Vox engrasa y calienta motores electorales en una Asamblea General en la que este sábado presenta, si no un programa al uso, un plan que pasa por la derogación fulminante de buena parte de la producción legislativa del Ejecutivo, especialmente aquellas leyes que colisionan con sus principios ideológicos y a la vez lo refuerzan como partido de oposición frontal. No solo se trata de presentar una enmienda a la totalidad del sanchismo, ejercicio legítimo para depurar los excesos que en estos últimos ocho años han marcado la gestión del Gobierno, siempre bajo el paraguas de un Tribunal Constitucional que ha tolerado lo que puede considerarse una genuina crisis constituyente, sino de sanear el ordenamiento jurídico para eliminar todas aquellas leyes que, como la de vivienda, lejos de beneficiar al conjunto de la sociedad han contribuido a agravar el problema hasta límites insoportables. Camuflada de progresismo, la pulsión intervencionista del Ejecutivo ha neutralizado contrapoderes, ha limitado la libertad del mercado y ha sometido a los ciudadanos a un marco normativo cuyo desmontaje es una verdadera prioridad nacional.