El real decreto de vivienda no estará listo para el Consejo de Ministros del próximo martes. Fuentes de Moncloa consultadas por infoLibre descartan que el texto llegue el 29 de septiembre a la mesa del Gobierno porque todavía falta cerrar la negociación con Junts y Podemos, precisamente los dos grupos cuyos votos impidieron al Ejecutivo sacar adelante antes del verano la fórmula que tenía preparada. En Moncloa esperan que ambos muevan ficha el lunes.El calendario enfría las expectativas que se habían generado durante las últimas horas tras la presión de Sumar. Desde el Ministerio de Vivienda se trabajaba con la posibilidad de llevar el decreto al próximo Consejo de Ministros y el socio minoritario sigue manejando ese horizonte ante lo que consideran que es el gran problema del país. En Moncloa, sin embargo, consideran prematuro aprobar un decreto sin tener antes suficientemente encarrilada su posterior convalidación en el Congreso.Tras el desahucio de Maricarmen, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamó “altura de miras y responsabilidad” a los grupos parlamentarios y defendió la necesidad de sacar adelante un nuevo decreto, pero evitó fijar fecha. En el ala socialista quieren tener atados los apoyos entre socios que reclaman cosas distintas y, en algunos puntos, contrapuestas. Sin embargo, los de Yolanda Díaz defienden llevarlo al Consejo de Ministros con o sin acuerdo. Y luego trasladar esa presión a formaciones como Junts y Podemos. Según fuentes del Ejecutivo, ambos “han entendido que hay que llegar a un acuerdo”. Y detrás de ese movimiento sitúan un nombre: Maricarmen.El desahucio este miércoles de la mujer de 87 años de la casa del barrio madrileño de Retiro en la que había vivido durante siete décadas ha alterado una negociación que llevaba semanas encallada. Maricarmen abandonó su vivienda en camilla después de que fracasasen los intentos para alcanzar un acuerdo con la propiedad, Urbagestión. En Moncloa hablan de que este caso ha generado una “resignificación” del debate, especialmente en el caso de Junts, que hasta ahora se negaba a apoyar las iniciativas en materia de vivienda.Según explican fuentes gubernamentales, una parte importante de las reticencias de los posconvergentes a las medidas contra los desahucios estaba vinculada a la cuestión de la ocupación. Junts se mueve además en Cataluña en un escenario de creciente competencia con Aliança Catalana, que ha convertido el debate sobre ocupaciones y propiedad en un terreno de disputa política. Sin embargo, el rechazo social impulsado tras el desahucio de Maricarmen, ha desplazado el marco.Fuentes de Moncloa sostienen que Junts está ahora “muy interesado” en encontrar una salida al decreto. En público, la formación ha defendido la búsqueda de un mínimo común denominador que permita pactar medidas en materia de vivienda. El propio Sánchez utilizó el caso para presionar a los grupos. “Si nosotros hubiéramos convalidado este real decreto ley antes de verano, hoy Maricarmen no hubiera sido desahuciada”, sostuvo el miércoles desde Nueva York. Sánchez añadió que el Ejecutivo pretende modificar y reforzar la legislación para evitar que vuelvan a producirse situaciones semejantes.Impedir que los fondos desahucien a vulnerablesUna de las cuestiones que el socio minoritario también reclama es que el decreto incluya la prohibición que fondos de inversión y determinados grandes propietarios puedan desahuciar a personas vulnerables. Fuentes conocedoras de la negociación confirman a infoLibre que la medida está encima de la mesa y que existen muchas posibilidades de que termine incorporándose al decreto. Junts todavía “no acaba de verlo”, explican esas fuentes, aunque en el Gobierno confían en poder cerrar un acuerdo.De materializarse, también supondría un giro para el propio PSOE. Hace solo diez días, los socialistas se abstuvieron en el Congreso durante la toma en consideración de una proposición de ley de Sumar que pretendía prohibir que empresas y fondos de inversión adquirieran viviendas residenciales y reservar esas compras a personas físicas. Esta semana, sin embargo, Sánchez cargó esta semana expresamente contra los “fondos buitre” y defendió reforzar la legislación ante este tipo de desahucios.Para atraer a Junts, el ministerio de Vivienda trabaja en la otra cara del decreto: incentivos fiscales dirigidos a propietarios. Sería una de las posibles monedas de cambio para conseguir que los posconvergentes acepten un refuerzo de la protección de los inquilinos. El ministro Ernest Urtasun abrió públicamente este viernes la puerta a estudiarlas y aseguró que Sumar está dispuesto a valorar propuestas de Junts si permiten aprobar con urgencia el decreto, aunque insistió en que el texto debe contener medidas contra los desahucios, regulación del alquiler de temporada y mecanismos para evitar fuertes incrementos de renta cuando vencen los contratos.Podemos, por su parte, lleva desde antes del verano rechazando precisamente la utilización de incentivos fiscales a propietarios como instrumento para abordar la crisis de la vivienda. Su líder, Ione Belarra, advirtió ya en julio de que “igual que hay votos imprescindibles en la derecha catalana, también los hay en la izquierda” y situó esos beneficios fiscales entre las razones para no respaldar la propuesta gubernamental.La presión para acelerar ha aumentado considerablemente después de esta semana. Sumar quiere aprovechar el impacto político del caso Maricarmen para recuperar inmediatamente el decreto. Las fuentes consultadas por este periódico sostienen que antes de aprobar el decreto quieren comprobar hasta dónde están dispuestos a llegar Junts y Podemos. El lunes aparece, por ello, como una jornada decisiva para las conversaciones, aunque eso lleve a que el texto no llegue al Consejo de Ministros del día siguiente. El objetivo para La Moncloa es evitar que vuelva a repetirse lo sucedido antes del verano: aprobar una norma llamada a convertirse en una de las principales respuestas del Gobierno a la crisis de vivienda sin tener garantizada después su supervivencia parlamentaria y que finalmente caiga.