“No podemos aceptar el traslado de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta”, ha defendido Carlos Pollán, vicepresidente primero y consejero de Familia en Castilla y León de Vox. Esa es la misma posición que han adoptado Aragón y Extremadura. Junto con Castilla y León, son las tres comunidades en las que gobierna el PP pero en las que las competencias de infancia están cedidas a Vox. Las tres han rechazado de forma directa la reubicación de menores, incluso llegando a no participar en las reuniones de la Conferencia de Infancia con el Ministerio y el resto de territorios.Aunque su oposición es clara, los datos no acompañan a este rechazo. Si se compara la capacidad ordinaria que el Gobierno central calcula para cada comunidad con los datos de ocupación real que han compartido las comunidades con infoLibre, los tres territorios solo tienen ocupado el 28,50% de esa capacidad.La capacidad de cada territorio viene recogida en el Real Decreto 556/2026 y, mediante una fórmula basada principalmente en la población, establece una estimación del total de menores migrantes no acompañados que puede acoger cada comunidad. Este cálculo ha generado polémica entre los gobiernos regionales, ya que algunos advierten que esta cifra no concuerda con las plazas reales que tienen disponibles.En el caso de Castilla y León, el Real Decreto calcula una capacidad ordinaria de 883 plazas y, según indica la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales a este periódico, su ocupación actual es de 164, lo que supone un 18,57%. Sin embargo, el territorio mantiene una versión diferente y asegura que su capacidad real es de solamente 130 plazas, por lo que estaría en un 26% de sobreocupación.En el caso de Extremadura, la capacidad ordinaria se sitúa en 364 plazas y la ocupación actual de menores no acompañados es de 108, un 29,67%. La comunidad dispone, en total, de 390 plazas para niños, ya sean migrantes o nacionales, según los datos compartidos por la Vicepresidencia y Consejería de Servicios Sociales y Familia.Para Aragón, el Ministerio de Infancia establece una capacidad de 476 plazas y el último dato disponible es de 219 menores extranjeros, es decir, un 46,01%. El Departamento de Bienestar Social y Familia de esta comunidad asegura a infoLibre que la ocupación actual está “por encima de su límite”, pero no ha concretado exactamente en cuánto ni cuál es la capacidad que defienden tener. Las más de 1.000 plazas que suman los tres territorios hasta completar su capacidad ordinaria podrían acoger a casi la mitad de los más de 2.600 menores que se encuentran en Ceuta, entre los ya filiados (2.140) y los entre 500 y 700 que estarían todavía en las calles, según las estimaciones de la ministra de Infancia, Sira Rego.El resto de comunidades del PP tampoco se han mostrado a favor de esta reubicación, pero su negativa ha sido mucho menos directa y, en territorios como Galicia o la Comunitat Valenciana, han defendido que, aunque están en contra, van a acoger menores. En el segundo territorio, la ocupación actual es de unas 700 plazas, lo que equivale al 36,8% de su capacidad ordinaria de 1.903.La Comunidad de Madrid también se ha mostrado en contra de esta decisión, pero ha participado en todas las reuniones de la Conferencia de Infancia. En su caso, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales no ha compartido el número de plazas que tiene actualmente ocupadas, alegando que no forma parte de la información que tienen disponible, pero sí asegura que se encuentran actualmente en un 136% “de ocupación en los recursos destinados a menores no acompañados”. El otro dato que sí ha facilitado es que, desde el inicio de 2026, han atendido ya a 1.505 menores migrantes no acompañados, una cifra acumulada que está por debajo de su capacidad ordinaria de 2.471.En Andalucía, donde el PP gobierna también con Vox, el segundo partido sí ha rechazado la reubicación, mientras que su presidente popular, Juan Manuel Moreno Bonilla, lo ha criticado pero ha defendido que no se negará a ello. Esta comunidad autónoma tiene una capacidad ordinaria de 3.009 plazas y 1.800 ocupadas, lo que equivale a cerca de un 60%.En La Rioja (PP), el porcentaje de ocupación se sitúa en el 84,21%, mientras que las Islas Baleares (PP) es uno de los pocos territorios en los que la ocupación real que alegan alcanza el 211% de la capacidad recogida en el Real Decreto. En el caso de Castilla-La Mancha, la ocupación actual de menores, extranjeros y nacionales, asciende a 1.205, de los cuales más de la mitad, unos 616, están en familias de acogida y el resto, en hogares de acogida.Del resto de comunidades, Cataluña (PSC) tiene 2.048 acogidos frente a los 2.829 plazas que le atribuye el Real Decreto (un 72,39%), aunque el Govern defiende que su capacidad real es solamente de 1.200, por lo que considera que se encuentran en una situación de sobretensión. Asturias (PSOE) se encuentra en un 28,98% de ocupación, con 102 menores acogidos frente a las 352 plazas establecidas en el Real Decreto, y Navarra (gobernada por una coalición encabezada por el PSN-PSOE), en un 87,34%, con 207 plazas ocupadas de una capacidad ordinaria de 237. Faltan los datos de Murcia, Galicia, País Vasco, Cantabria y Canarias, los cinco territorios que, en el momento de publicación del artículo, no habían compartido esta información.La ministra Rego ha asegurado en una entrevista en la Cadena SER que “la mayoría de los menores [que se encuentran en Ceuta] se quieren quedar en España y se van a quedar porque hay una ley que los protege”. Dado que la ciudad autónoma tiene una capacidad ordinaria de tan solo 29 plazas, es una prioridad “sacar a niños de allí y llevarlos a la Península”, por lo que es inevitable que, quieran o no, el resto de comunidades tengan que acoger a gran parte de estos niños y niñas.