Un día después de que Maricarmen Abascal, de 87 años, saliera en camilla de la vivienda de Madrid en la que llevaba viviendo más de siete décadas, Isabel Díaz Ayuso ha reducido este jueves su caso a uno de los miles de desalojos que se producen cada año en España. “Ayer se produjo un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España”, ha afirmado la presidenta madrileña, que ha defendido que el desalojo se produjo “en cumplimiento de la ley” y ha denunciado una “barra libre de demagogia” y “algaradas” en torno al caso.Apenas 24 horas después del desahucio –que levantó una oleada de indignación, con protestas en varias ciudades–, el PP ha decidido dejar de lado este caso y poner el foco sobre la ocupación. En esa línea, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra, visitaba este jueves Alcorcón junto al vicesecretario de Política Territorial del PP de Madrid, José Antonio Sánchez, y el portavoz popular en la localidad, Roberto Marín Vergara, para reunirse con vecinos a los que el propio partido define como “afectados por la inseguridad y la ocupación”.Durante el acto, Sánchez vinculó ambas cuestiones y aseguró que en Alcorcón “ha subido muchísimo el índice de criminalidad”. El dirigente popular reclamó al delegado del Gobierno más efectivos policiales y señaló, además, la existencia de “dos bloques ocupados de la Sareb”, unas viviendas que, sostuvo, “podrían estar a disposición de la gente joven de Alcorcón”. También relacionó directamente el aumento de la criminalidad con el hecho de que el PP no gobierne el municipio desde las elecciones de 2023.A la centralidad que el PP concede a la ocupación en su discurso se suma una fuerte exposición mediática del supuesto problema. Un estudio publicado en 2022 sobre la cobertura televisiva de la ocupación concluyó que la televisión privada le prestaba una atención mayor y tendía a abordarla desde el conflicto y el suceso criminal, contribuyendo a generar lo que la investigación define como “pánico moral”.Una de las formas de aproximarse al fenómeno son las condenas firmes. Los últimos datos del INE muestran que en 2025 se registraron 3.338 delitos de usurpación del inmueble incluidos en sentencias firmes, una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior, pero muy alejada de los máximos alcanzados hace menos de una década. En 2017 fueron 6.757, por lo que desde entonces las condenas por este delito se han reducido prácticamente a la mitad. La tendencia general de los últimos años ha sido, por tanto, claramente descendente. La evolución es distinta en el allanamiento de morada. El INE registró 613 delitos en condenas firmes en 2025, frente a 276 un año antes, más del doble. Pero esa cifra no equivale a 613 casos de ocupación. La diferencia entre ambas figuras es relevante:el allanamiento protege la inviolabilidad del domicilio y castiga a quien entra o permanece sin permiso en una vivienda que constituye la morada de otra persona (es decir, su alojamiento habitual), aunque no pretenda instalarse en ella. Puede abarcar, por tanto, entradas ilícitas en domicilios que nada tienen que ver con una ocupación prolongada. La usurpación, en cambio, es la figura más directamente asociada a la ocupación de inmuebles que no constituyen la morada de nadie, es decir, que están vacíos o deshabitados. Además, el INE contabiliza las condenas firmes registradas en 2025, aunque los hechos puedan haberse cometido ese mismo año o en ejercicios anteriores. Los datos del Ministerio del Interior confirman, desde otra perspectiva, la tendencia a la baja. Interior contabiliza los hechos por allanamiento y usurpación conocidos por las fuerzas de seguridad, principalmente a través de denuncias y actuaciones policiales. En 2025 fueron 14.875 los casos de allanamiento y usurpación en toda España, un 9,4% menos que el año anterior. En la Comunidad de Madrid la caída fue todavía mayor, del 12,5%, hasta los 1.269 casos.La actividad de los propios dispositivos creados por gobiernos del PP también permite medir hasta qué punto la ocupación llega a sus servicios públicos. Madrid estrenó en junio de 2022 el servicio telefónico 112 Ocupación. Durante sus primeros seis meses recibió 1.179 llamadas y alcanzó un máximo de 1.552 en 2023. Desde entonces han descendido: 1.039 en 2024 y 994 en 2025. Entre enero y mayo de este año fueron otras 327 y, tomando los 12 meses comprendidos entre junio de 2025 y mayo de 2026, la media queda en 2,38 llamadas diarias.Ni siquiera todas esas llamadas equivalen a ocupaciones. Desde la puesta en marcha del teléfono y hasta mayo de este año hubo 5.091 llamadas, pero el sistema no identifica interlocutores únicos, por lo que una misma persona puede telefonear varias veces por un único caso. De toda esa actividad, solo 327 llamadas correspondieron a ocupaciones recién detectadas. El Gobierno madrileño sostiene que su intervención ha permitido evitar 56 intentos.La escasa incidencia de la ocupación en estos servicios resulta todavía más evidente en Galicia. La Xunta mantiene junto al Consello da Avogacía Galega un servicio telefónico de asesoramiento que su propia conselleira de Vivenda ha denominado como lo que “comúnmente se llama ahora teléfono antiocupa”. Durante todo 2024, según los últimos datos ofrecidos por la Xunta, recibió 109 consultas sobre vivienda. Solo el 3,2% correspondieron a ocupaciones no consentidas: alrededor de tres consultas en todo el año.Los principales motivos para recurrir a aquel teléfono fueron otros. Un 16% de las consultas se referían a desahucios, un 12% a las condiciones de los contratos de alquiler, un 8% a reclamaciones relacionadas con esos contratos y un 7,2% a ejecuciones hipotecarias. Es decir, el servicio presentado también como herramienta frente a la ocupación atendió muchas más peticiones de personas preocupadas por perder la vivienda en la que vivían que de propietarios ante una ocupación ilegal.Una situación parecida se ha producido en Castilla y León, donde la Junta abrió oficinas antiocupación en sus nueve provincias. Los propios datos de la Consejería cifraban en 100 las consultas recibidas en el último año, menos de una cada tres días en el conjunto de la comunidad. En Salamanca no se había registrado ninguna.La ocupación existe y las estadísticas registran miles de denuncias cada año, pero su peso queda lejos del que ocupan otros problemas relacionados con la vivienda. En 2025 se realizaron 25.540 desahucios en España y más de siete de cada diez estuvieron relacionados con procedimientos de alquiler, principalmente por impagos o finalización del contrato. Solo en Madrid hubo 2.267 desalojos, 1.931 relacionados con contratos de arrendamiento. Es en este contexto, marcado también por los problemas de acceso y permanencia en la vivienda, en el que el PP vuelve a situar la ocupación en el centro de su discurso, apenas un día después del desahucio de Maricarmen.