Maricarmen fue desahuciada este miércoles de la casa en la que vivió durante 70 años. La imagen de la mujer saliendo en camilla de la que había sido su hogar, escoltada por decenas de policías y arropada por cientos de personas —que trataron de impedir el desahucio— recorrió el país, que salió a las calles a protestar. En Madrid, la manifestación que acabó a las puertas del ático que la Comunidad compró por 6,3 millones de euros, congregó a unas 10.000 personas.El caso de Maricarmen ha generado un impacto social y político que ha aumentado la presión sobre las administraciones públicas, que se culpan mutuamente de lo ocurrido. Según su abogada, Beatriz Duro, la única solución que ha ofrecido el Ayuntamiento de la capital es una residencia de ancianos. La Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, ha eludido cualquier tipo de responsabilidad. Ambas administraciones están gobernadas por el Partido Popular, cuya posición en esta cuestión ha sido fundamentalmente señalar al Gobierno.La propia Ayuso se refirió este jueves al caso como “un desahucio de los 25.500 que se producen cada año en España”, atribuyó la responsabilidad al Gobierno central y calificó de “algaradas” las protestas desencadenadas tras el lanzamiento. La baronesa del PP sostuvo además que las movilizaciones persiguen “deshumanizarnos y acosar”.El líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, evitó pronunciarse directamente sobre el caso por segundo día consecutivo. El miércoles no contestó a las preguntas de los periodistas y este jueves participó en un acto en Guadalajara sin aceptar cuestiones de los medios. La que sí habló fue la vicesecretaria Cuca Gamarra en RNE, que le trasladó su “cariño”, aseguró que su historia “pone rostro” al problema de la vivienda y negó cualquier responsabilidad de su partido. “El culpable no es el PP”, sostuvo la dirigente conservadora, que volvió a señalar al Ejecutivo de Pedro Sánchez y calificó su política de vivienda de “profundo fracaso”.Pero, más allá de la respuesta de Ayuso, el silencio del líder PP y los reproches de Gamarra, nadie en la formación conservadora concreta qué leyes aprobaría para impedir que vuelva a ocurrir un caso como el de Maricarmen o siquiera si trataría de evitarlo. De hecho, el único que aseguró de manera tajante que con un Gobierno de Feijoo no sucedería fue el portavoz nacional, Borja Sémper, desde los pasillos del Congreso. En cambio, al analizar en detalle las propuestas de la derecha, sí aparecen muchos planes para frenar la ocupación, pero no hay ninguno para los desahucios. El PP lleva meses explicando con precisión qué haría para ampliar la oferta, reducir la regulación del alquiler y proteger a los propietarios. Su programa plantea movilizar suelo, acelerar las licencias urbanísticas, fomentar la colaboración público-privada, reducir impuestos a los compradores jóvenes y construir hasta un millón de viviendas. Pero la iniciativa a la que ha dado, sin duda, más protagonismo es a la ley antiocupación, destinada a “acelerar los desalojos y reforzar la protección de la propiedad privada”, es decir, facilitar que los desahucios se produzcan. Feijóo ha defendido que se permita expulsar a los ‘ocupas’ en 48 horas y el partido ha convertido esa reforma en una de sus principales iniciativas parlamentarias. La ocupación, de hecho, ocupa un espacio recurrente en la agenda pública del PP. Sólo durante los últimos meses, la dirección del partido ha denunciado el “aumento” de las ocupaciones, ha acusado al Gobierno de generar inseguridad jurídica y ha defendido reiteradamente acelerar los desalojos. Este jueves, la propia Gamarra protagonizaba un acto en Alcorcón sobre “inseguridad y ocupación”, solo 24 horas después del desahucio de Maricarmen y aseguraba que es “una prioridad luchar contra la ocupación” porque es un problema que tiene que ser “atajado por los responsables públicos” pese a que se trata de un delito residual sin apenas presencia en los juzgados.Además, el PP se ha comprometido en numerosas ocasiones a derogar las “zonas de mercado tensionado”, la “intervención de precios” y la “prohibición de desalojos por impago”. Lo que no apareció entre sus principales propuestas es un mecanismo para detener el desahucio de una persona vulnerable cuando el procedimiento ya está en marcha y no tiene alternativa habitacional, como sucede en el caso de Maricarmen.La legislación española ya tiene instrumentos destinados específicamente a suspender