La violencia irracional con la que un grupo de personas atacó salvajemente este domingo el coche de una diputada ceutí, una abogada de Naciones Unidas y un activista de derechos humanos no nace de la nada. La transición de la hostilidad verbal a la agresión física no surge en el vacío ni constituye un fenómeno espontáneo. En el ámbito de la criminología, la sociología y la comunicación política existe un consenso consolidado: la violencia física suele ser el último eslabón de una cadena que comienza con la deshumanización del adversario o del colectivo estigmatizado.Al odio hay que darle de comer. Desde las redes, desde los medios y desde los partidos. Coincidiendo con la crisis de Ceuta, el discurso de odio en redes sociales se disparó en agosto hasta 101.025 mensajes racistas y xenófobos, un 76% más que en julio, según un informe del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) —el más reciente disponible—. El principal blanco fueron las personas del norte de África, que concentraron el 72% de los mensajes analizados, mientras que las personas migrantes representaron el 22% y las musulmanas el 18%.Según este informe, el 43% de los contenidos presentaba a los grupos diana como una amenaza, el 37% recurría a narrativas deshumanizantes y el 58% utilizaba lenguaje agresivo explícito. Oberaxe vincula buena parte de esta escalada al cruce fronterizo de Ceuta, que concentró el 39% de los contenidos analizados en agosto y alimentó mensajes que reforzaban la idea de invasión, inseguridad y rechazo.La mecánica es sencilla y bien conocida, y quienes impulsan estos comportamientos la conocen muy bien. Como señaló en su día a infoLibre el doctor en Criminología Antonio Silva Esquinas, “la violencia física no empieza con un puñetazo, sino con una frase que nadie cuestiona”. Cuando el lenguaje público transforma la crítica política en imputación criminal y convierte a las personas migrantes en una “amenaza”, se genera un marco de permisividad simbólica que desinhibe las conductas agresivas en la calle.Este proceso responde a la denominada “pirámide del odio”. El discurso deshumanizador es habitualmente el precursor de la violencia política, ya que para justificar acciones extremas se requiere configurar al “otro” como un enemigo existencial o privarle de su condición humana. El racismo instrumentaliza la violencia como un contenido de alto impacto emocional; si esa violencia no se desarticula en sus fases iniciales —cuando es exclusivamente verbal y simbólica—, termina traduciéndose en agresiones físicas directas, linchamientos callejeros e institucionalización legislativa.La crisis migratoria desencadenada entre julio y septiembre de 2026 en Ceuta, tras la llegada de entre 60.000 y 80.000 personas, ha funcionado como un laboratorio en tiempo real de esta escalada. La saturación de los servicios de acogida fue inmediatamente aprovechada para construir una narrativa de “invasión” y “quiebra de la seguridad”.Rápidamente, la tensión simbólica se materializó en actos de violencia física organizada. En las inmediaciones de la playa de El Trampolín, grupos de carácter ultra y cuadrillas de vigilantes organizaron batidas nocturnas para perseguir y agredir a personas percibidas como extranjeras, agrediendo a veces a ciudadanos ceutíes. En esa misma zona, grupos de civiles prendieron fuego a los campamentos provisionales donde dormían los migrantes y bloquearon físicamente a los voluntarios de la Cruz Roja para impedir la distribución de agua y alimentos de primera necesidad.La violencia en las calles ceutíes no se dirigió únicamente contra la población migrante, sino también contra representantes institucionales, defensores de los derechos humanos y periodistas. Los profesionales de la información sufrieron un acoso sistemático diseñado para impedir la cobertura de los ataques. Tanto reporteros de cadenas de televisión españolas como corresponsales de medios internacionales fueron objeto de persecuciones físicas e intentos de agresión mientras intentaban documentar los altercados e incendios en la playa de El Trampolín.Pero no basta con las redes. Este tránsito hacia la agresión física se produce en el marco de un ecosistema político en el que determinados partidos han asumido, amplificado y legitimado los marcos discursivos más extremistas. El análisis sistemático de los diarios de sesiones del Congreso de los Diputados demuestra que la violencia verbal no es un fenómeno simétrico que afecte por igual a todo el arco parlamentario, sino que se concentra con especial intensidad en las formaciones de la derecha y la extrema derecha.Vox ha situado el concepto de “invasión”, la apelación a un “acto de guerra” y la exigencia de la “militarización permanente” de las fronteras en el centro de su discurso público. Declaraciones