Andalucía y Madrid, por separado y con herramientas jurídicas distintas, han movido ficha contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno central. El reproche es que invade competencias y ahoga la autonomía financiera de las comunidades. En la tarde de este martes, reunido de forma extraordinaria por videoconferencia, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha formulado un requerimiento al Consejo de Ministros previo a un conflicto de competencia contra el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, que regula el plan. El motivo: no respetar el orden competencial recogido en la Constitución ni en el Estatuto de Autonomía andaluz.Andalucía todavía no ha planteado el conflicto ante el Tribunal Constitucional. Lo que ha hecho es el paso obligatorio previo. Antes de formalizar el conflicto ante el TC, los gobiernos autonómicos deben requerir motivadamente al Estado para que derogue o anule el acto. Eso es exactamente lo que ha ocurrido hoy. Si el Gobierno no atiende el requerimiento en el plazo de un mes, Andalucía dispondría de otro mes para llevar ya el conflicto formal ante el Constitucional, certificando que el requerimiento no prosperó y aportando sus fundamentos jurídicos.El Gobierno andaluz considera que el plan lesiona su autonomía financiera por varias vías: el diseño del régimen de aportaciones de las comunidades, la exhaustiva descripción de las actuaciones, el estricto reparto de cuotas, el régimen de protección permanente de las viviendas y el sistema de autorización estatal para la publicidad y difusión de las actuaciones. El acuerdo, respaldado por los servicios jurídicos y amparado en la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional, reclama la derogación o modificación de varios artículos del plan: el 4.2 g), 153, 6.5 y la disposición adicional octava, junto a otros concordantes (15, 23, 24, 34, 50, 51, 61M, 146 y 147).ForosLos agentes inmobiliarios de Andalucía alertan de una "fuerte tensión" en la vivienda: los precios se disparan un 40% en dos años y medio Francisco RomeroLa Junta también ha cuestionado la "exhaustiva descripción" de los 18 programas financieros, cuyo grado de detalle implica, a su juicio, una "invasión de la competencia exclusiva de la comunidad autónoma para desarrollar el objeto de las ayudas en función de las necesidades del territorio". El punto más importante es económico. Andalucía denuncia que el Estado "se haya apartado del reparto" que caracterizaba a los planes anteriores, "sin negociación previa y sin una motivación que justifique el reparto de 60 por ciento del Estado y un 40 por ciento de las comunidades autónomas".Ese nuevo sistema de cofinanciación "vulneraría el principio de autonomía financiera", ya que "restringe su capacidad para decidir el destino de sus recursos presupuestarios". La comunidad tendría que aportar 400 millones más que en el plan anterior, más de seis veces más (6,47), mientras la contribución del Estado "no llegaría a tres veces más de lo aportado". La Junta va más allá y acusa al Estado de degradar a las autonomías a meras gestoras de subvenciones mediante una regulación "tan minuciosa" de actuaciones y cuotas, algo "que no se ajusta al sistema constitucional de distribución de competencias".Andalucía sostiene que el Estado también se ha extralimitado en el ejercicio de sus competencias al fijar un régimen de protección permanente en determinadas actuaciones. Esa decisión lamina para la Junta cualquier resquicio para flexibilizar o endurecer dicho régimen, intentando subsanar en el plan "lo que no pudo hacer en el artículo 16 de la Ley 12/2023 de Derecho a la Vivienda, que fue derogado por el Tribunal Constitucional tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta".Por último, la comunidad ha puesto el foco en el artículo 153, que supedita a una autorización o incluso a la presencia del ministro la presentación de actuaciones financiadas con el plan. La posibilidad de suspender las transferencias de fondos por esta cuestión refuerza la petición de inconstitucionalidad de la medida, ya que despoja a la Junta de sus competencias exclusivas en materia de vivienda.La vía MadridLa Comunidad de Madrid ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el mismo plan estatal. El Ejecutivo autonómico considera que la norma afecta a competencias atribuidas a las comunidades en materia de vivienda y condiciona la gestión de las políticas regionales. El recurso, interpuesto por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, sostiene que el plan introduce obligaciones financieras para las autonomías y modifica el esquema de cofinanciación. Según el Gobierno regional, la aportación exigida a Madrid se multiplica por cinco respecto al plan precedente, lo que limita su margen presupuestario.Entre sus argumentos figura el dictamen del Consejo de Estado, que advirtió de que la obligación de cofinanciación podía incidir en la autonomía financiera de las comunidades. Madrid considera, además, que el modelo aprobado por el Gobierno no fue objeto de una negociación suficiente con las administraciones regionales. Dos comunidades, dos vías legales, un mismo objetivo: frenar un plan que, denuncian, las convierte en convidadas de piedra de sus propias políticas de vivienda.