La investigación por los excesos de las Fuerzas Armadas de Israel contra la llamada Flotilla de la Libertad, que trata de romper una y otra vez el bloqueo sobre Gaza para llevar ayuda humanitaria, no se limitará a una posible detención ilegal. La Audiencia Nacional ha decidido ampliar la causa a delitos de torturas, daños y lesiones. Eso sí, solo si han ocurrido en barcos con bandera española. El desmantelamiento de la justicia universal en nuestro país impide ir más allá si los responsables no están en suelo español. Y los intentos de reforma impulsados para recuperarla se encuentran, a escasos meses del fin de la legislatura, completamente atascados en el Congreso.España ha sido un país pionero en el desarrollo y aplicación del principio de justicia universal. El mismo se introdujo en 1985 en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Pero la amplitud de aquella versión inicial se ha ido recortando poco a poco. Una reforma de 2009 introdujo la necesidad de acreditar la existencia de un "vínculo de conexión relevante" del asunto con España para que nuestros tribunales pudieran hacerse cargo de determinados delitos cometidos en el extranjero. Y luego llegó la modificación del Ejecutivo de Mariano Rajoy de 2014, que acabó acotando al máximo la jurisdicción universal con la introducción de nuevos condicionantes.A raíz de aquella reforma nuestros tribunales sólo pueden conocer casos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cuando el autor es español o extranjero residente en España. Y en los de tortura es necesario que el procedimiento se dirija contra un nacional o que la víctima sea española y el autor esté en nuestro país. La reforma iba acompañada de una disposición adicional que obligaba a sobreseer aquellas causas en tramitación hasta que cumplieran los nuevos requisitos fijados. Así ocurrió, por ejemplo, con el asesinato del cámara español José Couso tras un ataque del Ejército de Estados Unidos al Hotel Palestina, donde se alojaban los periodistas, durante la guerra de Irak.La vuelta al modelo previo a los recortes ha sido una de las banderas de la izquierda durante la última década. Estuvo en el acuerdo de Gobierno suscrito en su día entre PSOE y Podemos. Y en los programas electorales con los que ambos partidos, así como Sumar, se han presentado a las distintas citas electorales. Pero ocho años de Ejecutivos progresistas no han sido suficientes para culminar la tan deseada derogación de la reforma del PP. Y tampoco parece que vaya a ser una realidad en la presente legislatura. Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, la única propuesta para volver a ampliar la jurisdicción universal se encuentra desde hace casi tres años atascada en la Cámara Baja.La proposición de ley fue presentada por Sumar en octubre de 2023. El texto busca reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los tribunales españoles puedan investigar delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o torturas cometidos fuera del territorio nacional por extranjeros aunque no residan en nuestro país ni se encuentren en suelo español. Además, incluye una disposición transitoria que obligaría a los tribunales a abrir de oficio todas aquellas causas que fueron sobreseídas tras el recorte de 2014. "Cuando se permite que genocidas, torturadores u otros criminales internacionales eludan la acción de la justicia las alarmas deberían dispararse", resalta su exposición de motivos.La iniciativa logró el respaldo de la mayoría de la Cámara Baja para iniciar su tramitación. Tras ser tomada en consideración, se remitió en marzo de 2024 a la Comisión de Justicia. Y ahí sigue en la actualidad, tras casi un centenar de ampliaciones de enmiendas. En Sumar no confían en que la reforma vaya a ser una realidad en lo que queda de legislatura. "Las expectativas no son muy altas", reconocen a infoLibre fuentes de la dirección de IU, que es quien ha llevado la batuta en este asunto. "No parece que haya mucho interés por parte del PSOE en desbloquearla. De hecho, ni siquiera han presentado un texto alternativo", completan.El de la jurisdicción universal ha sido, y sigue siendo, un asunto espinoso para el Ministerio de Exteriores. El primer recorte, el de 2009, fue impulsado, precisamente, después de que el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu abriera una causa contra el exministro de Defensa israelí Benjamin Ben-Eliezer y otros seis cargos militares por la matanza de 14 civiles durante un bombardeo contra un líder de Hamás en Gaza. El segundo, el de 2014, fue impulsado de forma exprés tras las órdenes de detención internacional dictadas contra el expresidente de China Jiang Zemin y el ex primer ministro Li Peng por genocidio, torturas y crímenes de lesa humanidad contra la población del Tíbet en los ochenta y noventa.El recorte de la jurisdicción universal ha sido el gran obstáculo para conocer y perseguir los excesos cometidos por el Estado hebreo. La reforma del Ejecutivo de Rajoy provocó el sobreseimiento y archivo de la causa abierta por el salvaje abordaje en mayo de 2010 de las seis embarcaciones que conformaban la llamada Flotilla de la Libertad. Al menos, expuso la Audiencia Nacional, "hasta que pueda encontrarse en España cualquiera de las personas extranjeras contra los que se dirige el procedimiento" –en concreto, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y varios ministros y responsables militares–. Aquel ataque del Ejército israelí contra los activistas, tres de los cuales eran españoles, se saldó con nueve fallecidos y 38 heridos.La misma suerte corrió la querella que se interpuso hace solo unos meses contra Netanyahu, su ministro de Defensa –Israel Katz–, el vicealmirante y comandante de la Armada israelí –David Saar–, el exportavoz del Ejército Daniel Hagari y los miembros de la unidad de élite Shayetet 13 por el asalto el 8 de junio de 2025 al Madleen, embarcación con bandera de Guinea-Bissau en la que viajaban con ayuda humanitaria desde Greta Thunberg al activista español Sergio Toribio. El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, inadmitió la denuncia "por carecer de jurisdicción los tribunales españoles".Cuatro meses después de aquel abordaje, Israel volvió a actuar contra un grupo de embarcaciones que trataba de romper el bloqueo que impide la llegada de material humanitario a Gaza. En este caso, sin embargo, algunas de ellas tenían bandera rojigualda. Y los buques españoles en alta mar están sometidos a la jurisdicción de nuestro país, salvo excepciones que no concurren en este caso. Por eso, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha aceptado en este caso las querellas contra el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas israelíes y el comandante de las Fuerzas Navales.Ahora bien, la investigación por detención ilegal o torturas se centra en lo sucedido en las embarcaciones españolas. Lo ocurrido fuera de ellas, a partir del traslado y desembarco de sus pasajeros, "no puede ser perseguido por los tribunales españoles". No obstante, el instructor ha acordado que se practiquen las "diligencias indispensables" para "identificar" a los autores de los posibles delitos de torturas cometidas a bordo de los buques israelíes o en los centros de detención del Estado hebreo. Al fin y al cabo, argumenta, si no se se sabe quiénes fueron los posibles autores no se puede analizar si los mismos se encuentran en nuestro país, lo que permitiría continuar el procedimiento contra ellos.