Sumar ha trasladado una propuesta al PSOE en la que piden que la expropiación del piso de Maricarmen, la mujer de 87 años que ha sido desahuciada ayer de su vivienda en el barrio de Retiro de Madrid, se traslade al Consejo de Ministros del próximo martes. La propuesta, que según fuentes de Sumar, ha sido trasladada por escrito al partido socialista, señala que el Gobierno de España no puede permitir que los intereses de un "fondo buitre" prevalezcan sobre el interés general. Sumar entiende que la única alternativa ante la negativa de negociación por parte del fondo buitre Urbagestión, ahora propietario de la vivienda de Maricarmen, es la expropiación de la misma."La recuperación de la casa de Maricarmen será, además, un mensaje para el resto de actores económicos respecto a la determinación del Ejecutivo por la defensa del derecho a la vivienda", apuntan fuentes del partido. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha insistido también en la importancia de aprobar el Real Decreto-ley de vivienda el próximo martes en el Congreso de Ministros. "La expropiación de la vivienda de Maricarmen y el Real Decreto-ley de Vivienda. El martes en el Consejo de Ministros. Sí o sí", ha señalado.Defienden que la medida debe incluir la congelación y la prórroga de los alquileres; la regulación de los usos especulativos de la vivienda como pisos turísticos, viviendas de temporada, o las habitaciones; y la protección de inquilinos y familias frente a los intereses de los "fondos buitres". Sumar reclama al PSOE y al resto de fuerzas parlamentarias a "estar a la altura" de la situación y aprobar estas medidas. Maricarmen, una mujer de 87 años y con una discapacidad del 50%, fue desahuciada ayer de su piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda, del barrio madrileño de Retiro, en el que llevaba viviendo 70 años y por el que pagaba un contrato de renta antigua de 500 euros. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, insistió este martes en que habían mediado para adquirir la vivienda de Maricarmen, pero la empresa propietaria se negó porque se "cachondea de las administraciones y de la ciudadanía porque tienen a una presidenta que les protege", aludiendo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.