de sus dirigentes en sede parlamentaria e institucional han cruzado reiteradamente el umbral de la descalificación política para adentrarse en la incitación explícita.Ejemplo de ello es la denuncia presentada por posible delito de odio contra el diputado y portavoz de Vox José María Figaredo tras manifestar públicamente que los migrantes llegados a Ceuta debían ser “cazados, uno a uno”. No es el único caso. Uno de sus portavoces autonómicos llegó a afirmar, en sede parlamentaria, la existencia del “deber de combatir, incluso con violencia”, determinadas leyes aprobadas por las Cortes.A su vez, el Partido Popular (PP) ha ido desplazando su posición tradicional hacia los marcos conceptuales fijados por Vox para competir por el mismo caladero electoral, tal como advierten numerosos expertos en comunicación política.Esta convergencia discursiva se evidencia en manifestaciones públicas de destacados líderes de la derecha. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó en redes sociales que el Gobierno central “permite que España sea invadida a través de Ceuta”. El diputado del PP por Ceuta en el Congreso, Javier Celaya, llegó a decir que “se trata a los invasores como víctimas cuando las verdaderas víctimas somos nosotros”. El propio líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, utiliza esta expresión en sus intervenciones públicas e incluso llegó a negarles este fin de semana la condición de migrantes diciendo que no quieren trabajar, sino enfrentarse a la policía. Esta asunción del lenguaje de la “invasión” sitúa a un colectivo vulnerable en el terreno de la amenaza bélica o criminal, despojándolo de sus derechos fundamentales.En lugar de contener la tensión, el principal partido de la oposición ha utilizado la crisis de Ceuta para endurecer su programa migratorio, proponiendo medidas extraordinarias como leyes orgánicas para la restricción o retirada de la nacionalidad y cuestionando normativas de arraigo. Con ello, el PP valida tácitamente las premisas de la extrema derecha, generando la ficción de que la inmigración es fundamentalmente un problema de orden público que justifica soluciones excepcionales.Ninguno de los dos partidos de la derecha ha condenado la violencia de forma inmediata, categórica y sin matices. Únicamente este lunes, a la vista del intento de linchamiento de una diputada ceutí, Feijóo se ha mostrado relativamente categórico, pero sin referirse expresamente a este caso concreto. “No hay ninguna causa, ninguna protesta que pueda justificar un acto de violencia”, señaló de forma genérica.Detrás de la actitud de PP y Vox hay un patrón que revela una elusión sistemática de esta responsabilidad democrática. Cuando se han producido linchamientos, incendios de campamentos o agresiones a representantes públicos y periodistas, las condenas de PP y Vox han sido inexistentes, tardías o formuladas con la boca pequeña.Con frecuencia, las escasas declaraciones de condena han ido acompañadas de matices, reproches al rival político o intentos de responsabilizar a las propias víctimas o a las políticas de acogida. Tras los graves altercados en Ceuta y en localidades como Torre Pacheco (Murcia), líderes de Vox negaron rotundamente su responsabilidad y achacaron la violencia a la “inmigración masiva”, afirmando que esta “ha robado la paz y la seguridad” de los ciudadanos. En la misma línea, otros representantes de la derecha responsabilizaron, en el caso ceutí, al Ejecutivo central por “provocar” la reacción social al no declarar la emergencia nacional o al intentar realojar a los migrantes en equipamientos públicos.Al no condenar las agresiones de forma tajante y vincular mecánicamente la presencia de migrantes con la delincuencia, se traslada a la sociedad el mensaje subliminal de que la violencia física es una respuesta comprensible o un instrumento legítimo de autodefensa comunitaria. A diferencia de la crítica democrática a la política migratoria del Gobierno, que es plenamente legítima, la estigmatización de las personas y el silencio o la condescendencia ante los grupos que ejercen la agresión vulneran los principios de la convivencia democrática y alimentan la espiral de odio.En la multiplicación y extensión de esta violencia ejerce un papel determinante el funcionamiento de los medios de comunicación y las plataformas digitales. La sociología de la comunicación advierte sobre el peligro de los “pseudoeventos” —acontecimientos escenificados por colectivos extremistas con el único propósito de llamar la atención de las cámaras y obtener cobertura en directo—.Además, cuando los programas de televisión retransmiten en horario de máxima audiencia imágenes de altercados o discursos de odio sin un encuadre contextual ni un análisis riguroso, caen en la misma trampa al multiplicar su alcance.