Una compra de drones tiene una fecha de entrega; sostener su empleo durante un conflicto exige poder recibir otros cuando se pierden o dejan de resultar útiles. Juan Rodríguez Garat, almirante retirado de la Armada, reclama que España preste atención a esa segunda necesidad. Su propuesta sitúa la capacidad de fabricación diaria entre las condiciones que deberían guiar la preparación militar.La idea afecta a los aparatos baratos y a la munición merodeadora, diseñada para buscar o esperar un objetivo antes de atacarlo. Se trata de equipos con funciones y costes distintos a los de las grandes aeronaves de vigilancia. Agruparlos bajo la palabra dron puede ocultar diferencias de escala y de empleo que condicionan tanto su adquisición como su reposición.Para Garat, almacenar una gran cantidad de un modelo concreto entraña otro problema: los cambios tecnológicos pueden restarle utilidad mientras permanece guardado. De ahí su insistencia en conservar la capacidad de producir cuando haga falta. La cifra que plantea expresa una necesidad militar a su juicio, sin constituir un objetivo de producción aprobado por Defensa.Una industria capaz de reponer pérdidasLa petición aparece en la conversación emitida por Bellumartis el 4 de septiembre de 2026. Al tratar las carencias que considera pendientes, el almirante pidió capacidad para fabricar del orden de dos mil aparatos diarios y sostuvo que España carecía de ella. Su crítica se dirige al volumen industrial y a la posibilidad de renovarlo, dentro del debate abierto por la expansión de los drones en combate.Ucrania ofrece una referencia para entender esas magnitudes. El Ministerio de Defensa ucraniano informó en su balance del 27 de diciembre de 2025 de la entrega de tres millones de drones FPV a sus Fuerzas Armadas durante aquel año. Es una cifra de suministros en un país en guerra. No determina cuántos necesitaría España, pero muestra la escala de la reposición cuando estos aparatos se incorporan de forma masiva a las operaciones.También cuenta lo que ocurre después de su entrega. En octubre de 2025, ese ministerio anunció que su plataforma DOT-Chain Defence permitía a los militares valorar los drones recibidos, incluida su resistencia a las interferencias y su comportamiento sobre el terreno. La guerra electrónica obliga a comprobar algo más que el número de unidades disponibles. La experiencia de quienes los utilizan ayuda a distinguir qué equipos siguen siendo útiles.Los proyectos necesitan plazos y pedidosEn España hay iniciativas industriales en marcha. Indra anunció el 15 de enero de 2026 una fábrica en Villadangos del Páramo, León, destinada a sistemas no tripulados y munición merodeadora. Su plan incluía los sistemas TARSIS y VALERO y situaba el inicio de la producción seriada de drones con munición a partir de 2027. Ese calendario corresponde a una previsión, no a una cifra de aparatos que ya estén saliendo de la planta.El proyecto muestra por qué conviene separar categorías al comparar capacidades. Una instalación que reúne distintos sistemas puede contribuir al suministro militar sin tener la misma función que una línea dedicada a pequeños FPV. La discusión sobre el empleo masivo en combate exige saber qué modelo se fabrica y para qué, además de conocer su ritmo de salida.El coste también condiciona el resultado. Fabricar muchos aparatos y poder sostener su uso están relacionados con el esfuerzo que debe hacer quien intenta derribarlos, un problema visible en el precio de la defensa contra drones. La reclamación de Garat pone sobre la mesa una producción que pueda mantenerse, más allá de una primera remesa destinada a equipar a las unidades.Su advertencia sobre la obsolescencia deja una exigencia adicional para esa industria: poder cambiar lo que fabrica. Una reserva conserva los aparatos comprados en un momento concreto; una línea de producción preparada para introducir modificaciones permite reponerlos con las mejoras necesarias. Esa capacidad de renovación es la que el almirante pide tener disponible antes de que llegue una crisis.