La decisión hecha pública este martes por la Audiencia Provincial de Tarragona, que supone mantener la investigación penal al exministro Cristóbal Montoro y otros ex altos cargos del Ministerio de Hacienda en manos del juez Rubén Rus --que abrió diligencias el verano de 2018 y las mantuvo siete años en secreto--, coloca a las defensas en una disyuntiva: solicitar que sea el Tribunal Supremo el que resuelva finalmente sobre la competencia y arriesgarse a que este movimiento dilate aún más las pesquisas.Seguir leyendo....