El 65,6% de las personas que sufren discriminación o delitos de odio en España no llega a denunciar los hechos ante la justicia. El racismo es la forma de discriminación más frecuente (56,8%), seguido de la xenofobia (26,5%). El ámbito laboral concentra el mayor número de incidentes registrados (30,3%), por delante del espacio público (25%). Entre los tipos de incidentes documentados destacan la denegación de atención (30,3%), la agresión verbal (22,7%) y la denegación laboral (19,7%).Son datos que revela un informe presentado por Diaconía en Jerez, basado en los 169 casos atendidos por el programa Sin Etiquetas, Sin Odio entre enero de 2024 y diciembre de 2025. La investigación, presentada en la jornada Evidencias frente al odio: datos, discursos y convivencia intercultural celebrada en el Campus de Jerez de la Universidad de Cádiz, alerta de las barreras que siguen dificultando el acceso a la justicia para las víctimas."Cuando las víctimas no denuncian, los casos permanecen invisibles"Detrás de la elevada infradenuncia se encuentran factores como el desconocimiento de los derechos, las barreras lingüísticas, la desconfianza institucional y la falta de servicios especializados de acompañamiento y mediación intercultural.Cristina D'Avolio Antón, coordinadora del programa, lo resume con claridad: "La infradenuncia sigue siendo uno de los principales obstáculos para combatir eficazmente la discriminación y los delitos de odio. Cuando las víctimas no denuncian, los casos permanecen invisibles y las respuestas institucionales resultan insuficientes".La regularización de migrantes divide a las redesEl segundo estudio presentado por Diaconía analizó la conversación en la red social X en torno a la regularización extraordinaria de personas migrantes, identificando 345 publicaciones contrarias a la medida frente a 288 favorables, una diferencia relativamente pequeña que refleja "dos bloques enfrentados con visiones muy distintas sobre la inmigración y el papel del Estado".Gran parte de los mensajes contrarios no se dirigen únicamente hacia las personas migrantes, sino también hacia las instituciones, partidos y organizaciones que defienden la medida, presentándola como "una amenaza para la seguridad, los servicios públicos o el orden social". En cambio, quienes apoyan la regularización fundamentan sus argumentos en la defensa de los derechos humanos, la inclusión social y la igualdad de oportunidades.El estudio detecta además una diferencia significativa en la forma de comunicar: mientras los mensajes favorables suelen ser directos, una parte importante de los contrarios recurre al humor, la ironía, los memes o el sarcasmo para transmitir críticas o reforzar estereotipos.La jornada contó con la participación de Siham Zebda Morabet, investigadora del Laboratorio de Inmigración, Interculturalidad e Inclusión Social (Lab3in) de la Universidad de Cádiz, y de Almudena Salinas, Fiscal Delegada Provincial de Delitos de Odio y Contra la Discriminación de Cádiz.