Estos fueron los alimentos que más subieron de precio en Colombia en febrero. Foto: UPRAEl Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural busca derogar en su totalidad una resolución de abril de 2026, mediante la cual se habían declarado más de 667.000, hectáreas como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en 17 municipios del departamento de Córdoba. La nueva resolución busca dejar sin efectos una medida sobre la cual la nueva administración encontró, según dijo, severas inconsistencias técnicas. Además, la cartera anunció que trabaja en la construcción de una nueva declaratoria basada en un soporte riguroso, preciso y reproducible.Por ahora, la resolución se encuentra disponible para comentarios hasta el jueves 1 de octubre a través de la plataforma Sucop del DNP.La revisión técnica fue liderada por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), entidad que examinó el expediente institucional de 2.668 archivos y detectó deficiencias estructurales acumuladas en las distintas fases del proceso de delimitación.Uno de los hallazgos más críticos se centra en la ausencia de escala cartográfica de trabajo y de salida en las 456 páginas del documento técnico de soporte y en el propio acto administrativo.De acuerdo con la entidad, el estudio original utilizó como base (y determinó que su uso era obligatorio) una cartografía que está diseñada para análisis generales y no prediales, lo que derivó en una falta de precisión y generó incertidumbre a los municipios y propietarios de los predios.Por otro lado, al intentar reconstruir el procedimiento de seis etapas con las capas digitales entregadas en el expediente, la UPRA encontró inconsistencias geométricas significativas, por lo que le resultó imposible reproducir el modelo geográfico técnicamente. La entidad también señaló que la capa cartográfica correspondiente a la quinta etapa, clave para cerrar la secuencia, no fue incluida en la geodatabase oficial.Otras omisiones encontradas en el análisis de las APPALa evaluación de la UPRA concluyó que la delimitación heredó la obsolescencia de los instrumentos de planificación local. En el 57,51 % de la superficie declarada (que abarca 13 municipios), las exclusiones de áreas urbanas, suburbanas y protegidas se basaron en Planes de Ordenamiento Territorial (POT) adoptados con anterioridad a la delimitación de la frontera agrícola de 2018.Casos emblemáticos como los de San Pelayo y Chinú registran el uso de normas urbanísticas del año 2000, con 26 años de antigüedad.Otra de las razones determinantes para la derogatoria fue la inocuidad alimentaria, pues, aunque el modelo original evaluó la aptitud agrológica del suelo, ignoró los riesgos para la salud humana en zonas impactadas por contaminación.El propio documento de soporte del proyecto de resolución señala que en el primer trimestre de este año, el 43,54 % del área declarada en el municipio de Ayapel (23.353,19 hectáreas) presenta niveles de arsénico, cadmio, mercurio y plomo que superan los límites permisibles para la agricultura, registrando acumulación de metales en cultivos como el arroz. A la UPRA le preocupa que, a pesar de este diagnóstico, la resolución de la administración pasada no incluyó ninguna exclusión cartográfica, zonificación diferenciada ni restricción de uso al respecto, limitándose a recomendar prácticas de biorremediación sin plazos ni responsables asignados.El Ministerio de Agricultura enfatizó que esta revocación no implicará reducir la protección de la producción de alimentos ni descuidar la seguridad alimentaria en Córdoba. Por el contrario, la entidad alistará un nuevo acto administrativo que corrija los errores técnicos, incorpore una escala adecuada, garantice la reproducibilidad cartográfica, utilice información municipal actualizada y cuente con un régimen de usos claramente estipulado dentro de la norma.—