Cinco años después de una protesta contra los combustibles fósiles en el puerto de Sagunto, once activistas de Greenpeace se sientan desde este miércoles en el banquillo de los acusados en València. La Fiscalía solicita cinco años de prisión para cada uno de ellos, además de la reparación de los daños que pudieran determinarse durante el procedimiento. Greenpeace sostiene que se trata de la mayor pena solicitada contra activistas medioambientales en Europa por una acción de estas características. Los hechos se remontan a 2021, cuando los activistas participaron en una acción directa contra la llegada a Sagunto de un buque gasero procedente de Estados Unidos. La protesta se desarrolló en un contexto marcado por el debate sobre la dependencia de los combustibles fósiles y la transición energética. Las once personas acusadas son de ocho nacionalidades diferentes, cuatro de ellas españolas. Greenpeace asegura que ya ha afrontado sanciones administrativas relacionadas con la acción por un importe superior a 160.000 euros. El procedimiento penal llega ahora a los tribunales. La organización ecologista sostiene que la protesta fue pacífica y que no se produjeron daños personales ni a la navegación marítima. La Fiscalía, por su parte, mantiene su acusación y solicita cinco años de prisión para cada uno de los encausados. La acción tuvo como objetivo denunciar la llegada de gas procedente de Estados Unidos y reclamar una reducción del uso de combustibles fósiles. Los activistas trataron de interferir en la entrada del buque mediante una acción de protesta. Uno de los acusados, Francisco del Pozo, ha defendido el sentido de aquella movilización y ha situado el proceso judicial dentro del debate sobre la respuesta frente a la crisis climática. «Ser activista climático hoy en España es plantarse frente al derrotismo», ha señalado. Del Pozo considera que la protesta pretendía llamar la atención sobre los efectos del cambio climático y sobre la necesidad de modificar el modelo energético. «Tener un planeta habitable aún es posible, pero hay que hacer cambios y que los verdaderos culpables paren y paguen por lo que han hecho», ha afirmado. El activista también ha destacado el impacto personal que, según explica, ha tenido un procedimiento judicial abierto durante cinco años. «Ser activista también es sufrir junto a tus seres queridos durante años la ansiedad y la preocupación de ser injustamente acusados de delitos», ha declarado. La defensa sostiene que los hechos deben analizarse desde la perspectiva del derecho a la protesta y de la desobediencia civil. La abogada de Greenpeace, Inés Díez, considera que la causa penal no debería haberse producido por una acción que, según mantiene la organización, no provocó daños a personas ni a la circulación marítima. «Nunca debieron verse sometidas a un proceso penal que lleva ya cinco años abierto por unos hechos que se encuadran dentro del derecho a la protesta», ha señalado Díez. La letrada ha añadido que «nunca las personas que protestan de forma pacífica deben ver peligrar su libertad por protestar». Uno de los principales argumentos de la defensa será precisamente determinar hasta dónde llega la protección del derecho a la protesta cuando una movilización afecta al funcionamiento de una actividad económica o de una infraestructura. Greenpeace sostiene que la acción de Sagunto debe entenderse como un ejercicio de desobediencia civil pacífica. Su equipo jurídico plantea ante el tribunal que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos obliga a los Estados a proteger el ejercicio de este tipo de protestas. Javier Raboso, responsable del Área de Espacio Democrático y Derecho a la Protesta de Greenpeace, ha defendido esta interpretación. «La desobediencia civil y otras formas de resistencia pacífica resultan herramientas imprescindibles para construir respuestas colectivas a los grandes desafíos de nuestro tiempo», ha afirmado. La organización considera que el caso se produce en un contexto internacional en el que, según denuncia, diferentes movimientos sociales se enfrentan a sanciones y procedimientos judiciales por sus acciones de protesta. Greenpeace cita entre ellos las movilizaciones relacionadas con el cambio climático, el derecho a la vivienda o distintas causas sociales. Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España, ha defendido también el papel de la protesta en una sociedad democrática. «La historia demuestra que la desobediencia civil y la protesta pacífica no constituyen una amenaza a la legalidad, sino un motor indispensable para el avance de las libertades y los derechos democráticos», ha señalado. Saldaña considera que reducir la movilización ciudadana a una cuestión de orden público impide analizar su función dentro de una democracia. «La protesta actúa como un mecanismo de contrapoder y un indicador de salud democrática», ha afirmado. El juicio ha despertado también el interés de organizaciones internacionales de derechos humanos. Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas sobre los defensores medioambientales, ha mostrado su preocupación por el procedimiento. Amnistía Internacional ha anunciado asimismo su asistencia al juicio en calidad de observadora. A estas muestras de apoyo se han sumado organizaciones españolas especializadas en derechos civiles y derecho a la protesta, entre ellas Novact, Irídia y Legal Sol, además de las coaliciones No Somos Delito y Defender a Quien Defiende. Para Greenpeace, la dimensión internacional del caso está relacionada con el debate sobre la protección de las personas defensoras del medio ambiente y con la respuesta que reciben las acciones de desobediencia civil. La organización ha organizado, coincidiendo con el juicio, un encuentro público junto al European Center for Non-for-profit Law para abordar la protección de la protesta pacífica desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En el encuentro ha participado Hélène Tigroudja, vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La protesta de Sagunto se produjo en 2021, pero el juicio llega en un momento en el que la crisis climática continúa ocupando una posición central en el debate internacional. Para Greenpeace, la acción pretendía denunciar la continuidad del uso de combustibles fósiles mientras aumentan los impactos asociados al calentamiento global. La organización ha vinculado expresamente la protesta con fenómenos como los incendios, las sequías, las olas de calor y los episodios de lluvias extremas. Del Pozo ha resumido esa posición al señalar que «ser activista climático hoy en España es plantarse frente al derrotismo». La acusación y la defensa mantienen, sin embargo, posiciones diferentes sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de la actuación desarrollada en Sagunto. Será el tribunal quien determine si los hechos son constitutivos del delito por el que se acusa a los once activistas. Coincidiendo con el inicio del juicio, Greenpeace ha trasladado a València el Arctic Sunrise, uno de sus buques más conocidos. La organización pretende utilizar su presencia para visibilizar el proceso y reivindicar la importancia de la protección de los defensores medioambientales. El barco podrá ser visitado por el público durante este fin de semana, dentro de las actividades organizadas por Greenpeace con motivo del juicio. Mientras tanto, la vista judicial ha comenzado este miércoles y se prolongará con las declaraciones y pruebas previstas por las partes. Cinco años después de la protesta, los once activistas afrontan una petición fiscal de cinco años de prisión para cada uno.