determinados desahucios. El Real Decreto-ley aprobado en febrero prorrogó hasta el 31 de diciembre de este año la posibilidad de suspender procedimientos de desahucio y lanzamientos para hogares económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en determinados supuestos. La norma permite que la persona arrendataria solicite ante el juzgado una suspensión extraordinaria cuando acredite esa situación. Sin embargo, no se le podía aplicar a Maricarmen porque su contrato de renta antigua ya se había impugnado judicialmente y declarado extinguido.Cuando el Congreso tuvo que pronunciarse en febrero sobre el denominado escudo social, que incluía la moratoria antidesahucios para familias vulnerables, PP y Vox votaron en contra junto con Junts y el decreto decayó. Los tres partidos justificaron su rechazo, entre otras razones, por considerar que este tipo de mecanismos perjudican a propietarios o pueden favorecer situaciones de ocupación.Dos meses después volvieron a coincidir para tumbar otro decreto del Gobierno que prorrogaba automáticamente determinados contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027, el mismo que Sumar quiere llevar al Consejo de Ministros el próximo martes. Y, apenas una semana antes de aquella votación, PP, Vox y Junts habían unido sus votos para admitir a trámite una iniciativa de vivienda de la formación de Alberto Núñez Feijóo que, entre otras modificaciones, facilitaba procedimientos más rápidos para recuperar inmuebles y acelera determinados desahucios.La tesis del PP es que el intervencionismo termina reduciendo la oferta, expulsando pisos del mercado y encareciendo todavía más los alquileres. El Gobierno y los partidos de izquierda argumentan lo contrario: que aumentar la construcción puede ser necesario a medio y largo plazo, pero no impide que una persona vulnerable sea expulsada mañana de su vivienda.La posición de Vox sigue un patrón similar al del PP, aunque desde posiciones xenófobas. La tesis de Carlos Hernández Quero, portavoz de Vivienda de la formación ultra, es que la crisis habitacional se debe a un déficit estructural de oferta y al aumento de la población por la inmigración, defendiendo que es necesario “cerrar las fronteras” y liberalizar el suelo. Sin embargo, ni él ni el líder de su partido, Santiago Abascal, se han pronunciado sobre el caso de Maricarmen, a la que no ha desahuciado ningún migrante sino la empresa Urbagesa Desarrollo e Inversión.En otras ocasiones, Hernández Quero ha cuestionado la adquisición masiva de inmuebles por grandes fondos de inversión y fortunas extranjeras y ha reclamado mayores restricciones hacia ellos, frente a las bonificaciones que defiende para la compra de la primera vivienda habitual para los residentes en España. Pero si algo atraviesa el discurso de Vox es el principio de “prioridad nacional” en el acceso a vivienda social y ayudas públicas en las comunidades en las que gobierna con el PP. El partido ultra nunca ha apoyado ninguna de las medidas destinadas a suspender determinados desahucios de personas vulnerables y califica de “ridículas” y “fraudes” iniciativas como los anuncios de vivienda pública del Ejecutivo. Además, votó con el PP contra el escudo social en febrero y contra la prórroga de alquileres en abril.Tanto PP como Vox están incómodos ante el cambio de foco en la conversación pública hacia la vivienda, en un momento en el que la entrada masiva en Ceuta lo acaparaba prácticamente todo. Feijóo visitó la ciudad autónoma el pasado lunes y reclamó una presencia “permanente, visible y continuada” de Frontex, más recursos europeos para la ciudad y el retorno de quienes hubieran entrado de manera irregular. Vox lleva días utilizando igualmente la situación en Ceuta como uno de sus principales frentes contra el Gobierno.Pero cuando la atención vira hacia problemas para los que ninguna de las dos formaciones plantea soluciones, surgen los problemas. Ni PP ni Vox incluyen entre sus principales propuestas de vivienda una moratoria o un mecanismo equivalente destinado a paralizar desahucios de hogares vulnerables .El caso de Maricarmen ha dejado así al descubierto dos debates diferentes que a menudo se presentan bajo la misma etiqueta de “vivienda”. El de cómo aumentar el número de casas disponibles y proteger los derechos de sus propietarios, defendido por la derecha. Y el de qué hay que hacer desde las administraciones cuando el mercado y la ley conducen al desahucio de una persona vulnerable.