Dejemos de llamarlo el “caso Koldo”, la sentencia del Tribunal Supremo lo deja bien claro: es el “caso de las mascarillas”. Porque eso es exactamente lo que ha condenado el alto tribunal. Y porque solo entendiendo el contexto —la mayor emergencia sanitaria de nuestra historia reciente— se comprende la gravedad de los hechos y la dureza de la sentencia. La resolución judicial no solo acredita adjudicaciones irregulares de material sanitario en plena pandemia: condena a más de 24 años de cárcel al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, un conjunto de delitos que explica los años de prisión impuestos y que sitúa este caso muy lejos de una simple irregularidad administrativa. La sentencia considera acreditado que los acusados actuaron coordinadamente para obtener beneficios de contratos públicos durante la emergencia sanitaria, aunque diferencia la responsabilidad de cada uno. En el caso del conseguidor, Víctor de Aldama, el alto tribunal aplica la atenuante muy cualificada de colaboración con la justicia con una reducción muy significativa de las consecuencias penales.En esta decisión, es importante tener en cuenta que la sentencia ha sido adoptada por unanimidad, lo que refuerza la decisión de que ésta haya sido implacable ante la gravedad de los hechos que se han juzgado, en un contexto que conviene recordar y, sobre todo, empatizar con las víctimas. Desde que se conociera la sentencia, es triste ver cómo el debate público tiende a centrarse en si la condena impuesta a José Luis Ábalos es excesiva o no; para opinar no basta con escuchar un titular, desde el máximo respeto, recomiendo leer a fondo la sentencia y reflexionar sobre los hechos sucedidos; será entonces cuando se pueda abrir esa conversación.Esa discusión puede hacer que olvidemos algo esencial: el momento histórico en el que se produjeron los hechos que se juzgan. España atravesaba una de las mayores tragedias de su historia reciente. Más de 146.000 personas fallecieron por la COVID-19 según los datos acumulados oficiales. Hubo jornadas con centenares e incluso miles de fallecidos. Los hospitales estaban bajo una presión insoportable, la economía se desplomaba y millones de ciudadanos permanecían confinados en sus hogares. En aquellos meses las mascarillas eran un bien escaso. Llegaban con dificultad, se pagaban a precios disparados y muchas personas intentaban alargar su uso más de lo recomendable porque simplemente no podían acceder a otras. Mientras la población vivía con miedo, incertidumbre y sacrificios sin precedentes, la sentencia sostiene que determinadas personas aprovecharon aquella situación para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos vinculados a material sanitario. Por eso resulta tan relevante el papel de quienes ocupaban responsabilidades institucionales.No hablamos de funcionarios de segundo nivel ni de actores marginales. Hablamos de quien fue ministro de Transportes, secretario de Organización del PSOE y una de las figuras políticas más poderosas del entorno de Pedro Sánchez. Un dirigente situado en el corazón mismo del poder, un poder que otorgan los ciudadanos para servir al país y no servirse del país, y, mucho menos, de una pandemia letal.La gravedad política del asunto aumenta al recordar que Ábalos formó parte del núcleo de confianza del presidente durante los momentos más delicados del Covid-19. La ciudadanía confiaba en él, esperaba gestión, transparencia y protección. Si quienes tenían la obligación de servir al interés general utilizaron su posición para fines particulares, el reproche social y político debe ser proporcional a la responsabilidad que ostentaban. Tampoco puede obviarse la responsabilidad política. En julio de 2021, Pedro Sánchez ejecutó una profunda remodelación del Gobierno y apartó a Ábalos del Ejecutivo sin ofrecer una explicación detallada sobre las razones de aquella decisión. Desde entonces, las informaciones periodísticas y los movimientos internos del partido alimentaron las sospechas hasta desembocar en los hechos que hoy conocemos. La pregunta sigue siendo legítima: ¿cómo es posible que una persona que ocupó posiciones tan relevantes llegara tan lejos sin que nadie asumiera responsabilidades políticas por haberla situado allí? La colaboración con la justicia de otros implicados puede explicar diferencias de tratamiento penal. Pero la cuestión de fondo sigue siendo la misma: cuando una sociedad atraviesa una tragedia colectiva, la exigencia ética hacia sus gobernantes debe alcanzar el máximo nivel.Por eso esta no es únicamente una discusión sobre años de condena. Es una discusión sobre ejemplaridad, pero, sobre todo, de hacer justicia. Sobre la obligación de proteger los recursos públicos precisamente cuando los ciudadanos más los necesitan. Sobre la confianza depositada en quienes gestionan el poder otorgado -insisto- para servir al país. Y sobre el mensaje que recibe la sociedad cuando se juzgan conductas presuntamente cometidas en medio de una emergencia sanitaria que marcó para siempre la vida de millones de personas.La sentencia “considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y ADIF a una empresa vinculada a Aldama, la remuneración mensual de 10.000 euros para 'gastos fijos' de Ábalos, la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas, el pago del piso a una de ellas, el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid, y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos”. El tribunal destaca, en su comunicado, “el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción, que socava la arquitectura democrática del Estado”.La historia recordará aquellos meses por el dolor, las pérdidas y el sacrificio colectivo. Precisamente, por eso, cualquier utilización del sufrimiento común para obtener ventajas particulares merece el más severo reproche político, moral y, en su caso, judicial. Recuerdo: Más de 146.000 muertos en nuestros en una pandemia que paralizó el mundo, mientras, se hacía negocio con el bien más preciado y cuyo fin era salvar la vida…