Una oficial administrativa se enfrenta a una pena de cuatro años y seis meses de prisión acusada de un delito de apropiación indebida por desviar un total de 63.589,62 euros de varias comunidades de propietarios en Las Palmas de Gran Canaria. Así lo ha solicitado la Fiscalía Provincial de Las Palmas que alega que la acusada llegó a realizar un total de 31 transferencias desde las cuentas de las comunidades a sus cuentas personales entre junio de 2023 y septiembre de 2024. La mujer habría aprovechado su puesto en una empresa para transferir los fondos a tres cuentas bancarias de su propiedad, colocando como concepto de los movimientos el nombre de empresas que prestaban servicios habituales a los edificios afectados... Ver Más