La Junta de Andalucía impulsará una ley específica contra las agresiones a profesionales del sistema sanitario. Así lo ha anunciado el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante la reunión del Pleno del Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.La futura norma será, según ha avanzado Sanz, “la primera iniciativa parlamentaria que tramitaremos desde la Consejería cuando se inicie el periodo de sesiones”. El consejero ha defendido que esta ley debe permitir “una respuesta rápida, eficaz y de efecto disuasorio ante las agresiones a nuestros profesionales”.La ley incluirá un régimen sancionador específico orientado a proteger a quienes trabajan en el sistema sanitario público andaluz. Según ha detallado el consejero, se contemplarán distintas conductas, desde la agresión verbal —insultos o vejaciones— hasta las amenazas, coacciones, agresiones físicas y ataques a través de medios digitales o redes sociales.Multas de hasta 60.000 euros y medidas complementariasAntonio Sanz ha explicado que las sanciones se regularán en función de si se trata de infracciones leves o graves y podrán alcanzar hasta los 60.000 euros. Además, la futura ley incorporará medidas complementarias para reforzar la protección de los profesionales. Entre esas medidas figuran la restricción o el condicionamiento del acceso a centros sanitarios, el cambio de centro o de profesional asignado al agresor y la coordinación con las posibles medidas judiciales que pudieran adoptarse en cada caso.El consejero ha defendido que esta iniciativa supone “una demostración de nuestro claro compromiso de ser contundentes y de plantear una auténtica batalla frente a las agresiones a los profesionales del sistema sanitario público andaluz. Es lo que merecen nuestros profesionales para sentirse apoyados”. Sanz ha recordado que el Gobierno andaluz viene desarrollando distintas actuaciones en el marco del Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, con medidas de formación para los profesionales, campañas de comunicación y concienciación en los centros sanitarios e información dirigida a los usuarios.anuncia una ley contra las agresiones a sanitarios tras casi 2.000 casos en 2025- También ha destacado la implantación del interlocutor sanitario, que realiza seguimiento de la evolución de las agresiones en las provincias, y la incorporación del profesional guía en todos los distritos, áreas de gestión sanitaria y hospitales. Esta figura se encarga de identificar situaciones conflictivas, organizar actuaciones colectivas y ofrecer acompañamiento y apoyo a los trabajadores que sufren una agresión.En la atención a la víctima, el consejero en funciones ha recordado que el profesional agredido, ya sea física o verbalmente, recibe apoyo psicológico y asistencia jurídica. En 2025, los letrados del SAS realizaron 195 asistencias letradas, de las que 33 fueron tipificadas como delito de atentado.Casi 2.000 agresiones en 2025 y más inversión en seguridadLa Junta ha reforzado además la presencia de vigilantes de seguridad en los centros considerados más conflictivos. En materia de dispositivos, los centros sanitarios andaluces cuentan con más de 50.000 elementos de seguridad, entre cámaras, dispositivos de aviso en consultas y alarmas individuales. Antonio Sanz ha señalado que la inversión en seguridad ha aumentado un 60,7% en los últimos cinco años, al pasar de 37 millones de euros en 2020 a cerca de 60 millones en 2025.El consejero también ha puesto en valor el refuerzo de la Unidad Sócrates, el Servicio Operativo Contra las Reiteradas Agresiones a Trabajadores y Especialistas Sanitarios, gracias al reciente incremento de plantilla de la Policía Adscrita. Desde su puesta en marcha, esta unidad ha realizado ya 694 entrevistas con directores y responsables de centros sanitarios, además de contactos con vigilantes de seguridad y actuaciones preventivas ante situaciones de riesgo detectadas.Un consultorio del SAS en una zona rural.-MANU GARCÍADurante la reunión del Observatorio se han analizado los datos de 2025, año en el que se registraron 1.976 agresiones a profesionales sanitarios en Andalucía. De ellas, 387 fueron agresiones físicas y 1.589 no físicas. Sanz ha afirmado que son datos “que nos preocupan y que reflejan un problema que afecta a Andalucía y al conjunto de comunidades autónomas”. En España se contabilizaron 18.563 agresiones durante 2025. La tasa de incidencia en Andalucía fue de 15,41 notificaciones por cada 1.000 profesionales, nueve puntos por debajo de la tasa del Sistema Nacional de Salud, situada en 24,37.En Andalucía, el 74% de las agresiones se produjeron sobre mujeres y el 26% sobre hombres. También se ha detectado un aumento de las agresiones cometidas por personas con patologías mentales o deterioro cognitivo. En Atención Primaria, el 52% de las agresiones se relacionaron con demandas del usuario. En el ámbito hospitalario, la causa más frecuente fue también la demanda del usuario, con un 22%, seguida del desacuerdo con el trato del profesional, con un 21%.El Hospital Regional de Málaga.- Respecto al lugar donde se producen los incidentes, el 33% de las agresiones en Atención Primaria tuvo lugar en la consulta médica, mientras que el 24% de las agresiones en hospitales se registró en la habitación del paciente. Por provincias, Sevilla encabezó la lista con 569 casos, seguida de Málaga, con 310; Cádiz, con 282; Granada, con 201; Almería, con 184; Córdoba, con 173; Jaén, con 162; y Huelva, con 95. En todas las provincias se produjo un aumento respecto a 2024, salvo en Cádiz, donde bajaron un 18%.El Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía se constituyó formalmente el pasado 5 de noviembre. En él están representados la Consejería, el SAS, la Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Andaluza, Guardia Civil, Policía Nacional, colegios profesionales y representantes sindicales.En el Pleno de hoy se han definido cinco grupos de trabajo para valorar los datos, diseñar estrategias e implementar medidas concretas. Serán los grupos Jurídico y de Protección Institucional; Evaluación, Conocimiento e Inteligencia; Sensibilización, Participación Comunitaria y Cultura del Buen Trato; Formación, Investigación e Innovación; y Ámbitos Asistenciales y Colectivos Específicos.