El caso de Maricarmen, la vecina madrileña que ha sido desahuciada este viernes de la casa en la que llevaba viviendo más de siete décadas, vuelve a poner el foco en la crisis de la vivienda y los efectos para las personas más vulnerables. Con 87 años y una pensión de 1.350 euros hacía frente a un alquiler de 500 euros mensuales, pero el fondo propietario de la vivienda exigía un alquiler de 2.650 euros al mes, algo imposible de pagar para Maricarmen. En 2020, el Congreso aprobó una moratoria a los desahucios para personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la Cámara Baja tumbó esta medida en dos ocasiones este año, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN.Seguir leyendo....