Hace diez días, María Guardiola presentó unos datos reveladores sobre la realidad de los denominados 'menas': las pruebas realizadas por el Servicio Extremeño de Salud a 329 menores inmigrantes pusieron de manifiesto que el 79 por ciento eran adultos . No es la primera vez que una comunidad autónoma, administración sobre la que recae el cuidado de estos presuntos menores, repartidos por el Ejecutivo con criterios más que discutibles, alerta contra un fraude que tanto la Policía Nacional como la Fiscalía han investigado, con más de un centenar de procedimientos abiertos, e incluso tasado económicamente. Hasta 100.000 euros puede costar el sustento de quienes se hacen pasar por menores, una estafa al erario público sobre la que el Ejecutivo central pasa de puntillas, envuelto en el buenismo y la falsa moral de quien proclama las virtudes de la acogida migratoria y siembra la semilla de la discordia xenófoba . No se trata de solidaridad, ni de misericordia. Es un fraude que conocen de primera mano las autonomías y las autoridades de Bruselas y que el Gobierno consiente por mero cálculo político.