La juez de la plaza 10 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha acordado este martes la suspensión de la declaración del socialista Rafael Pineda , exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, y del alcalde de Gines, Romualdo Garrido, por la baja médica de la defensa del otro investigado, David R. M., el empresario de un bar de copas en este municipio sevillano e implicado en otra causa por narcotráfico. A la salida de los juzgados, el regidor socialista de Gines lamentaba la suspensión de la citación, porque, como ha confesado, estaban «deseando» declarar para «zanjar» ese asunto. «Estoy cansado de estos temas». Pineda fue el primero en abandonar los juzgados del Prado detallando a los medios que se había suspendido la diligencia por la ausencia de un abogado. Minutos después lo hacía el propio Garrido, junto a su letrado. El alcalde, visiblemente molesto por la suspensión: «Desgraciadamente no ha habido declaración. Tenía muchísimas ganas de hacerlo, porque tengo la conciencia muy tranquila. Lo que quiero es declarar cuanto antes para que esto se zanje de una vez, estoy un poco cansado de estos temas. No se ha cometido ninguna ilegalidad. Se ha hecho un procedimiento administrativo basado en la legalidad, no hay nada raro. La conciencia la tengo tranquila. Por eso doy la cara y ojalá la declaración sea mañana y no se dilate en el tiempo». La juez, que investiga las irregularidades presuntas en la operación urbanística de Pineda y su mujer con una parcela de Lipasam , abrió una pieza separada por las supuestas gestiones del que fuera concejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla «para terceros y para sí mismo» como jefe de gabinete en la Delegación del Gobierno en Andalucía, correspondiente en este caso al Ayuntamiento del municipio aljarafeño de Gines. En concreto, según la UCO, Pineda intermedió ante Romualdo Garrido en favor del tercer investigado, implicado en otro asunto de blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico, para la reapertura del bar. El alcalde defiende la legalidad del procedimiento para que el establecimiento retomara su actividad.