros nombres y otros dramas relacionados con la vivienda. A Paquita, una octogenaria que reside en Madrid, el juzgado le aplazó el desahucio, programado para el miércoles. Driss, Sanae y sus dos hijos menores pasaron la noche del viernes en una pensión de Vitoria después de que se ejecutara el desalojo de la casa en la que han vivido en alquiler durante los últimos 14 años. Más historias que entran en el paradigma al que tan crudamente ha dado fuerza mediática Maricarmen."Lo que hacemos es pelear para no caer en la pobreza". La afirmación con la que abre Santiago Sanz este reportaje condensa de forma clara el gran problema de esta nueva crisis inmobiliaria. Su historia, la de Aida, la de Jesús y otras tantas, ponen rostro a unos datos que son demoledores: casi dos millones de españoles se convierten en pobres cuando se aplica sobre sus ingresos el peso del coste de la vivienda. "En 2025, descontar de la renta el coste de acceder a la vivienda eleva la tasa de pobreza del 19,5% al 23,5% y revela a 1,95 millones de pobres ocultos", sentencia Fedea.