El Ayuntamiento de Almonte ha salido al paso de las informaciones publicadas sobre la concesión del servicio de regulación del estacionamiento en la vía pública de Matalascañas y ha rechazado lo que considera una utilización política y mediática de un procedimiento judicial que, según defiende, se encuentra todavía en una fase inicial de investigación.El Consistorio ha difundido un comunicado en el que asegura que la existencia de diligencias previas y la petición de documentación forman parte de actuaciones ordinarias de comprobación. En ese sentido, insiste en que estos trámites no implican que el Juzgado haya declarado la existencia de delito, irregularidad administrativa o responsabilidad de ninguna persona.La institución municipal considera que presentar esta situación con expresiones como que "la Justicia cerca al Ayuntamiento de Almonte" traslada a la ciudadanía una imagen “alarmista y distorsionada” que, según sostiene, no se corresponde con la realidad procesal del caso.El Ayuntamiento recalca que, en estos momentos, no existe ninguna resolución judicial que cuestione la legalidad de la actuación municipal, atribuya responsabilidad penal a cargos públicos, funcionarios o empleados municipales, ni sostenga que se haya cometido un delito en la tramitación del contrato.El Ayuntamiento apunta al criterio del Ministerio FiscalEn su comunicado, el Consistorio subraya además que, según consta en las propias actuaciones, el Ministerio Fiscal ya ha expresado que no aprecia indicios de delito en los hechos denunciados. Para el Ayuntamiento de Almonte, este dato resulta esencial para entender la situación del procedimiento y desmiente cualquier intento de presentar la mera existencia de una investigación preliminar como una conclusión incriminatoria contra la institución.La nota municipal también muestra preocupación por la aparente difusión de datos relacionados con unas actuaciones judiciales. El Ayuntamiento señala que la información publicada incluye detalles sobre el órgano judicial, el momento de presentación de la denuncia, las diligencias interesadas y el contenido de un pronunciamiento de la Fiscalía.Por ello, la institución considera necesario esclarecer si se ha producido el traslado a medios de comunicación de documentos o informaciones procedentes de unas actuaciones que todavía se encuentran en fase de instrucción. El Ayuntamiento afirma que respeta plenamente la libertad de información, pero advierte de que este derecho no debe utilizarse como cobertura para difundir de forma interesada información procesal, ofrecer una versión parcial de un procedimiento en curso o convertir una denuncia pendiente de comprobación en una condena pública anticipada.“No dirige reproche alguno” al periodismo, pero sí al uso partidistaEl comunicado aclara que el Ayuntamiento no dirige reproche alguno contra el ejercicio legítimo de la profesión periodística. Su preocupación, precisa, se centra en el posible uso partidista de información procedente de las actuaciones y en la utilización de un procedimiento penal como instrumento de desgaste político. La institución considera “especialmente grave” que quienes hayan podido facilitar esa información pretendan obtener en los medios de comunicación un resultado político que, según el Ayuntamiento, no han obtenido ante la Fiscalía ni, hasta el momento, ante el órgano judicial.El Ayuntamiento de Almonte recuerda que está personado en el procedimiento y que colabora plenamente con el Juzgado, facilitando toda la documentación que le ha sido requerida. También sostiene que defenderá la legalidad de sus actuaciones dentro del procedimiento judicial, al entender que es el único ámbito en el que deben examinarse los hechos con garantías, documentación y posibilidad de contradicción.Vista aérea de la playa de Matalascañas en la zona que se adentra en Doñana.- En esa línea, el Consistorio advierte de que los procedimientos judiciales no pueden resolverse mediante titulares, filtraciones interesadas, declaraciones políticas o juicios paralelos, sino ante los tribunales y sobre la base de pruebas y resoluciones judiciales. La institución estudiará la adopción de las medidas jurídicas oportunas para determinar, en su caso, el origen de la información procesal difundida y preservar la integridad y reserva de las actuaciones, sin prejuzgar la identidad o responsabilidad de ninguna persona.El equipo de gobierno asegura que no permitirá que se ponga injustificadamente bajo sospecha al Ayuntamiento de Almonte ni a los empleados públicos que han intervenido en el expediente. También afirma que actuará con firmeza frente a cualquier intento de desacreditar el trabajo municipal mediante informaciones parciales, interesadas o descontextualizadas.El Ayuntamiento concluye reiterando tres ideas: que se trata de una investigación en fase inicial, que no existe ninguna declaración judicial de ilegalidad o responsabilidad penal y que el Ministerio Fiscal no ha apreciado indicios de delito en los hechos denunciados. “Frente al ruido político y mediático”, afirma, responderá con documentación, transparencia, colaboración con la Justicia y respeto absoluto a la legalidad.