El repliegue de la Guardia Civil en Cataluña avanza con el desmantelamiento progresivo de sus unidades por parte del Ministerio del Interior, en cumplimiento de los compromisos políticos adquiridos con el independentismo. No se trata de decisiones aisladas ni de simples ajustes organizativos, sino de un proceso sostenido que reduce la capacidad de actuación y la representación del Estado en una comunidad donde los nacionalistas llevan décadas tratando de expulsar de la vida pública todo aquello que simbolice la nación común . La última decisión afecta a la Unidad de Actividades Subacuáticas de la Costa Brava, con base en Estartit (Gerona), que desaparecerá como unidad propia y cuyos agentes pasarán a depender de Barcelona. El ministerio justifica la medida por razones de operatividad y eficiencia. Sin embargo, resulta imposible desligarla del contexto político en el que se produce. Forma parte de una secuencia de cesiones que, bajo distintos pretextos, ha ido reduciendo paulatinamente la presencia de la Guardia Civil en Cataluña para satisfacer una reivindicación permanente del independentismo. No es casualidad. La Guardia Civil constituye uno de los principales símbolos de la autoridad del Estado y de la vigencia del orden constitucional en todo el territorio nacional. Precisamente por ello ha sido durante años objeto de campañas de hostigamiento político y social por parte del secesionismo y el terrorismo de la izquierda aberzale. Lo preocupante es que ahora ese desgaste ya no procede únicamente de quienes combaten la presencia del Estado, sino también de un Gobierno dispuesto a sacrificar instituciones comunes para preservar una mayoría parlamentaria. La seguridad de las costas, de las fronteras y de los principales puntos de acceso al país no constituye una cuestión territorial, sino un interés nacional. Precisamente los Estados más descentralizados necesitan preservar con mayor celo aquellas instituciones que garantizan la igualdad de todos los ciudadanos y representan la autoridad común. Pedro Sánchez y su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han asumido una política de repliegue que debilita deliberadamente la posición del Estado allí donde más se la cuestiona. La Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con demasiada frecuencia objeto de campañas de la más cruel intimidación en los territorios gobernados por el nacionalismo, no encuentran en el Ejecutivo la protección que merecen, sino una resignada disposición a retroceder. Un Estado no desaparece de un territorio de un día para otro. Primero retroceden sus competencias; después, sus instituciones; finalmente, sus símbolos. La reducción continuada de la Guardia Civil forma parte de ese proceso. Ningún gobierno que crea en la igualdad de todos los españoles debería contribuir a acelerarlo. Porque cuando el Estado acepta retirarse para satisfacer a quienes pretenden debilitarlo no solo pierde efectivos o competencias: pierde una autoridad que es extremadamente difícil de recuperar.